El Ministerio insiste en llevar Vuelta Ostrera a la isla de Solvay tras revisar todas las alegaciones

La determinación por parte del Gobierno central es firme, pero a la vez es el propio Ministerio para la Transición Ecológica el que podría poner alguna traba y enmendar la plana. En concreto, la Dirección General de Evaluación Ambiental, que tendrá la última palabra y que, salvo sorpresa mayúscula, dará su conformidad para empezar a poner fin a un conflicto que se inició en 2005, cuando el Tribunal Supremo confirmó que la actual estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera se había construido en dominio público marítimo-terrestre y debía ser derribada. Esta Dirección General ya tiene en su poder tanto el informe de impacto ambiental que debe revisar como la adenda, que se creó a raíz de recopilar los argumentos a favor y en contra de los afectados y que también se sometió a consultas.

Como recordó el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), todas las alegaciones se tienen en cuenta, pero no son vinculantes. Como el Ayuntamiento de Polanco, que previsiblemente será el más afectado por la circulación de camiones para la extracción de lodos o los olores a pesar de que la instalación se levantará en terrenos de Suances, el Ejecutivo autonómico nunca se mostró partidario de la isla de Solvay. Hoy mismo, Blanco tendrá ocasión de recordárselo a la ministra Ribera en una reunión que se celebrará en Madrid a partir de las 15.00 horas. De hecho, para los regionalistas la solución ideal sería buscar un mecanismo para legalizar la actual depuradora, algo que a estas alturas ya dan por imposible. Eso sí, exigen que la sentencia de derribo de Vuelta Ostrera 1 no se ejecute hasta que se levante y esté en pleno funcionamiento Vuelta Ostrera 2.

La Confederación Hidrológica y la Dirección General de Agua insisten en que aunque son ellos los que dirigen el proceso de decisión, sí se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por las partes. Y el ejemplo es que han dado como resultado modificaciones significativas en el proyecto definitivo.

La empresa química Solvay, propietaria de la isla, basaba su negativa a la ubicación en que la construcción de la nueva depuradora en estos terrenos «endebles» podía dañar los diques de contención que existen y provocar «un grave problema» ambiental y de seguridad para la comarca. Estos diques soportan grandes acumulaciones de materiales de origen industrial, depósitos de antiguas balsas de decantación de los líquidos residuales de la fabricación de carbonato sódico. La idea anterior ya había tenido en cuenta este hecho y por eso incluía una cimentación profunda mediante pilotes de todos los elementos de la EDAR. En el actual, para solventar esta situación, se da un paso más y se opta por colocar la depuradora fuera de la zona de diques, en los terrenos que no están afectados por esta contaminación. Además, por este mismo motivo, el edificio será -si sale adelante, como todo parece indicar- más pequeño y compacto.

Falta por saber si esta modificación de última hora supone también una modificación en el presupuesto de la obra, que asciende a alrededor de 111 millones de euros, incluyendo cerca de 40 millones para el emisario submarino y la construcción de un puente para que los camiones puedan llegar hasta la isla a recoger los lodos. El coste podría ser incluso inferior si finalmente no es necesario sacar de la isla los 300.000 metros cúbicos de tierra que figuraban en el anterior documento y que iban a ser retirados por un gestor autorizado por su potencial contaminante.

Desde el Ministerio señalan a este periódico que el expediente que está pendiente del 'OK' de Evaluación Ambiental «está bien tramitado y bien justificado» para salir adelante. «Creemos que ese es el camino y esperamos que haya un posicionamiento favorable. Es un tema importante y relevante para mucha gente, pero depende de la carga de trabajo que tengan los funcionarios. Lo lógico es que antes de finalizar el año hubiera un posicionamiento, pero es difícil saberlo», apuntan desde el Gobierno central, que insisten en que la decisión será puramente técnica y en ella no intervienen los políticos.

Además de Solvay, tampoco estarán conformes con esta solución en Polanco. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que invitan a la ministra Ribera a que conozca la zona, se han posicionado e incluso han anunciado movilizaciones si la depuradora se sitúa en este lugar, donde las viviendas más cercanas se encuentran a 300 metros. Su alcaldesa, Rosa Díaz, recordaba la pasada semana que en el anterior estudio de impacto ambiental, antes de las alegaciones y la adenda, la isla de Monti no era la primera opción desde el punto de vista de afecciones al ecosistema, sino la cuarta. Posteriormente se han modificado los criterios.

En cambio, como la mayoría de grupos ecologistas, el Ayuntamiento de Suances sí apoya esta alternativa. También ven con buenos ojos la isla de Monti desde Ciudadanos, que en el último pleno de la Cámara autonómica acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de «ocultar una decisión que ya está tomada» sobre Vuelta Ostrera por motivos «electoralistas» y también al bipartito PRC-PSOE de ser cómplice de este juego.