«Nos mojamos y no somos tibios, pero no creo que el Gobierno se pueda sentir cuestionado»

–¿Cómo ha sido la puesta en marcha del Consejo después de diez años de inactividad?

–Hemos empezado de cero. Entre otras cosas porque la ley que regula este nuevo Consejo es distinta. Con la nueva norma este Cescán es más participativo que el anterior, más plural y mucho más austero. Fueron las condiciones que puso el Parlamento en 2018 cuando decidió recuperarlo. Esto implica que no tenemos personalidad jurídica y que dependemos de la Consejería de Presidencia. Nuestro presupuesto está también integrado en esta Consejería. ¿Qué ocurre? Que no tenemos personal. De hecho, la secretaria que toma acta es personal funcionario cedido, por lo que no tiene dedicación exclusiva y es verdad que eso es un problema. El año que viene ya tendremos secretario propio y un pequeño presupuesto.

–¿En qué asuntos han puesto el acento en estos primeros meses?

–Informamos sobre todos los anteproyectos de ley que tengan relación con materias socioeconómicas y laborales, que son prácticamente todos. Y también de la Ley de Presupuestos. A eso se suma todos los informes que nos solicita el Gobierno sobre materias socioeconómicas aunque no tengan relación con una ley concreta. Ese último caso fue lo primero que nos pidieron: un informe sobre la financiación autonómica nada más tomar posesión.

–Entonces, ¿el Consejo no tiene iniciativa para pronunciarse sin una petición previa?

–Sí, también tenemos esa iniciativa y la hemos ejercido con dos informes que estamos elaborando en estos momentos.

–Entiendo que los proyectos de ley sean los asuntos más laboriosos. ¿Llegan con muchos elementos cuestionables o el Gobierno los envía ya muy pulidos?

–Lo que ocurre es que cuando nos llega el anteproyecto ya ha salido previamente a información pública y ha pasado por todas las consejerías, entonces por supuesto que está muy depurado. Somos los últimos en pronunciarnos justo antes del Servicio Jurídico. Eso no quiere decir que en ocasiones no tengamos que desarrollar un trabajo importante.

–En esas recomendaciones, ¿entran en el fondo de los asuntos o se quedan en propuesta para mejorar la técnica jurídica, avisos de posible inconstitucionalidad e invasión de competencias?

–Por supuesto que sí entramos en el fondo. Nuestra función es, precisamente, validar la repercusión de una norma desde la perspectiva económica, social y laboral y no tanto centrarnos en los aspectos jurídicos normales. Si es necesario podríamos incluso proponer la modificación de la redacción en su aspecto gramatical para que sea más clara, pero lo primordial es lo primero.

–Entonces, aunque el Consejo lo formen perfiles técnicos, sus informes siempre tendrán carácter subjetivo. En la Ley de Presupuestos, por ejemplo, piden retirar el Impuesto de Patrimonio y rebajar otros. Eso es entrar de lleno en el debate político.

–Nos mojamos. Y nos mojamos mucho. No somos tibios. Claro que influye la subjetividad, pero lo bueno del Consejo es que es absolutamente plural. Todo el mundo allí tiene ideas, pero trabajamos para aplicar nuestros conocimientos a unas consecuencias que tienen que ser racionales. Discutimos mucho, debatimos mucho y nos informamos mucho. Cogiendo como ejemplo ese informe de los impuestos hay que decir que salió por unanimidad. Hasta ahora, la mayoría de los informes han sido aprobados por unanimidad, salvo dos excepciones en las que ha habido una abstención.

–El Consejo da un buen tirón de orejas al bipartito por usar la Ley de Acompañamiento de las Cuentas para modificar muchas leyes ordinarias.

–En el anteproyecto venían 21 modificaciones de leyes, pero se ha suprimido alguna. Eso es una técnica legislativa completamente inadecuada. Es una muy mala praxis, aunque esté muy extendida en Cantabria y en otros territorios.

–Quedan cinco meses de actividad parlamentaria –con dos meses en los que no hay plenos– y hay muchas leyes en cartera. Probablemente el Cescán esté elaborando informes sobre normas que no van a llegar a debatirse.

–No nos importa trabajar mucho. En la Ley de Vivienda hemos hecho hasta 88 recomendaciones.

–¿Eso quiere decir que había mucho que corregir?

–Bueno, es que creemos que la Ley de Vivienda es importantísima. Como lo era la Ley del Suelo y no pudimos informar sobre ella porque se aprobó antes de que nos constituyéramos. La Ley de Vivienda es vertebral y, al parecer, nuestras recomendaciones han gustado mucho a la Consejería y las asumirá en gran parte.

–¿El Gobierno de Cantabria asume de buen grado estas aportaciones o se siente cuestionado?

–Creo que con nuestras aportaciones no se debe sentir cuestionado nadie. Cuanto mayor sea la participación, más fácil es que se yerre menos. Hay que hacer las normas de forma pausada y con el mayor número de voces posibles.

