La morosidad con los ayuntamientos cántabros supera ya los 90 millones

«Los ayuntamientos seguimos siendo la Administración más eficiente. Cada día demostramos que somos los que mejor gestionamos los servicios a los ciudadanos, los que presentamos las cuentas más saneadas y los que aportamos superávit a las cuentas del país», defiende Pablo Diestro, alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). Son muchas las razones que ayudan a cerrar estos números positivos y que han cambiado la tendencia deficitaria del pasado: un mayor control de los recursos y los gastos, una recaudación impositiva en aumento, una constante actualización del catastro...

Y todo ello pese a los 'agujeros negros' que ensombrecen las cuentas. Porque los ayuntamientos también tienen deudas de morosos de muy dudoso, por no decir imposible, cobro. Su volumen al cierre del ejercicio presupuestario de 2017 ascendió a 91,4 millones de euros, lo que supone la cifra más alta contabilizada en Cantabria. Este saldo supera en 3,3 millones el balance de 2016 (entonces los consistorios dejaron de cobrar 88,1 millones que les correspondían).

La morosidad de empresas, sociedades o particulares con los ayuntamientos cántabros, que repuntó «muchísimo» con la crisis, no ha dejado de crecer año tras año: 39,7 millones en 2010; 44,3 en 2011, 51 en 2012; 67,1 en 2013; 75,5 en 2014; 81,3 en 2015 y así hasta superar por primera vez los 90 millones en 2017. La cantidad global de deuda con todos los ayuntamientos de España asciende a 10.831 millones. Ni siquiera las distintas medidas tomadas para facilitar los pagos han ayudado a reducir la sangría, que crece más rápido que las soluciones.

Bajo este concepto de 'saldos de dudoso cobro', Hacienda incluye todos aquellos derechos pendientes de percibir que los ayuntamientos califican como de difícil o imposible recaudación: sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización; obligaciones pendientes de satisfacer por parte de empresas que han quebrado; operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales una cantidad determinada de dinero; tasas, impuestos o multas sin pagar durante un periodo extenso de tiempo...

En definitiva, cada año, las administraciones locales cierran sus cuentas comprobando que hay determinados ingresos que no acaban de producirse a pesar a estar reconocidos sus derechos. Y lo que es peor, que las perspectivas de poder hacerlo son cada vez más pequeñas, por lo que finalmente tienen que reflejar el volumen de estas partidas en su informe de liquidación de los presupuestos que remiten al Ministerio de Hacienda para su control.

¿Cómo reaccionan los ayuntamientos ante este tipo de morosidad? ¿Qué decisiones toman? ¿Son deudas completamente imposibles de cobrar? ¿Quienes son sus principales responsables? Alcaldes y concejales de Economía de distintos municipios dan respuesta a estos interrogantes.

«Los grandes morosos que arrastramos los ayuntamientos son, sobre todo, las promotoras de viviendas, que compraron muchos terrenos para construir y que, al final, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se quedaron sin hacerlo y no completaron el pago», explica Diestro sobre la situación existente en Reocín. «Nosotros intentamos cobrar las deudas a través de profesionales que se dedican a la recaudación ejecutiva, que van hasta las últimas consecuencias, pero si las empresas deudoras están en una situación de insolvencia o se fueron a la quiebra, pues no hay nada que hacer, no se cobran», relata. Y recuerda, que cuando llegó a la Alcaldía, en 2015, tuvo que «decretar» la prescripción de 700.000 euros de deudas que se tenían con el Ayuntamiento. «Habían prescrito y ya no se podían cobrar», lamenta Diestro.

En Torrelavega, el concejal de Economía y Hacienda Pedro Pérez Noriega explica que la estrategia que realiza su Ayuntamiento es «analizar si el deudor tienen algún tipo de propiedad y proceder a su embargo», aunque la situación varía si se trata de empresas o particulares. «Si son ciudadanos, no hacemos efectivo el embargo ni sacamos el bien a subasta, pero sí lo anotamos para que, en caso de que lo venda, cobrar. Entendemos que, aunque hay 'morosos profesionales', la gente que no paga es, en general, porque no puede», detalla.

Pérez Noriega destaca que, en contra de la tendencia general, en Torrelavega ha descendido en los últimos años el nivel de morosidad -en 2017, hubo 5,8 millones de euros de insolvencias, dos menos que en 2016-, en buena parte por la incidencia del caso de Sniace. «Lógicamente, cuando ha ido pagando sí que se nota en el balance», indica.

Desde el Ayuntamiento de Camargo, Héctor Lavín, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, subraya que a día de hoy no cuentan con «ninguna deuda prescrita» y que «controlan» el montante pendiente de cobrar. Así, realizan «actuaciones periódicas» sobre el total de esas deudas y discriminan las acciones «en función de la importancia de las mismas».

A partir de ahí, consultan mensualmente con la Agencia Tributaria si tienen algún derecho de cobro por devoluciones de renta; consultan anualmente si los deudores tienen saldo en las entidades bancarias; y consultan, también de forma periódica, con la Seguridad Social y con el Registro Central de la Propiedad por si el moroso tuviera alguna propiedad en territorio nacional. Lavín destaca que el consistorio ha «potenciado» medidas para «facilitar en todo caso los cobros», como «el pago en voluntaria, fraccionamientos y aplazamientos».

En la misma línea, Ana González Pescador, concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial de Santander, también destaca que desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha «numerosas medidas» para facilitar los pagos, desde el fraccionamiento, el aplazamiento, la domiciliación telemática... Y que si el impago se cronifica, se «agotan todas las vías para intentar impedirlo», con apercibimientos, recargos, recurriendo al cobro ejecutivo...

Explica la edil que las deudas más voluminosas que sufre el consistorio son «las tributarias» y las procedentes de «otras administraciones públicas» y que en los últimos tiempos han crecido las derivadas de los intereses de las plusvalías. En un segundo plano, se hallan los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las multas, entre otras.