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El Ministerio de Sanidad, en contra de lo esperado, ha aplazado el debate sobre la retirada de las mascarillas en espacios interiores, que puso sobre ... la mesa el propio presidente, Pedro Sánchez. Su titular, Carolina Darias, anunció que la cuestión se abordará a través de la Ponencia de Alertas, y a partir de ahí se trasladará a la Comisión de Salud Pública y, posteriormente, al Consejo Interterritorial. Las jornadas del Sistema Nacional de Salud sobre Vigilancia en Salud Pública, celebradas en Zaragoza, y que contaron con la participación de las comunidades, concluyeron con el acuerdo de iniciar un cambio progresivo en la vigilancia de la salud pública que también variará los criterios para enfrentarse al covid: en las próximas semanas, España entrará en un periodo de transición en el que la vigilancia se centrará sobre todo en los casos más graves y vulnerables, y no como hasta ahora, que se extiende a toda la población. Todo ello conducirá al nuevo sistema centinela, similar al que se emplea con la gripe, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2023.
Al término del encuentro, la ministra se limitó a reconocer que la retirada de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores «está cada vez más cerca», gracias a la evolución a la baja de la pandemia.
«Es verdad que todo apunta que el cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo», explicó.
Darias indicó que por el momento se sigue discutiendo la manera de abordar la retirada de la mascarilla en espacios interiores. «Tenemos que ponernos de acuerdo no solo en el cuándo sino también en el cómo. Cuando eso se produzca ya lo daremos a conocer», añadió.
Lo cierto es que entre las distintas regiones hay disparidad de criterios sobre el fin de las mascarillas, y solo la Comunidad de Madrid ha pedido abiertamente que se retire esta medida en ciertos ámbitos, una postura que Andalucía se ha abierto a valorar para aplicarla de manera gradual. Otros gobiernos regionales, como los del País Vasco y Extremadura rechazan suprimir la medida si previamente no se ha alcanzando un consenso. Cantabria, como otras autonomías, ha evitado sumarse a uno de los dos bandos, y apela a los criterios técnicos. El propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla, explicaba a este periódico que han de ser «los expertos de Sanidad» quienes tengan «la última palabra». «Si es cierto que la mascarilla pierde su utilidad contra el virus en esta fase de la pandemia, entonces resulta lógico prescindir de ella, pero si dicen todo lo contrario habrá que hacerles caso igualmente».
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Tampoco aclaró su postura el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien se limitó a recordar que es el Ministerio de Sanidad quien tiene la competencia para regular el uso de la mascarilla.
Mientras tanto, el Congreso de los Diputados rechazó este jueves, con 283 votos en contra, 9 a favor y 47 abstenciones, la enmienda a la totalidad de Ciudadanos (Cs) al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, que planteaba, entre otras medidas, la eliminación de las mascarillas en interiores.
Durante su debate, la propuesta de la formación naranja se encontró con muchas críticas por parte del resto de partidos, sobre todo porque consideran que la retirada de las mascarillas en interiores debe realizarse por parte de las autoridades sanitarias. Por ello, acusaron a Ciudadanos de actuar con oportunismo.
El uso de la mascarilla en espacios cerrados no ha dejado de ser obligatorio desde el 21 de mayo de 2020, pero la mejora de la situación sanitaria puede poner fin a esta norma. Así lo adelantó Pedro Sánchez esta misma semana, aunque matizó que debería ser el Ministerio de Sanidad quien decidiera en qué momento debe hacerse.
Semanas atrás, la Asociación Española de Pediatría hacía pública su postura favorable a la retirada progresiva de las mascarillas en las aulas, e incluso presentó un calendario para realizarla, que debería haberse iniciado a finales del mes pasado con los cursos de primero y segundo de Primaria, y que concluiría el 9 de mayo al alcanzar a los alumnos de Bachillerato. Esa actuación escalonada permitiría, según los especialistas, analizar el efecto y comprobar si provocaba un aumento en el número de contagios.
Algunas regiones, como Cataluña, abogan por ensayar la supresión de los cubrebocas en colegios e institutos como paso previo a su extensión a la población general, tanto por el menor riesgo de los niños a la infección, como porque los más pequeños han podido ver perjudicado su aprendizaje durante estos dos años de convivencia con el virus.
En cualquier caso, no parece muy probable que los ciudadanos puedan prescindir de la mascarilla en espacios cerrados antes de la Semana Santa. De hecho, muchos expertos sanitarios consideran más apropiado esperar a que hayan finalizado las fiestas antes de que el uso de las mascarillas pase de ser obligatorio a recomendable, teniendo en cuenta el incremento de la movilidad que se prevé a mediados del mes de abril.
Sanidad y comunidades sí alcanzaron un pacto respecto al cambio paulatino en la vigilancia de la salud pública y al covid. En una primera fase se mantendrá un sistema de vigilancia capaz de advertir aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal. Seguirán realizándose PCR y test, pero los datos que marcarán las decisiones de las administraciones sanitarias (las restricciones, por ejemplo) se basarán más en los casos graves y las hospitalizaciones que en la incidencia acumulada o en los números globales de contagios.
En la segunda etapa, dentro de un año, sí habrá variaciones significativas. Se pondrá en marcha el sistema centinela, similar al utilizado para detectar los brotes de gripe, que funciona a través de la selección de una muestra representativa de ciudadanos (por edad, sexo, por lugar de residencia urbano o rural). Los datos recopilados entre este conjunto de población por los profesionales de Atención Primaria permitirán vigilar el desarrollo tanto de infecciones leves como de graves y explosiones de contagios.
Las bases de este nuevo sistema de vigilancia quedaron marcadas por la Declaración de Zaragoza, un documento firmado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades. La ministra Carolina Darias incidió en que el nuevo sistema «fortalecerá la vigilancia en salud pública» y contará «con fondos suficientes», además de que aumentará la coordinación entre las comunidades. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, añadió que «es una vigilancia más sostenible en el tiempo y más eficiente». «Puede aportar una información de gran valor de la evolución de las infecciones y cuáles son los patrones de la enfermedad grave», subrayó.
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