El Ministerio frustra el recurso de los taxistas y desbloquea el concurso de las ambulancias

Esta resolución zanja la polémica con la que a finales del pasado junio los taxistas propusieron modificar las condiciones del pliego para diferenciar el transporte urgente del que no lo es para optar a una parte del contrato en ciernes. Precisamente la que corresponde a los traslados que no precisen asistencia medicalizada (transporte complementario o no urgente). Una aspiración que caldeó mucho los ánimos en el gremio del transporte sanitario, muy molesto por «este amago de intrusismo profesional».

La Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (contratante), estima que sendos servicios a concurso, el transporte urgente y el complementario, deben encargarse a la misma empresa, dado que «no se separan en lotes diferentes porque existe una única unidad que coordina el transporte sanitario en todas sus posibilidades». De esta manera se justifica que solo las firmas que puedan ofertar ambos servicios puedan optar al contrato. De hecho, el texto del Tribunal de recursos resuelve que «la división del concurso en lotes de servicios no es una obligación que pese sobre el órgano de contratación, sino todo lo contrario. Se trata de una posibilidad excepcional que éste podría utilizar».

«Hemos visto el documento y no comprendemos bien las razones de esta respuesta», denuncia Manu Andoni, presidente de la Federación Cántabra del Taxi. «Nadie nos está diciendo en esas seis páginas del documento del Tribunal de recursos que no tengamos la profesionalidad para desempeñar ese trabajo, y tampoco que nuestros vehículos no estén preparados para una labor que por otro lado ya realizamos de una manera u otra. Me refiero a cuando trasladamos pacientes que no precisan de una asistencia medicalizada. Hablo de una persona con muletas, por ejemplo», resuelve Andoni sobre una polémica con un largo recorrido, que comenzó con un intercambio de opiniones sin demasiada trascendencia y que explotó cuando se tradujo en la paralización del concurso con el recurso presentado por la Federación Cántabra del Taxi. Algo que indignó también a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (contratante), que reiteró en público y en privado que «los taxistas no tienen cabida en el transporte sanitario de ninguna de las maneras porque lo prohibe la propia normativa».

Desde ANEA –la agrupación que integra al 95,2% de las empresas de transporte sanitario del país– expresaron su «estupor», defendiendo que «no se detenga este proceso de adjudicación» al que se han presentado cinco ofertas. «Desde hace 30 años, velamos por la calidad en la atención a nuestros pacientes, por lo que creemos que nuestra labor no puede ser asumida por la de otros profesionales cuyo foco de negocio sea el transporte no sanitario», explicaron en nota de prensa.

Aclaran que «el transporte sanitario incluye los servicios de emergencia propiamente dichos pero también el traslado de pacientes para sesiones de hemodiálisis, radioterapia o rehabilitación que, por su condición, tienen necesidades especiales y el derecho a utilizar una ambulancia».

La relación de ofertas vuelve a ponerse sobre la mesa. Si las cinco licitadoras cumplen con los requisitos técnicos exigidos, la balanza se inclinará por la que ofrezca la oferta económica más ventajosa. El precio de partida son los 47,9 millones de euros (presupuesto máximo de licitación) que convierten este contrato en uno de los más importantes de la sanidad pública, con una subida del 25% respecto a la última adjudicación, que fue de 35,9 millones.