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La mitad de los 240.000 hogares cántabros tiene dificultades para llegar a fin de mes; el 17,6% de la población, más de 102.000 personas, vive por debajo del umbral de la pobreza; y casi el 10% de las familias están afectadas ... por una nula o baja intensidad en el empleo. Estas son algunas de las principales conclusiones que deja la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los ingresos de los hogares y publicada esta semana por el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) con datos pormenorizados de la región. Unos fríos números que dibujan una realidad que se vuelve dolorosa cuando se humaniza.
Por ejemplo que cerca de 35.000 hogares, el 14,5% del total, viven al límite y no pueden afrontar ningún gasto imprevisto. 72.000 personas en concreto. Y 10.000 de ellas no pueden permitirse una comida de carne, pescado o pollo al menos cada dos días. Y de vacaciones ni hablamos: el 27% de la población no se puede ir ni siquiera una semana fuera de casa.
La recuperación tras los años de crisis es relativa. Así lo manifiesta la comparativa de los datos. Al cierre de 2017, el 17,6% de los cántabros seguía viviendo por debajo del umbral de la pobreza (102.080 personas tomando como referencia el último padrón de habitantes), lo que significa que tienen ingresos inferiores a los 8.500 euros anuales, unos 708 al mes. El porcentaje es muy similar a los de 2011 (16,7%) y 2013 (17,8%) y superior al de 2015, cuando se situó en un 14,9% (86.420), la mejor cifra de la década tras tocarse fondo en 2014 (20,6%). Es decir, que, tras una incipiente reversión, la media de población en riesgo de pobreza ha vuelto a crecer en los dos últimos años. Un paso atrás. Otra circunstancia para la alarma es que cualquiera de las comunidades vecinas presentan mejores datos: en el País Vasco vive en esta situación el 9,7% de la población; en Asturias el 12,6%, en Castilla y León el 15,4%...
Si se quiere ver la botella medio llena, la media en España alcanza un 21,6%, cuatro puntos más que Cantabria. Los territorios peor parados son los del sur de la península: Extremadura (38,8%), Andalucía (31%) y Murcia (30,1%).
La pobreza está íntimamente relacionado con el nivel de formación, según reflejan los datos del INE: sólo el 8% de las familias cuyos integrantes gozan de estudios superiores están en situación precaria frente al 22% de los que apenas tienen completada Primaria. Y también con el tipo de hogares: los compuestos por un adulto con al menos un menor dependiente de él son el sector que sufre más problemas.
El 17,6% de los cántabros (102.080 personas según el último padrón) vivía al cierre del 2017 por debajo del umbral de la pobreza, cifra que ha crecido en los dos últimos años después del descenso que se vivió tras la salida de la crisis.
El descenso de las personas que sufren carencias materiales severas y de los hogares con una baja intensidad de empleo han permitido rebajar la tasa de personas en riesgo de exclusión social al 20,5% a pesar del aumento medio de la pobreza.
Otra vertiente destacada que refleja el estudio son los 130.000 hogares que en Cantabria tienen dificultades para llegar a fin de mes. El 54% del total. Igual que en 2015. Mayores o menores, pero no viven desahogados. El 7,5% de ellos (18.000 familias) lo hacen con muchos problemas; el 9,4% con dificultad (22.533); y otro 37,2% (89.398) con cierta complejidad. En la balanza positiva, decrece en un 5% el porcentaje de los que tienen muchos problemas para completar el mes y en un 8% los que tienen dificultades medias en favor de los que simplemente sufren aprietos.
«La capa más baja de la sociedad, los que tienen una pobreza más cronificada desde hace años, siguen igual. O incluso peor. La situación sí ha mejorado sin embargo para aquellos que vivían con cierta comodidad antes de la crisis y cuando explotó se quedaron sin trabajo y sufrieron estrecheces –los denominados 'pobres sobrevenidos'–. Para ellos sí ha llegado la recuperación», analizaba este verano al respecto Yolanda Cuesta, responsable del Programa de Lucha contra la Pobreza de Cruz Roja.
Los números permiten interpretaciones variadas. Si las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza han crecido, las que sufren carencias materiales severas y los hogares con una baja intensidad de trabajo han experimentado, sin embargo, un descenso. Así, las personas que el pasado año no dispusieron de, al menos, cuatro de los nueve conceptos que se consideran básicos para vivir (lavadora, calefacción, teléfono, pagar a tiempo los recibos...) y que se incluyen dentro del apartado de carencias materiales severas, fueron 12.760 (un 2,2% de la población) frente a los 20.300 (3,5%) de 2015 o los 20.620 (3,9%) de 2013. Eso sí, la cifra actual duplica a la que existía en 2009 al inicio de la crisis.
