Mudanza masiva de funcionarios del edificio de Vargas para una reforma de once millones

Una de las principales causas de esta demora ha sido, precisamente, encontrar realojo para ese medio millar de trabajadores públicos del Estado y del Gobierno de Cantabria. Una tarea que no ha sido nada fácil por la falta de espacios habilitados en la ciudad, pero también por los obstáculos administrativos desde Madrid. De hecho, los 500 funcionarios acabarán repartidos por ocho sedes distintas de Santander durante el año y medio que duren las obras.

El inmueble de la calle Vargas aloja ahora la sede de la Consejería de Educación y algunas áreas de Cultura del Ejecutivo autonómico. La otra mitad de los empleados que ocupan las diez plantas del edificio corresponde a departamentos estatales: la Oficina de Extranjería, Fomento, Demarcación de Carreteras, la Casa del Mapa, el Instituto Geográfico, Costas, Telecomunicaciones, Fogasa, el SEPE e Inspección de Trabajo.

El edificio de Ministerios de la calle Vargas, que abrió sus puertas en 1980 y sufrió un atentado con coche bomba de ETA en 2002, forma parte del Patrimonio Sindical Acumulado, por lo que pertenece al Estado, que se lo cede gratis al Gobierno cántabro para su uso compartido desde que se aprobó la ley de 1986. Por eso es el Ministerio de Economía y Hacienda el encargado de gestionar la obra de reforma. No ha sido hasta el pasado diciembre cuando Segipsa, la sociedad pública encargada de la gestión inmobiliaria del patrimonio nacional, ha adjudicado los trabajos de rehabilitación por 11 millones de euros –IVA incluido–, con cargo a los fondos europeos. Unas obras que incluirán la reforma de la fachada y de algunos espacios del interior, además de una urgente actualización energética del edificio.

La empresa encargada de ejecutarlos en un plazo de 18 meses será Edhinor, con sede en Madrid y un largo historial de contrataciones públicas para construir y reformar edificios, como la cubierta de la plaza de toros de Las Ventas, las sedes del Banco de España en Ávila y Pontevedra y la iglesia de la Santa Cruz de la calle Atocha de Madrid.

Mientras duran las obras, cada uno de los departamentos irá a una zona distinta de Santander. El medio centenar de funcionarios de Inspección de Trabajo se mudará a un piso del número 30 de la calle Isabel II. Pero hace falta realizar una obra importante para adecuarlo y los permisos y trámites a los que obligan desde Madrid hará imposible llegar en plazo para que se instalen este mes. Así que, de forma temporal, durante dos o tres meses, estarán en el edificio del Colegio de Aparejadores de Nueva Montaña, junto a El Corte Inglés.

El realojo de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también sufrió el mes pasado problemas de logística. Estos cuarenta funcionarios, aproximadamente, estarán hasta finales de 2025 en el edificio Simeón del Pasaje de Peña número 4. Allí ocupan planta y media, pero el problema llegó con el traslado del mobiliario. La zona de vado allí es pequeña, igual que los ascensores, y la tejavana del bar de abajo dificultaba subir los muebles por la fachada.

En un primer momento estaba previsto reformar la segunda planta de Correos para albergar a los empleados de Trabajo y Demarcación de Carreteras, pero desde Madrid no dieron permiso debido a la envergadura de las obras que se necesitaban hacer. Así que hubo que buscar otras alternativas. Carreteras se mudará a la primera planta de Correos, mientras que los seis empleados de Fogasa se marcharán a un local de la calle Atilano Rodríguez.

Lo de Extranjería es más complicado. Como es necesario que el registro esté a pie de calle, un funcionario se instalará en la planta baja de la Delegación del Gobierno, mientras que el resto se irá con los responsables de la Casa del Mapa y del área de Trabajo a la Travesía del Cubo –calle Luis Hoyos– a un edificio en el que han alquilado dos plantas. La Casa del Mapa es un servicio vinculado al Centro Nacional de Información Geográfica donde se puede obtener todo tipo de material cartográfico, incluidas imágenes áreas actuales e históricas.

Más complicado lo han tenido los funcionarios de la Demarcación de Costas y Telecomunicaciones, para los que ya tenían elegido un local en la calle San Fernando, pero Patrimonio se lo denegó por excederse de metros, así que han estado en busca de un lugar hasta hace muy pocos días. Finalmente se instalarán en el antiguo edificio Lainz de la calle Juan de Herrera, frente a la iglesia de La Anunciación.

Los mas de 270 funcionarios del Gobierno regional que trabajan allí también han estado buscando destino hasta el último momento. Los empleados públicos de la Consejería de Educación se trasladarán de forma progresiva –todavía no lo han hecho– al edificio de Fraile y Blanco del Río de la Pila. Mientras que las áreas de Cultura integradas allí se moverán a la Biblioteca Central, donde ayer mismo estaban haciendo el traslado del mobiliario.

En cualquier caso, será una mudanza temporal, ya que el Gobierno pretende reunificar sedes y ahorrarse alquileres a medio plazo. Puede que Educación regrese a la calle Vargas después del año y medio de reforma o que sus funcionarios estrenen las dependencias del Mupac, en construcción en Puertochico, donde casi la mitad de sus 21.000 metros cuadrados se dedicarán a espacio administrativo. Allí está previsto que trabajen 275 empleados público del Gobierno, preferiblemente de la Consejería de Cultura, ahora mismo repartida en varias zonas.

Lo que quedó completamente descartado el año pasado fue reubicar a gran parte de los funcionarios del Estado en la vivienda ubicada en la última planta de la Delegación del Gobierno. El Ministerio de Política Territorial llegó a encargar un estudio en 2022 por valor de 317.270 euros, pero se tiró finalmente a la papelera.