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A Leticia Díaz le sentaron muy mal las palabras que utilizó María José Sáenz de Buruaga en la rueda de prensa posterior a la ... firma del acuerdo con Miguel Ángel Revilla para su investidura. La líder del PP dijo allí que el pacto con los regionalistas «no condiciona nuestro programa ni implica cesiones ni sobreesfuerzos. El PRC no nos pide nada a cambio, mientras que otros partidos exigen cargos e imposiciones ideológicas que no queremos».
Buruaga estaba haciendo referencia a las dos conversaciones mantenidas los días previos con la propia Díaz y con Emilio del Valle, presidente del partido en Cantabria, concejal en Santander y diputado nacional. Pero en esas dos charlas no se pusieron sobre la mesa ni cargos concretos ni número de consejerías, ni tampoco la llamada 'mochila ideológica' de Vox, que incluye desde el Pin Parental hasta la derogación de la Ley de Memoria Histórica, pasando por políticas antiabortistas y migratorias. Algunas de esas medidas son compartidas por el PP. Y las que no, han supuesto un gran escollo en las negociaciones en otras comunidades. Pero no es el caso de Cantabria, donde las conversaciones no han bajado a ese nivel de detalle todavía.
Lo único que Vox pidió a Buruaga fue una coalición de legislatura a cambio de apoyar su investidura. «Queremos una mayoría estable que dé sensación de confianza a los inversores», ha dicho en alguna ocasión Del Valle. Incluso, Vox abrió la puerta a consensuar las personas que formarían parte del Consejo de Gobierno, sin imponer nombres. Hay que recordar que algunos miembros de Vox formaron parte antes del PP escindido que se enfrentó a Buruaga en el congreso cainita de 2017, y hay algunas personas a las que la futura presidenta no quiere ver sentadas a su lado en Peña Herbosa. Pero hasta ahí llegó todo. Buruaga dijo que quiere gobernar en solitario, y solo ofreció a Vox firmar un acuerdo similar al del PRC, en un intento por «blanquear el pacto con los regionalistas que tanto cabrea a una parte de su militancia», explican desde el partido.
Ni Del Valle ni Díaz encontraron ningún sentido en aceptar la propuesta de abstenerse a cambio de nada, sobre todo por la experiencia sufrida por Vox en Andalucía y Madrid, donde se quedaron fuera del Gobierno y consideran que el PP no cumplió las políticas pactadas a cambio de su apoyo.
Una vez confirmado que no votarán a favor de la investidura de Buruaga, falta por saber si se abstendrán o lo harán en contra, aunque ya sea una u otra el resultado será el mismo: la líder del PP necesitará ir a una segunda votación por mayoría simple el próximo lunes 3 de julio. Los diputados de Vox en Cantabria están esperando que el Comité de Acción Política (CAP) de Madrid les diga lo que deben hacer. Así funciona un partido que se enorgullece de ser muy vertical. Las decisiones, las negociaciones y los votos se dictan desde Madrid, y sus representantes autonómicos tienen muy poco margen de maniobra.
El CAP, incluso, ha aumentado su poder desde el pasado fin de semana, cuando la asamblea anual de Vox aprobó un cambio en los estatutos. Ya no se sabrá quiénes son los miembros de ese núcleo duro del partido que dirige el día a día de su actividad política. Hasta ahora, estaba compuesto por el presidente, el secretario general, el portavoz del Congreso y otros cargos orgánicos. A partir de ahora, solo los dos primeros, Abascal e Ignacio Garriga, tienen su puesto asegurado y serán ellos quienes decidan a qué otros dirigentes incorporan a este sanedrín. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dejará de ser miembro nato, mientras que se da por segura la presencia del eurodiputado Jorge Buxadé, cuya ascendencia sobre Abascal ha aumentado en los últimos tiempos.
De momento, en la única situación en la que el PP se ha encontrado entre la espada y la pared en el Parlamento, con la elección de María José González Revuelta como presidenta de la Cámara en el aire debido a la unión de PRC y PSOE, Vox ha salido en su rescate.
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