Más en detalle, el 14,5% de las familias, que engloban a 35.000 personas, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (en España, la media es del 37,3%); un 4% no puede ni siquiera encender la calefacción; un 2,3% ha tenido retrasos en el último año en el pago de gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, gas...); un 2% no puede permitirse tener coche; y un 1,7% no está disposición de comprar carne, pollo y pescado para comer de forma habitual, al menos una vez cada dos días. Todos estos porcentajes negativos que encienden la voz de alarma se encuentran, al menos, por debajo de la media nacional.
Por su parte, 53.940 personas (el 9,3% de la población) sufren una nula o baja intensidad en el empleo, es decir, que trabajaron durante el pasado año menos del 20% del total de su potencial. La cifra, llamativa, es en cambio sensiblemente inferior a las que arrojaron las encuestas del INE de 2015, 2013 y 2011, cuando los individuos afectados fueron 89.900 (15,5%), 64.380 (11,1%) y 80.040 (13,8%), respectivamente. Aún así, el porcentaje está todavía lejos del 6,8% que existía antes de comenzar la crisis que se llevó por delante tantísimos empleos.
Sólo el 8% de las familias cuyos integrantes gozan de estudios superiores viven por debajo del umbral de la pobreza en Cantabria frente al 22% de los que apenas tienen completada Primaria o enseñanzas inferiores.
En un 9,3% de los hogares sus miembros no tienen empleo o sufren una baja intensidad en el mismo, es decir, que sus integrantes en edad de trabajar lo hicieron durante el pasado año menos del 20% del total de su potencial de trabajo.
Los comportamientos positivos de estos dos últimos parámetros conducen a que el riesgo de exclusión social en Cantabria descendiera el pasado año hasta el 20,5% de la población, la segunda mejor cifra de la década. Esta tasa se calcula siguiendo el indicador europeo Arope, que combina las variables ya citadas de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, la carencia material severa y la intensidad en el empleo. La cifra supone seis puntos menos que la media de España y cuatro menos que los que deparó el estudio del INE en 2016. «Sí que se ha notado algo la recuperación, no mucho, pero sí hay algunas familias que han renunciado a la ayuda que les dábamos», refleja Francisco del Pozo, presidente del Banco de Alimentos de Cantabria. En 2017 atendieron a 24.000 personas desfavorecidas, menos que los años anteriores, cifra que se ha estabilizado en el presente ejercicio. «Al menos la crisis despertó una oleada de solidaridad con los que necesitan ayuda», destaca.
La renta media de 2017 se situó en Cantabria en 27.024 euros anuales por hogar, 1.200 euros más que hace dos años pero 500 menos que la media nacional. Los ingresos más elevados se dan en el País Vasco (34.203 euros por unidad familiar), Navarra (33.431) y Madrid (32.451), en tanto que los más bajos se registran en Extremadura (20.395), Canarias (22.790), Castilla-La Mancha (23.159) y Murcia (23.574).
Un 1,7% de las familias de Cantabria no estuvo en disposición de comprar carne, pollo y pescado para comer de forma habitual, al menos una vez cada dos días. La media en España es superior, cercana al 4%.
El pasado año, el 27% de los cántabros no se pudieron permitir irse de vacaciones ni siquiera una semana. Las vacaciones fuera de casa se han convertido en un lujo sólo al alcance de determinados bolsillos.
La media de 27.000 euros no esconde las desigualdades que existen entre las familias de la región. El 10% de los hogares no llega ni a 9.000 euros anuales, porcentaje que crece al 24% si el límite se sitúa en 14.000 €. En el lado contrario, hay un 26,4% de hogares cuyos ingresos están por encima de los 35.000 euros al año.
Mientras, si se atiende a la renta media por persona, la cifra en Cantabria se establece en 11.293 euros, 800 euros más que en 2015 y en la misma línea que la media de España.
Las desigualdades que reflejan las rentas también tienen un matiz sexista por las diferencias entre sueldos: si las mujeres cargan con la responsabilidad de mantener económicamente el hogar, algo que sucede en el 40% de los casos, las familias pasan más dificultades que si la tarea de llevar el dinero a casa está en manos de los hombres. El 30% de las mujeres que sostienen en solitario a sus familias tienen una renta inferior a 14.000 euros al año, tasa que en ellos no llega ni al 20%.
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