El Ministerio achaca el retraso en los planes turísticos a la «falta de acuerdo» entre Consejería y municipios

La Consejería de Turismo aseguraba que ninguno de los quince planes cumplía los plazos. Madrid va algo más lejos. Aunque no detalla la situación en cada caso, sí da cifras. Por años. Los que recibieron el visto bueno en 2021 (Santander, Noja, Saja-Nansa y San Vicente) deberían tener ejecutado el 50% de los proyectos previstos. A 30 de enero andaban, de media, en un 29,11%. A los de 2022 (Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Arnuero, Suances y Torrelavega) les tocaría tener hecho el 30% como mínimo. Pero están –cifra media– al 14,20%. Y el mínimo del 15% exigido a los de 2023 (Castro, Medio Cudeyo, Santillana, Valderredible y Mancomunidad Los Valles) es, en la práctica, un 2,57%. Son medias –unos están por encima del resultado y otros por debajo–, pero la Secretaría de Turismo confirma que ninguno alcanza el nivel exigido. Y, visto lo visto, parece que, además, se quedan lejos.

Desde el Ministerio indican que el 8 y el 21 de noviembre se celebraron dos comisiones bilaterales donde se comprobaron problemas de ejecución y, «más preocupante» –señalan–, falta de acuerdo entre Gobierno autonómico y entidades locales «para llevar a cabo modificaciones o lanzar otras propuestas y mecanismos para acelerar la ejecución» de los planes.

El 25 y 26 de ese mismo mes, la Secretaría de Estado participó en unas comisiones de seguimiento (normalmente solo participan Gobierno autonómico y entidades locales, indican) «para poder acelerar algunas modificaciones». A la vista de todo esto, fuentes de este organismo confirman a El Diario Montañés que «la situación de los planes de Cantabria es muy complicada, en algunos casos por falta de entendimiento entre los técnicos de la comunidad y los representantes de las entidades locales y, en otros, porque los ayuntamientos tienen muy poco músculo administrativo para ejecutar».

Señalan eso y lanzan un recordatorio: que «los gobiernos autonómicos son coordinadores de su Plan Territorial, con esa responsabilidad para que las actuaciones se ejecuten».

¿Qué han dicho durante estos días desde la Consejería del Ejecutivo regional? Pues que seguían «trabajando de forma estrecha y colaborativa con todos los ayuntamientos y mancomunidades implicados». Lo decía el pasado viernes la recién nombrada directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz.

Saiz incidía en lo mismo que pidió días atrás el consejero Luis Martínez Abad. «Un esfuerzo para poder sacar adelante los proyectos». Más allá de insistir en que la consecución de los objetivos «es fundamental y prioritaria», la directora general destacaba que, «si bien es cierto que la ejecución de los planes es responsabilidad última de los ayuntamientos, desde la Dirección General de Turismo siempre se les ha prestado todo el apoyo y asesoramiento técnico necesario dada la complejidad de la tramitación de este tipo de ayudas procedentes de fondos europeos». «Nuestro propósito –concluía– es que puedan llegar a tiempo y concluir las acciones de sus planes, y en esa línea de colaboración se continuará trabajando desde esta Dirección General».

En resumen, versiones contradictorias en cuanto a la 'sintonía' entre el Ejecutivo autonómico y los municipios y, eso sí, unanimidad en cuanto a las dificultades administrativas a las que se enfrentan los ayuntamientos. No es nuevo. «Carecemos de recursos humanos suficientes al contar tan solo con una secretaria e interventora, que tiene que lidiar con toda la burocracia que se exige desde Europa», explicaba hace poco el alcalde de Valderredible. En Santillana, por ejemplo, han aprobado remunerar a tres funcionarios con un plus de productividad por encargarse de la gerencia del plan. Y en la Mancomunidad Saja-Nansa (a la que señalaban desde el Gobierno en su nota) ayer mismo enviaron un informe a todos los ayuntamientos sobre el estado de sus proyectos.