Los miembros del Consejo Económico y Social no cobrarán sueldo ni dietas

Así, incrementa la participación de la sociedad civil con más miembros de otros colectivos sociales y configura un órgano austero en el gasto, sin presupuesto propio y con una estructura dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia. Además de las centrales sindicales y la patronal cántabra, se incorporarán al nuevo Consejo representantes de colegios profesionales, trabajadores autónomos, asociaciones agrarias y sindicatos con menor representatividad, dando cauce a la participación de otros sectores sociales. Ninguno de ellos tendrá derecho a compensación económica, con excepción de la persona que desempeñe la presidencia, que percibirá exclusivamente por las labores de representación. Tampoco tendrá más personal que un secretario y los gastos dependerán directamente de Presidencia.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, señaló que el Gobierno da efectivo cumplimiento a la resolución del Parlamento de 2016 de restituir este órgano «con una serie de condiciones» con el objetivo de para facilitar la participación de la ciudadanía en la vida social y económica de Cantabria. A su juicio, la supresión del órgano en 2012, dentro de las medidas contempladas en el Plan de Sostenibilidad del anterior Gobierno del PP, supuso un «grave retroceso» en las políticas de participación y en la «calidad democrática» de Cantabria. «Ahora recuperamos un órgano de participación y de diálogo social en Cantabria que nunca se debió suprimir con el pretexto de reducir el gasto», remarcó.

El PP decidió echar el cierre al CES después de que la institución se viera envuelta en el la polémica por los gastos de representación de su máximo responsable, Pablo Coto Millán, hoy decano de Económicas, cargo del que fue cesado en noviembre de 2010 después de que la oposición hiciera públicos los libros de cuentas de ese organismo que mostraban el gasto de dinero público en comidas y bebidas. Sólo durante 2008 destinó 32.000 euros públicos en comidas y alcohol y 65.000 euros en viajes. El caso llegó a la Fiscalía y fue archivado.

Superada esta polémica etapa, el Gobierno quiere un organismo, además de austero, mucho más plural y con mayor participación ciudadana. Por ello, ha elaborado un proyecto de Ley que tiene en cuenta la experiencia anterior y que ha asumido las aportaciones de diversos colectivos que comparte el propio Ejecutivo de impulsar la participación desde una estructura más flexible y austera.

El número de miembros del Pleno es ligeramente superior (29) al anterior (25) para poder dar participación a otros agentes representativos de varios sectores sociales. Precisamente, para dar voz a todo tipo de colectivos se potencian las Comisiones de Trabajo, abriéndose a las organizaciones sectoriales. Seis miembros serán personas expertas en materias propias del Consejo, de los que al menos uno representará a la Universidad de Cantabria y otro a la Federación de Municipios de Cantabria. Otro grupo de seis miembros serán representantes de las organizaciones sindicales más representativas y seis más corresponden a las organizaciones empresariales más representativas.

El último de los grupos estará formado por diez componentes, representativos de diversos sectores, así como de la economía social.

En materia de Obras Públicas y Vivienda el Gobierno ha aprobado la adenda al convenio por el que se formaliza el encargo a Gesvican de la realización de estudios y trabajos técnicos de carácter inmaterial en el puerto de Laredo y otros puertos de Cantabria, por importe de 116.676 euros.

En el área de Economía, Hacienda y Empleo el Gobierno ha aprobado disponer una cuantía de 250.000 euros a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para financiar el coste del servicio de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Comunidad autónoma.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado la celebración de un convenio con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para el intercambio de datos a efectos del control de subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios en la Comunidad Autónoma.

Y se han aprobados dos convenios con ganaderos para el testaje de sementales de razas tudanca y monchina.

En Innovación, Industria, Turismo y Comercio se ha aprobado la adjudicación de una licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisivo en el ámbito local de la demarcación denominada Reinosa, a la empresa OCIOBESAYA S.L.

El Ejecutivo también ha aprobado el Decreto de creación y regulación del funcionamiento de la Red de apoyo a las personas y familias en situación de emergencia social en la comunidad autónoma; y otro por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades locales de Cantabria y a la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña, Pas, Miera para la ejecución de proyectos seleccionados en el marco del Plan de Impulso de Medio Ambiente 'Pima residuos 2017', por valor total de 124.437 euros.

Las subvenciones se reparten entre siete ayuntamientos, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles y la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña, Pas, Miera.

En Sanidad se ha autorizado la prórroga del contrato de servicios para el mantenimiento integral de la plataforma tecnológica del centro coordinador de urgencias 061 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud por una duración de doce meses y un importe de 65.340 euros.