El Ministerio concede prórrogas por solo 5 años a los ganaderos afectados por la Ley de Costas

Según explicó José Luis Thomas, presidente de la Sociedad de las Marismas de Carasa, y también de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, la llegada del PSOE al Gobierno de España supuso la paralización de los expedientes de prórrogas, que han comenzado a resolverse una vez se ha modificado la legislación. Así, se da el caso de otras explotaciones ganaderas vecinas en idéntica situación que han visto ampliada la concesión por esos 75 años –como también se han aprobado prórrogas por medio siglo e incluso más para los campos de golf de Oyambre y Abra del Pas y el restaurante Cormorán (ahora El Serbal), en Santander–, mientras a ellos se les limita a un periodo de cinco que el Ministerio podría aumentar a otros diez.

Esta resolución ministerial, que les fue comunicada la pasada semana, afecta a doce explotaciones ganaderas radicadas en la zona, que llevan años pleiteando para asegurar el futuro de su actividad: en 2020 recurrieron a la Audiencia Nacional, una vez transcurridos dos años de su solicitud de prórroga, que no recibió contestación por parte del Ministerio. Tras perder, recurrieron ante el Supremo, que reconoció su derecho a la prolongación de la concesión, siempre sujeta a informes de impacto ambiental. Tanto la Junta Vecinal de Carasa como el Ayuntamiento de Junta de Voto y la propia Consejería, a través de la Dirección General de Biodiversidad, emitieron informes favorables, con lo que el Ministerio debía iniciar el proceso de concesión de la prórroga, como explicó Thomas. «Pero hace unos días nos llega la resolución del Ministerio diciendo que sí nos iban a prorrogar la concesión, pero no por 75 años: nos dicen que sólo tenemos derecho a cinco años, prorrogables, si al Ministerio le parece oportuno, por otros diez. Es una persecución política por parte de Teresa Ribera a Cantabria, lo mismo que está sucediendo con el tema del lobo: a nosotros nos ha enfilado y nos está negando el pan y la sal con arbitrariedad».

Por su parte, el consejero Pablo Palencia reconoció su «preocupación» y adelantó que el Gobierno «apoyará en la medida de lo posible a estos perjudicados, para que puedan continuar con su trabajo con normalidad, y no estar siempre con la preocupación de que sean las Administraciones las que estén siempre poniendo problemas a su actividad».

Admitió que «hay que cumplir y acatar la normativa», pero se mostró dispuesto a revisarla con los «expertos jurídicos» en busca de «una solución justa que no signifique un problema tremendo ni un frenazo al desarrollo del sector primario y a una actividad tan importante para Cantabria».