![La mudanza del edificio de Ministerios repartirá 500 funcionarios por todo Santander](https://s1.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/2024/01/19/90953639-kd1--1200x840@Diario%20Montanes.jpg)
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No está siendo fácil encontrar realojo para los 500 empleados públicos que ahora trabajan en el edificio de Ministerios de la calle Vargas. Las obras de reforma de la fachada que comenzarán en marzo -un mes más tarde de lo previsto inicialmente-, y que ... se prolongarán durante casi tres años, obligarán a repartir a estos empleados públicos por todo Santander. Tanto el Gobierno regional como el central saben de esta situación desde hace mucho tiempo, pero están apurando esta recta final del calendario para encontrar locales que se adapten a las necesidades de los distintos departamentos, muchas veces obstaculizados por los trámites que obligan desde Madrid.
El inmueble de la calle Vargas aloja ahora la sede de la Consejería de Educación y algunas áreas de Cultura del Gobierno de Cantabria. La otra mitad de los empleados que ocupan las diez plantas del edificio corresponde a departamentos estatales: la Oficina de Extranjería, Fomento, Demarcación de Carreteras, el Instituto Geográfico, Costas, Telecomunicaciones, Fogasa, el SEPE e Inspección de Trabajo.
En el centro Los funcionarios de la Consejería de Educación se realojarán en el edificio de Fraile y Blanco, en el Río de la Pila
Doble cambio Inspección de Trabajo se moverá primero a Nueva Montaña y después, a Isabel II
Trabas Madrid no dio permiso para el proyecto de reforma en la segunda planta de Correos
Según ha podido saber El Diario Montañés, el medio centenar de funcionarios de Inspección de Trabajo irán a un piso de la calle Isabel II número 30. Pero hace falta realizar una obra importante para adecuarlo y los permisos y trámites a los que obligan desde Madrid hará imposible llegar en plazo para que se instalen el 5 de marzo, fecha límite para desalojar los despachos de Vargas. Así que, de forma temporal, durante dos o tres meses, estarán en el edificio del Colegio de Aparejadores de Nueva Montaña, junto a El Corte Inglés.
La mudanza de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también está sufriendo problemas de logística. Estos cuarenta funcionarios, aproximadamente, se realojarán en el edificio Simeón del Pasaje de Peña número 4. Allí ocuparán planta y media, pero el problema ha llegado con el traslado del mobiliario. La zona de vado allí es pequeña, igual que los ascensores, y la tejavana del bar de abajo impide subir los muebles por la fachada.
En un primer momento estaba previsto reformar la segunda planta de Correos para albergar a los empleados de Trabajo y Fomento, pero desde Madrid no han dado permiso debido a la envergadura de las obras que se necesitaban hacer. Así que ha habido que buscar otras alternativas. Demarcación de Carreteras se mudará a la primera planta de Correos, mientras que los 5 o 6 empleados de Fogasa se marcharán a un local de la calle Atilano Rodríguez.
Lo de Extranjería es más complicado. Como es necesario que el registro esté a pie de calle, todo apunta a que un funcionario se instalará en la planta baja de Delegación de Gobierno, mientras que el resto se irá con los responsables de la Casa de Mapas y del área de Trabajo a la Travesía del Cubo -calle Luis Hoyos- a un edificio en el que han alquilado dos plantas.
Demarcación de Costas y Telecomunicaciones ya tenían elegido un local en la calle San Fernando, pero Patrimonio se lo ha denegado por excederse de metros, así que siguen buscando localización.
Los mas de 250 funcionarios del Gobierno regional que trabajan allí también han estado buscando destino hasta el último momento. Según ha podido saber El Diario Montañés, los empleados públicos de la Consejería de Educación se trasladarán al edificio de Fraile y Blanco del Río de la Pila. Mientras que para las áreas de Cultura integradas allí se baraja la Biblioteca Central como posibilidad, entre otras opciones.
El edificio de Ministerios de la calle Vargas, que abrió sus puertas en 1980 y sufrió un atentado con coche bomba de ETA en 2002, necesita una urgente reforma interior y energética que será financiada con fondos europeos. Al formar parte del Patrimonio Sindical Acumulado, el inmueble pertenece al Estado, pero se lo cede gratis al Gobierno cántabro para su uso compartido desde que se aprobó la Ley de 1986. Es el Ministerio de Economía el encargado de gestionar la obra de reforma, que ha sacado a licitación por 13 millones de euros y con tres años de plazo para acabarlas.
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