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Una de las primeras decisiones del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga fue descartar el plan dibujado a cuatro manos entre el exvicepresidente Pablo Zuloaga y el ministro José Luis Escrivá para el antiguo psiquiátrico de Parayas, ubicado en Maliaño. El proyecto consistía ... en la creación de un centro de acogida de refugiados internacionales, uno de los diversos espacios de este tipo que el Gobierno central quiere crear por todo el país a través de los fondos europeos. «España es muy grande y los refugiados se pueden acoger en muchos lugares», aseguró la presidenta regional para descartar esta opción. Enterró el proyecto a petición del alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), que en su programa electoral propuso crear en este inmueble una residencia para mayores, rompiendo así el compromiso suscrito por su antecesora, Esther Bolado (PSOE).
Aunque nada indica que el Ejecutivo autonómico vaya a dar marcha atrás, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le pidió ayer durante su primera visita a Cantabria –también la primera de un miembro del Gobierno central desde la investidura– que reconsidere su decisión. «Es un error absoluto», lamentó Torres, que trasladó la necesidad de que todos los territorios «den una respuesta coordinada y solidaria al fenómeno migratorio».
«Se está equivocando. Vuelvo a tender la mano para que reconsidere su postura. El centro es necesario para atender a familias vulnerables», insistió el ministro, que recordó que, además, el edificio sería titularidad estatal. «La respuesta no puede ser en mi casa, no; en mi territorio, no. La respuesta no puede ser poner muros o puertas», concluyó el socialista, que no entiende por qué la acogida que dio España a los millones de refugiados ucranianos que llegaron huyendo de la guerra no puede ser igual que la que reciban los que vienen de África en cayucos.
El psiquiátrico de Parayas permanece sin actividad desde 2016, cuando la Consejería de Sanidad trasladó toda la actividad asistencial al Hospital de Liencres. El proyecto del centro de refugiados suponía que Cantabria debía ceder la titularidad del inmueble al Estado a cambio de 10 millones de euros. Los 43.500 metros cuadrados de superficie acogerían a 300 refugiados y darían empleo a 70 personas, según las estimaciones del Ministerio, y se transformarían por completo tras la inversión de 30 millones de euros –el PP lo reduce a la mitad–, ya que el acuerdo incluía la mejora de las instalaciones deportivas que ya existen en esta zona.
El alcalde de Camargo, Diego Movellán, también entró este viernes en la polémica y pidió al ministro Torres que se abstenga de volver a «equiparar a los inmigrantes con residuos». El popular cogió con pinzas unas declaraciones realizadas el jueves en Castro Urdiales por el socialista en las que, para echar en cara al PP la decisión de renunciar al centro de refugiados, aseguró que este tipo de espacios son necesarios, de la misma forma que «hay que tener puntos limpios, hay que tener centros penitenciarios o centros medioambientales para recoger los residuos». Sobre el fondo del asunto, Movellán ha hecho oídos sordos a la petición del Gobierno central de reconsiderar la decisión. Además, pidió a Torres que «respete» las decisiones autónomas de los ayuntamientos y, en este caso, la de los ciudadanos de Camargo.
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