El Ministerio lleva al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria

Ha sido la portavoz del Gobierno central y ministra de Educación, Pilar Alegría, la que ha anunciado la decisión de interponer el recurso de inconstitucionalidad durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez da este paso después de que Cantabria haya declinado la invitación del Estado para abrir el procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar alcanzar un acuerdo, a través del diálogo, en la Comisión Bilateral de Cooperación. Es la segunda vez que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recurre la derogación de una ley de este tipo impulsada por una comunidad autónoma. Antes que Cantabria, también presentó recurso contra la norma de Aragón, apoyada también por PP y Vox, además del Partido Aragonesista. Ocurrió el pasado mes de mayo y el Constitucional solo tardó un mes en aceptar el recurso, aunque aún no se ha pronunciado sobre el fondo.

En el caso de Cantabria, el Gobierno de España considera que la nueva ley «no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica y deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal». En consecuencia, esta derogación en bloque, en opinión de los servicios jurídicos del Ministerio, «menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática nacional.

El Ejecutivo recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva en la materia y que las autonomías pueden hacer sus propias leyes, de forma subsidiaria, siempre que no vayan en contra de la primera. En el caso de la ley impulsada por PP y Vox en Cantabria -en este caso la iniciativa no partió del Gobierno de Buruaga, sino de los grupos-, ambos textos sí serían contrarios.

Además de lo que afecta a los derechos de las víctimas, el recurso también defiende que la derogación que hace el Parlamento de Cantabria de los contenidos curriculares y las actuaciones de formación del profesorado que sí recogía el texto del bipartito chocan también con la aplicación de la ley estatal.

«El mismo derecho que tuvo el Gobierno de Cantabria en 2021 para aprobar esta ley asiste a este Parlamento actual para derogarla. Es más, respaldado por los cántabros con su voto en 2023. Este recurso es un atropello más hacia Cantabria», entiende el diputado popular Íñigo Fernández, que entiende que este paso demuestra «una vez más los tics autoritarios del presidente Sánchez». Cabe recordar que otras comunidades autónomas, además de Cantabria y Aragón, también impulsaron derogaciones de leyes de memoria de ejecutivos autonómicos anteriores. Es el caso de Castilla y León y Baleares, aunque en ambos casos allí el PP ha dado marcha atrás -en el caso de las islas tras un acuerdo con los socialistas para no tocar la norma- tras romper los pactos con Vox.

Desde el PSOE, el líder regional, Pablo Zuloaga, ha recordado a la presidenta Buruaga que ya le advirtió que no se podía legislar en contra del Estado de derecho del país y que derogar la Ley de Memoria de Cantabria era un supuesto de inconstitucionalidad. El socialista apunta que su partido ha trabajado con el Ministerio en este asunto desde noviembre y que el propio ministro del área, Ángel Víctor Torres, ya avisó de las intenciones del Ejecutivo central y tender la mano al diálogo. «Estoy satisfecho de ver que Pedro Sánchez cumple sus compromisos con Cantabria y con una democracia plena. La democracia en Cantabria sufre cuando el PP legisla en beneficio de los intereses de unos pocos», ha dicho Zuloaga, que se ha sentido orgulloso de que el Estado actúe contra un «PP revisionista que añora al régimen».

También Izquierda Unida de Cantabria respalda y celebra la decisión. Su responsable de Memoria, República y Laicidad, Verónica C. Montero, lamenta que el PP pretenda suprimir "todas las medidas de protección de las víctimas, reparación y garantías de no repetición, que resultan coherentes con la Ley de Memoria Democrática estatal y que establecían las previsiones adecuadas para su desarrollo y ejecución”. IU ve en el acuerdo del Gobierno Central una oportunidad para “deshacer los impulsos del PP de abrazar las posiciones más antidemocráticas e inhumanas de la extrema derecha a la que están ligando su presente y futuro al aceptar sus imposiciones”.