El Ministerio plantea un duro recorte de las concesiones costeras a las empresas

En Cantabria, con 285 kilómetros de costa, más de 1.200 negocios y 25.000 trabajadores están afectados por la Ley de Costas, según un informe encargado en su día por la Cámara de Comercio, por eso es especialmente sensible a cualquier modificación legislativa que cambie las reglas del juego. Tal es así que desde hace años hay constituida una asociación, la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas (Acalco), cuyo portavoz, José Luis Thomas, denuncia que el borrador del nuevo reglamento «nos devuelve a una situación de incertidumbre y abre unos nubarrones enormes para las concesiones, que creíamos solucionados».

Martín Silván, abogado experto en Medio Ambiente de la firma Ontier España y asesor de la patronal CEOE Cantabria en estos asuntos, estalla contra la reforma, que tilda de «disparate» al «poner patas arriba» la ley de 2013, y vaticina que, de salir adelante, desencadenará una cascada de pleitos. «No tengo ninguna duda de que será tumbada por los tribunales. No se puede cambiar una ley con un reglamento», sentencia.

La patronal cántabra está alerta, pero no ha tomado ninguna iniciativa al respecto, ya que la batalla la lidera la CEOE a nivel nacional, que ya ha presentado alegaciones al proyecto. La patronal ha estallado contra la reforma que pretende el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, al que ha advertido de que las restricciones de la nueva norma amenazan a miles de empresas.

La asociación de Thomas sí se ha movilizado. Ha mantenido reuniones con representantes de PP, Ciudadanos y Vox para «pedirles que luchen por mantener el actual reglamento», pero no con el Gobierno regional, porque «he perdido toda la esperanza. Con el PRC nuestras reivindicaciones nunca fueron atendidas y el PSOE es el partido que prepara la reforma», se queja.

La aplicación de la Ley de Costas, vigente desde 1988, fue uno de los caballos de batalla de Cristina Narbona con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008. La ley llevaba 15 años en vigor pero fue ese Ejecutivo el que empezó a implantarla. Cuando llegó el PP al poder, ante la inminencia de que en 2018 comenzaban a vencer muchas concesiones de instalaciones y viviendas en dominio público marítimo-terrestre (a menos de 100 metros de la línea de costa), una reforma legal alargó las autorizaciones dando hasta 75 años más de vida. Algunas industrias conseguían así permisos que superaban los 100 años para operar en dominio público. Cantabria destacó especialmente en el logro de la reforma de 2013. Thomas, las empresas afectadas del polígono de Raos, la Cámara de Comercio, entre otros, tuvieron un protagonismo especial, y la entonces senadora del PP por Cantabria Leticia Díaz lideró desde su escaño la modificación legislativa.

Para Martín Silván aquella reforma «fue excesiva. Hay concesiones en espacios naturales protegidos, en ecosistemas frágiles de gran valor ecológico que habría que rescatar y recuperar, incluso indemnizando, pues son valiosas medioambientalmente y muy pobres económicamente, como las praderías de San Vicente de la Barquera y Oyambre o las del margen de la ría del Asón. Pero hay otras, como las ocupadas por industrias y polígonos, que aportan tanto valor socioeconómico que pensar en su caducidad y rescate sería un disparate».

Ahora el ministerio de Teresa Ribera ha decidido cambiar la Ley modificando el reglamento de 2014 que la desarrolla. La principal novedad que introduce es que las prórrogas concedidas para continuar en las zonas del litoral, de hasta 75 años según la modificación que se introdujo en 2013, computen desde 1988, cuando se redactó la primera norma, y no desde que se solicita la prórroga. A efectos prácticos supone un recorte de hasta 30 años en las concesiones. El portavoz de los afectados sostiene que «la contrarreforma del Gobierno es confusa y restrictiva y deja a criterio de la Administración los años de prórroga», de manera que muchas concesiones «quedan en el aire».

«La mayoría de las concesiones que tenemos en Cantabria se otorgaron a principios del siglo XX y, de acuerdo con el nuevo reglamento, se las consideraría caducadas», explica. En esa situación se encuentra la suya. Thomas es titular de una finca situada en Carasa, en unos terrenos ganados a la ría de Treto en el año 1909 por el conde de Aresti, que a cambio de hacer el relleno consiguió una concesión a perpetuidad de los mismos. En 1962, su padre adquirió los terrenos. Allí tiene su vivienda, su explotación ganadera y su empresa de lácteos. Con la aprobación de la Ley de Costas de 2018 obtuvo una concesión por 30 años, así que en 2016 solicitó una prórroga por 75 años. Todavía no le han contestado. «Nos dijeron que no había ningún problema, pero ahora con la modificación que se pretende nadie sabe qué va a pasar».