El Ministerio vuelve a dejar en suspenso dos permisos de fracking en el sur de Cantabria

El Ministerio de Energía ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que se suspenden los permisos de investigación 'Bezana' y 'Bigüenzo', concedidos en 2009, para el uso de la técnica de la fractura hidráulica ('fracking') para la obtención de hidrocarburos en unos terrenos que abarcan zonas de Campoo, Valderredible, Valdeprado del Río, norte de Burgos y Palencia.

La orden recuerda que esos permisos, concedidos a la empresa Petrolium Oil&Gas de España, estaban parados desde mayo de 2013 debido a la necesidad de tramitar la evaluación ambiental previa a la autorización de los sondeos.

La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio será la encargada de levantar, mantener y modificar la suspensión de permisos de investigación 'Bezana' y 'Bigüenzo', que se mantendrá hasta que se permita al titular proseguir con la realización de sus compromisos adquiridos.

La orden tiene efecto desde este jueves, aunque contra ella pueda interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de mañana.

El 'fracking' es una técnica destinada a conocer si hay gas o petróleo en el subsuelo mediante la rotura de las capas de roca superiores con agua a presión. El procedimiento levantó una gran polémica y fue denunciado por diferentes asociaciones, al entender que puede provocar seismos y otros efectos en el suelo. La movilización de la población cántabra en su contra y la modificación de la ley han permitido reducir la «amenaza» del 'fracking', hasta tal punto que la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria anunció en noviembre su decisión de suspender toda su actividad.

El Tribunal Constitucional abrió en 2018 la puerta a que las comunidades autónomas puedan declarar libres de fracking zonas dentro de su territorio y, a partir de entonces, el Gobierno de Cantabria puso en marcha una Ley de Evaluación Ambiental que más que prohibir esta técnica en el subsuelo, algo que el Alto Tribunal había ido vetando desde 2014 en todas las autonomías, introduce tantas «medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente» que hace muy complicado que una empresa los cumpla.