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Cantabria va a cerrar el año con más de 1.100 personas a la espera de que se les confirme si tienen derecho o no a la prestación de la ley de dependencia. El dato, inferior al acumulado este verano, se recoge en las últimas ... estadísticas del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), recién publicadas, que cifra en 21.515 los dependientes con derecho a alguna de las ayudas contempladas en el sistema, con un porcentaje mayor de mujeres (suman 13.535) que de hombres (7.980). No obstante, de todos ellos constan 556 que aún tienen pendiente la resolución de su expediente -lo que se conoce como PIA-, a los que hay que añadir los 574 que aún están en la fase previa, sin haber llegado a la valoración de su grado de dependencia.
De los 20.995 que sí tienen resuelto el expediente, las estadísticas del Icass reflejan que están recibiendo la prestación que les corresponde (en algunos casos más de una) un total de 17.397 cántabros, lo que implica que hay más de 3.500 incluidos en la bolsa de renuncias y desistimientos, bien porque no están conformes con el recurso asignado o porque no han llegado a completar la documentación en plazo. En lo que Política Social identifica como lista de espera oficial constan 36 personas, pero no se incluyen ahí los que siguen pendientes de acceder al recurso que les interesa por proximidad a su entorno familiar o por las condiciones que les brinda un centro en concreto. Esas personas están esperando, pero puesto que dispondrían de una plaza en otro destino que han rechazado ya salen del recuento.
8.953 personas reciben la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar.
3.017 usuarios tiene registrados el servicio de teleasistencia del Gobierno de Cantabria.
5.118 dependientes tienen adjudicada una plaza concertada en residencias de la región.
2.153 mayores acuden a los centros de día, frente a los 1.798 que lo hacían hace justo un año.
En este sentido, este año Cantabria ha incorporado la prestación económica vinculada al servicio, con larga experiencia en otras comunidades como Madrid o Castilla y León, de la que se benefician en la actualidad 119 personas, de ellas 104 en el área de Santander (el resto se reparte así: una en Laredo, tres en Reinosa y once en Torrelavega).
¿En qué consiste? En síntesis, en que la Administración sufraga parte de los gastos del servicio que necesita el dependiente y que se le proporciona por la vía privada, cuando no está disponible en la red pública. Por ejemplo, si un beneficiario de la ley de dependencia tiene derecho a una plaza en una residencia pero en ese momento no hay plazas concertadas, esta nueva prestación da la posibilidad de acceder a una plaza privada en ese mismo centro pagando el Gobierno parte del gasto que supone. Y lo mismo si se requiere asistencia a domicilio pero el único servicio próximo es de carácter privado. El usuario lo contrata y después puede reclamar el coste con la correspondiente factura.
El informe de situación señala que más de la mitad de los dependientes recibe una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar (8.953), hay 5.118 que tienen asignada una plaza concertada en residencias, 2.153 que acuden a centros de día, 3.017 apuntados a la teleasistencia y 1.318 acogidos al servicio de ayuda a domicilio.
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