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Tomar la decisión de poner en alquiler una vivienda puede ser un proceso complicado. El principal aliciente para dar el paso y colocar el ... cartel en la ventana o en la agencia inmobiliaria es que, mes a mes, el propietario va a recibir en su cuenta corriente un ingreso y así sacará rentabilidad a una casa que se encontraba vacía. Pero por la cabeza de ese dueño también suelen pasar una serie de temores que en ocasiones se cumplen. ¿Y si llega un momento en el que el inquilino se niega a pagar o surgen circunstancias que le impiden seguir haciéndolo? Por esa coyuntura o una similar han pasado el último año 501 personas en Cantabria.
Al menos esa es la cifra de propietarios que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), han recibido respuesta a una demanda interpuesta por asuntos relacionados con el incumplimiento de arrendamientos urbanos. Aunque el estudio recoge también otros supuestos y en algunos episodios es el propietario el que falta a alguno de los términos del contrato, el grueso de los casos tienen que ver con impagos.
El organismo público también confirma que casi la mitad de los casos acabó con el archivo de la demanda. En concreto en el 46% de las veces, lo que se traduce en 230 expedientes. Es decir, que por cada dos demandas, en una los jueces decidieron no dar la razón al denunciante por diferentes motivos en los que no entra esta estadística. En cambio, otros 180 hechos de este tipo concluyeron con una orden de entrega de la posesión o de desahucio. El resto con soluciones intermedias. Por ejemplo, hubo 37 enervaciones, una figura a la que se pueden acoger los deudores que no acumulan un número importante de cuotas sin pagar. Si se ponen al día, el contrato continúa en vigor y la relación entre arrendador y arrendatario prosigue como si nada hubiera ocurrido entre ellos.
Desde Terrel Abogados, un despacho especializado de Santander, uno de sus responsables, José María Terrel, explica que estos datos tienen todas las garantías porque los aporta directamente las autoridades judiciales, pero además encajan con lo que ven en su día a día los profesionales que trabajan en este ámbito.«Depende de cada abogado, pero sí que es verdad que la mayoría de casos tienen que ver con impagos del alquiler», señala.
En todo el país, la Justicia emitió en 2018 hasta 45.258 decretos por asuntos relacionados con incumplimientos de contrato de arrendamiento urbano. A la cabeza se encuentra Cataluña, con más de 9.000 casos, seguida de otras comunidades autónomas de gran tamaño como Madrid y Andalucía. En términos relativos, Cantabria tiene el doble de expedientes que Navarra, a pesar de que esta región cuenta con la misma población. Estas 501 resoluciones son menos que las 535 de 2017, pero más que las de los dos ejercicios precedentes, cuando la cifra no superó el medio millar.
Según el INE, el número de sentencias (116) que hubo en Cantabria en el último ejercicio analizado es muy inferior al total de demandas. Terrel entiende que esto se debe a una peculiaridad que tienen los procedimientos de este tipo:«Cuando no se opone o no se pronuncia el denunciado, que es la parte contraria, no es necesario celebrar la vista y directamente se pone una fecha del lanzamiento».
En este apartado de sentencias queda claro que la mayor conflictividad tiene que ver con los impagos. En los últimos siete años sólo ha habido dos por subarrendamiento a un tercero, dos por realización de obras no consentidas y diez por denegación de la prórroga acordada.
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Ana del Castillo
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