–¿Ha habido algún avance para lograr que UGT, CC OO y la CEOE entren en el organismo consultivo tras el portazo inicial?

–Es cierto que de los 28 miembros que tiene el Consejo solo hemos tomado posesión 16 porque no se han incorporado los sindicatos mayoritarios y los empresarios. Avances en eso, pocos. Desde el Cescán me dispongo a mandarles una carta para explicarles que vamos a elaborar una propuesta de reforma de nuestro propio funcionamiento, que es la razón por la que decidieron no tomar posesión.

–Parece que el Consejo está cojo sin estos tres actores tan importantes en la vida económica y social.

–Por supuesto. Está cojo y nos está haciendo trabajar más de la cuenta al resto porque nos faltan ellos. Falta pluralidad, pero además es que nos obliga a hacer al resto un sobreesfuerzo. Si no están estos tres actores, no se oye a una parte importante de la sociedad. Sí oímos al mundo de la empresa porque están otras organizaciones empresariales y también otros sindicatos.

–¿Teme que si el PP regresa al Gobierno vuelva a suprimir este órgano consultivo?

–No lo creo. La creación de este Cescán fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. Aquella eliminación no fue algo único de Cantabria y fue consecuencia de la gran crisis económica de 2008. En Asturias aún no se ha recuperado y el de La Rioja no ha tenido su primera reunión. Sí es cierto que en aquel momento se pensó en quitar primero las cosas que más podían molestar y las que costaban dinero. Y tengo que reconocer que, en aquel momento, el Consejo costaba mucho dinero.

–De hecho, hubo cierta polémica en el aspecto económico.

–Hubo incluso denuncia en Fiscalía, que se archivó. Había un dinero excesivo para gastos de representación, pero porque el presupuesto general era excesivo. En 2006, ese presupuesto alcanzó los 600.000 euros. Tenía personal laboral y un local importante. Esa infraestructura sí que la creo innecesaria. Si se puede utilizar espacio público –ahora tenemos una sala del Gobierno en Peña Herbosa– que ya es propio no hace falta alquilar nada. Pero sí necesitamos cierto presupuesto para poder invitar a terceros a que nos den informes independientes, que es algo muy importante.

–Hablaba de la Ley regional del Suelo. La semana pasada se conoció que el Gobierno de España discrepa de 32 de sus 295 artículos. ¿Es normal que se cuestione una parte tan sustancial del texto?

–El cuestionamiento se ha producido, sobre todo, por choques con la ley estatal. Pero es verdad que no conozco en profundidad esa ley porque no tuvimos ocasión de informar sobre ella, que habría sido muy interesante.

–¿Por qué los informes del Cescán no se pueden consultar en ningún lugar? ¿No deberían ser accesibles para los cántabros?

–Tenemos una página web en construcción que espero que entre en funcionamiento a final de año o en enero como mucho. A partir de ahí se publicarán no solo los informes, también todas nuestras actas.

–El Gobierno la eligió por su reconocida trayectoria como penalista. No me resisto a preguntarle su opinión sobre la reducción de penas por la ley del 'solo sí es sí'.

–Creo que esa ley se ha hecho sin atender a criterios técnico-científicos. Yo formo parte de la Comisión de Codificación Penal del Ministerio de Justicia y quien ha hecho la ley no ha atendido a la propuesta que enviamos porque nos la pidieron. Es que nos lo encargaron. Creo que hicimos un gran trabajo y no se escuchó, como tampoco al Consejo General del Poder Judicial.

–Si en vez de ser presidenta del Consejo Económico y Social de Cantabria lo fuera del nacional y le pidieran un informe sobre la revisión del delito de malversación, ¿qué habría dicho?

–Es disparatado el razonamiento de que la malversación no es tan grave cuando no es para meterse el dinero en el bolsillo propio, sino para meterlo en el bolsillo de un familiar o un amigo. Desde la perspectiva penal, son dos conductas idénticas y creo que cualquier ciudadano lo entiende. No creo que el Gobierno llegue a hacerlo.

–Sí que parece que hay algo más de debate jurídico en el gremio sobre el asunto de la sedición.

–Una ley hecha a la carta a raíz de un suceso es siempre una ley inoportuna e irracional. Las leyes tienen que ser debatidas en función de un consenso público, sin tener en cuenta el contexto puntual. Nuestro Código Penal de 1995 ha sido modificado 44 veces en 27 años. Eso ya indica que ha sido modificado a golpe de suceso, como ha ocurrido con los delitos sexuales. Cuestión distinta es que sí creo que hay que acercar al ciudadano, cuando se pueda, determinadas nomenclaturas. Nadie en la calle sabe qué es la sedición y sí entiende mejor lo que es rebelión. Desde la perspectiva de la semántica, no me parece mal cambiarlo. Si se quiere modificar en cuanto al hecho que conforma el tipo penal, eso es lo que no debe hacerse. Si se atiende solo a razones políticas para modificar una ley tendríamos cambios de leyes todos los días.