«El 60% de las mujeres que pide abortar no usa correctamente el anticonceptivo»

El centro de salud sexual y reproductiva La Cagiga «asume todas las peticiones» de interrupción del embarazo. Y a cualquier mujer que acuda ya se le oferta «la posibilidad de hacerlo en el servicio público», añade Jubete. No obstante, algunas mujeres rechazan esa opción y es entonces cuando el caso se deriva a una clínica privada. Una decisión que recae en la paciente y que algunas toman porque «puede ser que no quieran el IVE farmacológico», dice Jubete, la única forma de realizarlo en Valdecilla. Así, en 2020 la sanidad pública atendió al 67% de las mujeres que solicitaron IVE. Un porcentaje que, a lo largo del 2021, superó el 70%. Se realizaron 590 y se derivaron 210. Y el procedimiento no va a sufrir variaciones con la nueva ley, según Jubete.

Otro punto que incorpora la norma para garantizar, precisamente, que se realizan abortos en hospitales públicos, es regular de forma más estricta la objeción de conciencia. Habrá un registro autonómico para organizar los servicios asistenciales y asegurar que siempre haya un especialista preparado en los centros. ¿Y cuál es la situación del servicio de Valdecilla? En concreto hay 4 facultativos que son objetores de las 32 personas que conforman la unidad. Es decir, un bajo porcentaje que resulta «perfectamente asumible», tranquiliza Jubete. La profesional recuerda que se trata de un derecho incluido en el Código Deontológico, reconocido por la Constitución Española y que ellos «respetan». Además, de entre quienes se oponen a llevar a cabo la interrupción, hay algunos que admiten una objeción total, mientras que otros solo se muestran contrarios a uno de los tres casos: el aborto voluntario por debajo de las 14 semanas, el primer supuesto de interrupción en el que la mujer no debe alegar nada.

La segunda posibilidad recogida en la norma son las «anomalías fetales graves o grave enfermedad materna por debajo de las 22 semanas», enumera la jefa de Ginecología de Valdecilla. En este caso la totalidad de las interrupciones son asumidas por el servicio público. Al igual que los abortos que se realizan por encima de ese plazo temporal, siempre que el feto presenta «anomalías gravísimas incompatibles con la vida».

Por otro lado, una vez entre en vigor la nueva norma, las jóvenes de 16 y 17 años podrán acudir a los centros y solicitar la finalización del embarazo sin necesidad de presentar un permiso paterno para poder acceder al servicio. Un paso que, hasta ahora, era obligatorio. Ese será un cambio importante en el procedimiento. No obstante, cuando los profesionales se topen con estas situaciones seguirán atendiendo a las menores con la misma atención que hasta ahora. «Primero se hace una labor de concienciación, sin culpabilizar nunca a la mujer, pero sí se les informa de los métodos anticonceptivos», explica Jubete. Aunque no es lo habitual, siempre hay un porcentaje de jóvenes que acuden a los centros abortar. «Por debajo de los 19 años representan un 5%» de las peticiones, aclara la sanitaria.

En 2021 hubo en Cantabria un total de 3.297 partos y 819 peticiones para interrumpir el embarazo. Un dato que llama la atención y sorprende a la jefa de Ginecología. Por eso la profesional recuerda que en la región los «métodos anticonceptivos seguros son gratis. Ponemos un DIU o un implante subcutáneo, de forma gratuita. Los da el Servicio Cántabro de Salud».

La nueva ley incorpora también la posibilidad de dar una baja para mujeres con menstruaciones muy dolorosas. A falta de datos, desde el servicio señalan que el porcentaje de personas que podrán necesitarlo «es bajísimo» y, en general, excepto en aquellos casos específicos que están relacionados con la enfermedad de la endometriosis, «el resto es porque no se conciencian de que hay que tomar analgesia o ponerse un tratamiento». Jubete explica que un alto porcentaje de las mujeres que acuden a la consulta por fuertes dolores durante la menstruación, reconocen no tomar nada para intentar paliarlos.

«El dolor es una cosa muy fisiológica y lo normal es que se pase con una buena analgesia», aclara la profesional. No obstante, reconoce la importancia de que el derecho se recoja y se garantice esa posibilidad a quienes puedan necesitarlo. «Pero la ley está hecha para administrarla con responsabilidad», concluye.