El Ministerio ve inconstitucionales las ayudas por alquilar en zonas despobladas

Por este motivo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido convocar la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y el Gobierno de Cantabria para tratar de solucionar las discrepancias. Así, el departamento que dirige el socialista Miquel Iceta ha acordado con el Servicio Jurídico regional poner en marcha las negociaciones y designar un grupo de trabajo específico para que proponga «la solución que proceda», tal y como recoge la resolución firmada el 7 de abril.

Respecto al primero de los puntos, desde la Consejería de Presidencia y Justicia precisan que Madrid ha puesto el foco únicamente en las deducciones -las que se aplican en el tramo autonómico del IRPF- a las personas que alquilan sus viviendas en aquellos municipios catalogados como en riesgo de despoblación.

Aprecia que se puede estar atentando contra el principio de «igualdad» fiscal. En cambio, no pone ningún problema con los incentivos que se han introducido para aquellos que deciden dejar la ciudad por el pueblo. Se centra en el arrendador y no en el arrendatario. Ya en 2020, la Consejería de Economía y Hacienda puso en marcha medidas de este tipo, pero entonces no hubo ninguna contestación.

El punto 14 -el otro en revisión- es el que introduce modificaciones en el Control Ambiental Integrado. Desde el 1 de enero han entrado en juego otros supuestos que determinan cuándo es o no necesaria. También se matizaron aspectos sobre los plazos y trámites que deben regir el proceso, los informes preceptivos para su aprobación, las consultas a las personas interesadas y la publicidad del resultado de dicha evaluación.

El Servicio Jurídico autonómico entiende que los dos cambios legales que cuestiona el Estado son perfectamente aplicables y no suponen ningún conflicto con otras normativas superiores ni afectan a las competencias de otras Administraciones. Es más, el Ejecutivo cántabro cree que la intención del Ministerio a la hora de convocar esta Comisión Bilateral no es tanto tirar de las orejas a la comunidad autónoma, sino ampliar información y resolver algunas dudas técnicas. Es por eso por lo que el equipo de Paula Fernández (PRC) está convencido de que Madrid no obligará a rectificar ni el asunto de las deducciones por alquilar en zonas rurales ni el que tiene que ver con la evaluación ambiental.

Ese es el escenario más probable, pero el asunto se podría torcer. En caso de que no haya una solución pactada, ambos gobiernos iniciarían un litigio que tendría que resolver en última instancia el Tribunal Constitucional. Y si este da la razón al Ministerio, habría que ver qué consecuencias tiene, tanto en cuanto a la readaptación de la norma como sobre a los efectos prácticos que ha tenido en los meses que ha estado en vigor.