Más de la mitad de los cántabros que pedían la eutanasia en 2023 murieron antes de recibirla

El deseo de aquel hombre, de 57 años y aquejado de una distrofia muscular, bien puede aplicarse a cualquiera de las personas que en un momento determinado de su enfermedad se plantean recurrir a la eutanasia. Para dejar de padecer. Para no alargar lo que ya es irreversible. El año pasado, fueron 19 los cántabros que intentaron emprender ese camino, según el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación sobre la aplicación de la ley de eutanasia en Cantabria, aunque solo tres de ellos vieron aplicada la prestación para ayudar a morir –dos en el Hospital Valdecilla y el tercero en una residencia de mayores, y los tres mediante administración de la medicación vía intravenosa–.

Del resto, el balance detalla que tres peticiones fueron denegadas por no cumplir los requisitos que establece la normativa, que conlleva que se den las circunstancias de «contexto eutanásico», esto es, que la persona que lo solicita esté en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, con un sufrimiento insoportable y sin alivio posible. A las rechazadas se añaden otras dos que fueron revocadas por los propios pacientes. En ambos casos no llegaron a realizar la segunda solicitud que marca el proceso para asegurar que la decisión está lo suficientemente meditada –entre una y otra debe transcurrir un margen de quince días–. Solo si existe la amenaza de pérdida de consciencia del paciente (la normativa exige plena lucidez a la hora de dar ese paso crucial) la ley contempla la posibilidad de acortar ese plazo para agilizar el desenlace.

En los once casos restantes (el 58% del total), los demandantes de la prestación murieron antes de que se acabara su tramitación. El tiempo mínimo desde que se pide la primera vez hasta que se concede es de al menos 40 días, siempre que los informes del médico responsable, del médico consultor y de la Comisión de Evaluación sean favorables. Un dato que está por encima del recogido en el Informe de Evaluación Anual 2022 sobre la Prestación de Ayuda para Morir del Ministerio de Sanidad. Ese año se realizaron 288 eutanasias en España (seis de ellas en Cantabria, el doble que en 2023), lo que representa el 50% de las 576 solicitadas, frente a las 75 del año anterior, en los seis primeros meses de aplicación de la ley. Y en ese recuento se apuntaba que un tercio de los solicitantes fallecieron antes de resolverse su petición de eutanasia, lo que permite hacerse una idea de la gravedad y la fragilidad del estado de quienes buscan cumplir con su deseo de morir de forma dulce. Tanto que, en muchos casos, la burocracia les impide conseguirlo.

En el capítulo de problemas detectados durante la tramitación, el personal de la Comisión, integrado por cinco médicos, tres enfermeras (dos de Atención Primaria y una de Cuidados Paliativos), una psicóloga, dos juristas y una farmacéutica que actúa como secretaria, apunta el retraso en la prestación por la designación del médico responsable y el desconocimiento de los profesionales sanitarios en los pasos a dar, con independencia de que sean o no objetores de conciencia.

En la mayor parte de los casos registrados en Cantabria el año pasado, la patología de base era el cáncer. En concreto, diez de los 19 pacientes que solicitaron ayuda para morir eran oncológicos (52%). La segunda causa que más se repite son las enfermedades neurodegenerativas (aquellas que afectan al sistema nervioso, son incapacitantes y, hasta la fecha, incurables), y aunque no se especifica cuáles están detrás de las cuatro peticiones presentadas en 2023 en la región (engloba, entre otras muchas patologías, Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple o ELA –esclerosis lateral amiotrófica–), cabe recordar aquí un estudio reciente al que hacían referencia desde la Confederación Nacional de Pacientes con ELA (ConELA) tras la polémica jornada celebrada en febrero en el Congreso por la ausencia mayoritaria de los diputados invitados a escuchar las reivindicaciones del colectivo, con la ley ELA como prioridad.

En dicho documento sobre avances en enfermedades neurodegenerativas, elaborado desde la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso (Oficina C), se concluye que «todas estas patologías tienen en común que son crónicas y cursan con una disfunción progresiva del sistema nervioso», de forma que «las neuronas del cerebro y la médula espinal sufren cambios que provocan su funcionamiento anormal y, finalmente, muerte celular». Y aunque en las primeras fases, los síntomas suelen ser leves y pasar desapercibidos; a medida que el deterioro neuronal progresa, se agravan y generan discapacidad. De ahí que, tal y como refleja este estudio, fueran la causa más frecuente entre las personas a las que se practicó la eutanasia (117 fallecidos) en 2022. Ydentro de este grupo, el 41,9% sufría ELA, el 11,1%, Esclerosis Múltiple y el 8,5%, Parkinson.

Más allá de las causas neurológicas y de los tumores, el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación especifica que dos peticiones registradas en 2023 en Cantabria fueron protagonizadas por pacientes psiquiátricos, otro con patología renal, otro con enfermedad digestiva y uno pluripatológico. Sobre la edad de los solicitantes de eutanasia, la mayoría tenía más de 60 años. Concretamente, ocho casos de 60 a 69 años; cuatro de la década siguiente y tres de 80 a 89 años. Aunque también figuraba un treinteañero y otro paciente de entre 40 y 49 años.

Y prácticamente dos de cada tres eran mujeres (el 67%), una proporción que se ha dado la vuelta con respecto a los balances iniciales tras la entrada en vigor de la ley.Así, durante el primer año de aplicación (de junio de 2021 a junio de 2022), la lectura que se hacía desde la Consejería de Sanidad era que la prestación era más demandada por varones. Entonces, de las cinco prestaciones que se llevaron hasta el final, sólo una se realizó en el hospital –el del paciente de la introducción, que quiso hacerlo así para donar sus órganos–, mientras que las otras cuatro tuvieron lugar en el domicilio. Precisamente, otras de las cuestiones que destaca el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación es que se pudieron realizar seis trasplantes (cuatro renales, uno hepático y uno bipulmonar) con los órganos de dos donantes que se sometieron a eutanasia.

En total, en Cantabria son diez las eutanasias realizadas hasta la fecha. El número de solicitudes ha ido aumentando de forma progresiva. De las dos que se recibieron en el segundo semestre de 2021 (una fue aceptada), a las 17 del año siguiente –en las que realizaron seis– y a las 19 de 2023 (con los tres casos comentados). En este último ejercicio, han sido los médicos de familia los que han tramitado más peticiones (11), seguidos de oncólogos (4), neurólogos (2), endocrino (1) y otorrino (1). El análisis por Gerencias revela que el grueso se gestionaron desde Atención Primaria (10), siete en la de Valdecilla, una en Sierrallana y otra en el Hospital de Laredo.

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