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«Los menores que estén en Cantabria van a estar protegidos, porque no son fardos: tienen que tener la debida protección, la debida adecuación, la ... debida protección sanitaria y todas las medidas oportunas para que se integren en la sociedad. No les vamos a abandonar». Así de contundente se mostró este lunes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, al referirse a las medidas que tiene previsto adoptar el Ejecutivo regional ante el anunciado reparto de menas entre las comunidades. «El Gobierno de Cantabria va a cumplir con la legalidad, pero eso no quiere decir que no se pueda cuestionar esa legalidad, o que no se pueda recurrir», aclaró. De hecho, anunció la inminente presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece la obligatoriedad del reparto de menores emigrantes entre las comunidades autónomas.
Gómez del Río respondió de este modo en el pleno del Parlamento a la interpelación presentada por Vox, advirtiendo de que «Cantabria es solidaria, pero dentro de la capacidad de sus servicios de protección», y criticando al «Gobierno del señor Sánchez», al que acusó de «mercadear con los niños extranjeros, cediendo al chantaje del independentismo para aferrarse al poder».
El Parlamento rechazó, con los votos de PP y Vox, y el del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, la propuesta socialista de hacer del túnel de La Engaña, construido entre 1941 y 1959 en el marco del ferrocarril Santander-Mediterráneo y en el que trabajaron presos republicanos durante el franquismo, un lugar de memoria democrática. El portavoz del PSOE, Mario Iglesias, pidió la colocación de una placa en la boca norte del túnel y también que los paneles que se instalen en la estación de Yera cuando se habilite como centro de visitantes, expliquen el papel que tuvieron los presos republicanos en la obra.
Frente a ello, PP y Vox criticaron la iniciativa socialista que, como dijo el popular Íñigo Fernández, pretende «lo de siempre: ir al pasado, a la Guerra Civil, reabrir heridas y volver a los bandos».
Previamente, la portavoz del Vox, Leticia Díaz, había recordado que el pasado mes de marzo la Cámara aprobó promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menas en Cantabria con sus familias o, en caso de que éstas no pudieran hacerse cargo, de la asunción de su tutela por parte de los servicios de protección al menor de sus respectivos países de origen. «Defendemos que la solución a esta crisis no pasa por repartir a los menas por todo el territorio nacional como si fueran paquetes. La solución es la que aprobamos aquí: que regresen a sus países de origen con sus familias. ¿Acaso no es lo que haríamos si un menor español estuviera abandonado en Marruecos o en Senegal? Exigimos lo mismo, que se le devuelva a su familia».
«El Gobierno de Cantabria es y será solidario, pero dentro de la capacidad que tienen sus servicios de protección, sin ponerlos en riesgo», subrayó la consejera, añadiendo que el Ejecutivo va a defender sus competencias y a reclamar financiación para atender a estos menores.
«Seremos muy escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad y seremos muy activos defendiendo no sólo ante el Tribunal Constitucional, sino ante todos los tribunales, todas las actuaciones que entendemos que vulneran el ordenamiento jurídico. Porque nosotros, en Cantabria, sí creemos en la separación de poderes», sentenció.
Reconoció que existe «mucha confusión» sobre el tema, y aunque dijo desconocer «cuál es el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Sánchez con Junts», sí que aclaró que el real decreto ley no determina «ningún tipo de número» en ese reparto de menas, y aseguró que no sabe «de dónde sacan» la cifra de 170 menores que supuestamente corresponderían a Cantabria.
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