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Los ayuntamientos de la comarca del Besaya todavía no saben a ciencia cierta dónde se ubicará la nueva depuradora, la que sustituirá a la planta de Vuelta Ostrera sobre la que pesa una sentencia de derribo desde 2005. Tampoco lo sabe el Gobierno de Cantabria ... a pesar de que será quien gestione la instalación cuando esté en funcionamiento. Todas las partes afectadas están a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Administración que tiene que tomar la decisión y adjudicar el proyecto, deshoje la margarita.
Por el momento, el Estado sólo confirma que no hay novedad. Mientras, el departamento que dirige Teresa Ribera ha comenzado la evaluación ambiental de la obra para desmantelar la depuradora actual. Se trata de un paso más en un proceso que se eterniza desde hace ya casi dos décadas. Este último trámite implica que el expediente ya está registrado en el Ministerio y se ha asignado a un equipo de funcionarios, «que está analizando la documentación». Esto se suma a la adjudicación del proyecto de demolición, que se formalizó en septiembre en favor de la empresa vasca Fulcrum y que tendría que estar concluido antes de verano.
A pesar de que Madrid ha garantizado al Gobierno regional que no se quitará un ladrillo hasta que Vuelta Ostrera II esté activa, lo cierto es que el proyecto de desmantelamiento avanza mucho más rápido que el de construcción. Preguntado por este segundo asunto, el Ministerio se enreda en explicaciones técnicas: «Actualmente está en tramitación ambiental el expediente de información pública del anteproyecto y del Estudio de Impacto Ambiental de la solución alternativa a la EDAR de Vuelta Ostrera. Una vez termine dicho proceso, se elegirá el emplazamiento definitivo de la nueva EDAR, en cumplimiento de la normativa y de los procedimientos legalmente establecidos, con las máximas garantías ambientales y siempre buscando el mayor consenso posible», dice.
ACUERDO
Un consenso que, por el momento, no ha logrado generar la isla de Solvay -o isla de Monti-, el emplazamiento que en estos momentos parece tener más papeletas para acoger la depuradora. No está de acuerdo el Ayuntamiento de Polanco, tampoco la empresa química de Barreda o el Gobierno regional, que tiene serias dudas. Fue el Ministerio el que, cambiando su idea inicial, comunicó a las partes que este lugar era el más favorable según los estudios existentes.
«Si se siguen los criterios técnicos, no se debería hacer ahí porque el estudio de impacto ambiental lo colocaba como la cuarta mejor opción. Después hubo una adenda al proyecto que lo cambiaba y a la que nosotros hemos hecho alegaciones. Creemos que tendría que volver a información pública porque esta adenda introduce cambios sustanciales», apunta Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco, que sigue esperando noticias. A su entender, el último movimiento en relación a la obra de demolición se explica por la exigencia del Supremo al Estado de informar mensualmente de los avances para el cumplimiento de la sentencia de derribo.
El proyecto de Vuelta Ostrera II tiene un coste estimado en 111 millones -cerca de 40 millones para el emisario submarino- según el estudio de alternativas realizado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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