«Me moriré y no habrán ni derribado ni legalizado mi casa. Es una injusticia»

Este empleado de Altos Hornos de Vizcaya, licenciado en Derecho, nacido en el municipio de Samos (Lugo), y que cumplirá el 30 de noviembre 65 años (momento en el que se jubilará), no solo es la cara visible de los afectados por los derribos, sino una víctima más de lo que él mismo califica una «estafa institucional».

Durante los veinte años de historia de AMA, muchas han sido las historias y testimonios de afectados que han trascendido a través de los medios de comunicación, pero poco se conoce sobre la historia personal de Vilela, padre de una hija de 31 años y casado con una profesora de un instituto del País Vasco, comunidad donde tiene su otra residencia, en Santurce. «Vivo a caballo entre una vivienda y otra», cuenta. Aunque también suele desplazarse con frecuencia hasta Sarria (Lugo) para visitar a sus padres.

Con 18 años, Vilela empezó a trabajar en Altos Hornos de Vizcaya -la mayor empresa de España durante gran parte del siglo XX- y tras pasar por diferentes puestos se encuentra en estos momentos inmerso en un ERE y contando los meses para poner fin a su etapa laboral. Cuando su hija apenas tenía cinco años de edad, en el año 1997, vio en la prensa anunciada la venta de unas viviendas en la zona de Argoños, donde ahora tiene su vivienda. «Nos gustó mucho y decidimos comprarla». En aquel momento todavía no se había aprobado el estudio de detalle, con lo que tuvieron que esperar hasta 1999 para firmar la escritura. «Pagué por ella (tiene 80 metros cuadros y un amplio jardín) doce millones de pesetas (72.000 euros al cambio)». Pero la felicidad que supuso en ese momento aquella adquisición, se tornó en una gran «preocupación» cuando, tres meses después de escriturar, durante un viaje a Madrid vio en una noticia publicada por este periódico que decía que las viviendas de la urbanización en la que había comprado su chalé tenían una sentencia de derribo.

Inmediatamente se dirigió al alcalde de Argoños de entonces y éste le comentó que la sentencia anulaba el estudio de detalle y la licencia de obra, pero solo afectaba a 14 de las 78 viviendas, entre las que no se encontraba la de Vilela. «Seguí investigando y asesorándome y, finalmente, me enteré de que todas la viviendas, incluida la mía, estaban afectadas». «No me lo podía creer, pensé que era un error. Era una locura y rompí a llorar», recuerda.

El presidente de AMA todavía sigue sin entender, más de dos décadas después, cómo los vecinos se toparon con una sentencia «sin que nadie, ni jueces ni administraciones, se acordara de nosotros». «La indefensión fue total, podíamos haber buscado una nulidad en el procedimiento por no habernos ofrecidos la posibilidad de personarnos, pero ya era tarde». Tras esa primera sentencia, llegaron las del TSJC y el Supremo, ratificando la orden de derribo. «En ese momento comenzamos a movilizarnos y creamos una comisión que fue la que años después, oficialmente en 2005, daría pie a la fundación de AMA». Y eso a pesar de que las administraciones «nos recomendaron ir de tapadillos». «Pero nosotros entendimos que teníamos que defender lo nuestro y demostrar, sobre todo, que no habíamos comprado unas viviendas a precio regalado y al lado del mar».

Vilela recuerda que la asociación nació con 40 o 50 afectados y en 2009, cuando llegaron a pedir una solución en el Parlamento Europeo, llegaron a ser 4.000, entre afectados y familiares. «Aquel día veníamos cantando como si hubiésemos ganando la Champions, porque pensábamos que nuestro problema se iba a solucionar». Pero nada más lejos de la realidad.

De esos 4.000 asociados, 217 han fallecido durante los últimos veinte años. «De los doce que empezamos en la primera ejecutiva, quedamos la mitad». Una circunstancia que ha marcado mucho a Vilela. «Los peores momentos que he vivido durante estos años fueron la muerte de dos de ellos, dos amigos, Daniel Paternain, con el que tenía una relación muy estrecha y que cuando estaba recibiendo la quimioterapia me decía cómo tenía que escribir las notas de prensa, y Fernando, que aunque no hablaba mucho era de los que siempre estaban ahí». Todos ellos, «lo que nos decían era que no querían dejar una hipoteca a su familia».

A estas pérdidas humanas, se suma la «decepción» por tantas sentencias y autos, que Vilela califica como «cuchilladas» porque «no se repara nada del daño que se ha hecho». Y todo ese malestar incluso le llevó en el año 2010 a presentar su dimisión como presidente de AMA. «Me sentía engañado y defraudado por las instituciones». Por eso lo dejó «un tiempo», hasta que en una asamblea los socios le pidieron que tomara de nuevo las riendas del colectivo.

Aunque Vilela sigue con «fuerzas» para seguir al frente de esta batalla, no oculta el «desgaste psicólogico» que supone representar un colectivo que, aunque cada vez más pequeño en cuanto a efectivos, sigue rondando el medio millar de afectados. «Con los años me he vuelto más escéptico, más confiado con la gente de la calle y más desconfiado con aquellos que trabajan en las instituciones públicas».

Para poder llevar el cargo de la mejor manera posible, cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, «que en los momentos más bajos es la que me saca del pozo, me dice que son bienes materiales, que tenemos algo mucho más importante como es nuestra vida, y que hay que seguir adelante». De su hija dice que «lo ha pasado mal» y «ha sido muy feliz en esa casa», pero ahora ha tomado distancia. Tras la aprobación del Plan General de Argoños, Vilela presentó en enero al TSJC una nueva licencia de obra de su vivienda y está a la espera de que la Sala decida si finalmente hay que derribarla o no. Aunque por la calificación del suelo, tras el derribo podría volver a construir una nueva, si bien cree que eso no tiene sentido. «Me moriré y mi vivienda no se ha derribado y tampoco se ha legalizado. Es una injusticia».