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El presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y de la Asociación Nacional de Balnearios, Miguel Mirones, ha cifrado en «unos 5 millones de euros« el coste que supondría aplicar un plan de contingencia en las playas de los 24 municipios costeros de Cantabria durante julio y agosto.
Con esta cantidad estima que se podría emplear a cerca de mil personas durante estos dos meses de verano para garantizar «la adecuada distribución» de los usuarios en los arenales.
Mirones, que ha protagonizado un encuentro de la Asociación de Empresarias de Cantabria por vía telemática, ha llamado a las administraciones públicas a «hacer los deberes» para «garantizar que las playas están cubiertas» con el personal «necesario».
De esta forma les ha pedido que «que busquen consensos y acuerdos». «Si yo arriesgo como empresario, quiero que mi entorno juegue la partida», ha afirmado.
A su juicio, en Cantabria se deben sentar a abordar la situación de las payas los 24 municipios costeros junto al Gobierno regional y a la Demarcación de Costas para elaborar «conjuntamente» un plan de contingencia, que ha cifrado «en torno a los 5 millones de euros».
«Son 10 euros por cántabro o 20 céntimos por usuario de playa», ha enfatizado Mirones, quien no quiere decir que se cobre a los cántabros, pero sí que las instituciones encuentren esa financiación.
Y ha llamado a «pasar de la teoría a la práctica», considerando que Cantabria tiene una oportunidad «magnífica» de garantizar la seguridad de la costa por ser una región de menor tamaño y, así, con menos gente a la que poner de acuerdo.
Del mismo modo, ha llamado a controlar la movilidad en los municipios de interior mediante la colaboración público-privada y buscando las fórmulas de financiación.
«Y para eso: sentarse y hablar. Y cuando se llegue a un acuerdo hay que ejecutarlo inmediatamente, que tenemos todavía tiempo, aunque cada día es más escaso», ha dicho.
En este sentido, Mirones ha instado a cumplir el esquema de 21 protocolos higiénico-sanitarios que ha acordado ICTE con sindicatos y administraciones y que a su juicio «deben funcionar a la vez para no romper la cadena».
También ha apelado a la responsabilidad ciudadana para cumplir las medidas de seguridad y facilitar la labor a los hosteleros, de quienes ha destacado su «valentía» para ir abriendo estas semanas.
A su juicio es difícil que los hosteleros tengan este año beneficios económicos porque tendrán que afrontar el cierre de más de dos meses, la toma de medidas de prevención y la adquisición de material de seguridad, entre otras cosas.
Entre las «carencias» del sistema turístico español, Mirones ha citado que existan «17 normativas distintas», una por comunidad y cree que la legislación estatal se aplica en todas ellas de forma «diferente».
En materia de empleo, el presidente del ICTE confía en que finalmente haya Expedientes de Regulación Temporal de Empleo «específicos» para el sector del turismo porque, en otro caso, cree que sería «una debacle».
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Ana del Castillo
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