El Ministerio paga ahora 6,2 millones por los daños de las lluvias de enero de 2019

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige la socialista Carolina Darias acaba de aprobar la resolución que da inicio al desembolso del dinero para los cinco territorios (Huesca, Zaragoza, Asturias y Valencia también están incluidos) que se vieron afectados por aquel episodio. En total, se repartirán 8,3 millones de euros de los más de 12 que incluía el crédito inicialmente y a Cantabria le corresponderá casi el 75% del montante, ya que fue la comunidad autónoma que soportó un mayor perjuicio: cheques por 6,2 millones. En cualquier caso, la estimación de los daños sobre bienes públicos fue de más del doble.

La aportación del Gobierno central servirá para pagar hasta el 50% de las facturas de las reparaciones -en su mayoría ya concluidas- de urgencia que se vieron obligadas a realizar la administración regional y municipal de la comunidad autónoma. Desde la reposición de carreteras o la eliminación de pequeños argayos hasta la macroobra que se puso en marcha en Ruente para estabilizar el enorme corrimiento de tierras en una ladera frente al puente que la riada se llevó por delante y que también ha tenido que levantarse de cero.

De esta forma, se pone fin a un largo proceso administrativo que comenzó al día siguiente de las inundaciones, el 25 de enero, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto-Ley que adoptaba medidas «urgentes para paliar los daños causados por el temporal y otras situaciones catastróficas». Luego llegó otro Real Decreto que desarrollaba el anterior y hubo que esperar a junio de 2020 para conocer la lista de los 48 municipios cántabros que podrían optar a este crédito, allí donde o bien el ayuntamiento o el Gobierno regional había tenido que actuar de emergencia.

Todos los proyectos fueron recogidos por la Delegación del Gobierno en Cantabria y enviados a Madrid, que ahora se compromete a remitir el dinero desde ya y hasta el mes de marzo. Al Ejecutivo autonómico le corresponden 4,35 millones de euros, que irán destinados sobre todo a la Consejerías de Obras Públicas, la que en los meses posteriores a las inundaciones tuvo un mayor número de gastos extraordinarios. El resto, se repartirá entre 24 consistorios -en los otros 24 incluidos en la resolución las obras que han entrado en la convocatoria de ayudas las desarrolló el Ejecutivo regional- de manera muy dispar, desde los 955 euros que irán a parar a Pesquera hasta los 467.248 de Ruente o los 379.882 de Ruente. En Asturias, por ejemplo, sólo se han aceptado dos obras de reparación por valor de 9.000 euros. A Huesca irán 800.000; a Zaragoza, 300.000, y a Valencia otro millón.

Desde la Consejería de Presidencia que dirige Paula Fernández Viaña (PRC), que ya ha empezado a informar a los alcaldes, lamentan la larga espera, pero están satisfechos con la asignación a Cantabria, que llega después de meses de correspondencia cruzada con la ministra Darias. «Tras los 15 días concedidos para presentación de las solicitudes, la fase de instrucción no debía haber superado el plazo máximo de dos meses», apuntaba la regionalista en una de estas cartas, en la que pedía al Estado celeridad.