Multas, avisos y desalojos: primeras medidas para atajar el descontrol de las autocaravanas

El caso de Phillip es sólo uno de tantos relacionados con un problema que se antoja mucho más global, que tiene que ver con el boom de este tipo de turismo, que de tres años a esta parte se ha popularizado hasta un punto que ha cogido con el pie cambiado a muchas ciudades españolas, incapaces de acoger tal volumen de afluencia.

Por eso ayer, a eso de las nueve de la mañana, dos policías locales llamaron a las puertas de todas las caravanas mal estacionadas en Las Llamas. «Estamos avisando a la gente de que no pueden estar aquí, que en este lugar no pueden acampar», les avisan con amabilidad. Luego toman nota de todas las matrículas de los vehículos aparcados en el parking reglado porque la norma dice que no pueden pasar más de 48 horas en un mismo espacio. Realizan una labor intensa de vigilancia y en algún caso se han visto obligados a multar a quienes se niegan a cumplir las normas.

Una alternativa para pasar la noche es el camping; pero también ahí, en ocasiones, se plantean problemas. «Nos cobran 37 euros la noche y además, nos dicen que podemos contratar un mínimo de dos noches. Nosotros queremos pasar sólo una. Estamos de paso», asegura Phillip.

Los profesionales de estos negocios lo ven de otra manera. «Los servicios que ofrecemos nosotros son mucho más completos y evidentemente tenemos que cobrarlos», defiende Berna Carral, presidenta del centro de iniciativas turísticas de Isla y copropietaria del camping Playa de Isla. «Lo que tampoco veo normal es que el consistorio tenga que habilitar espacios de parking públicos. ¿Por qué con los impuestos de todos tenemos que pagar las vacaciones de unos pocos?», cuestiona Carral.

Todo el mundo tiene prohibido acampar, pero ¿qué se entiende por acampar? Se supone que no se pueden desplegar toldos, sillas, mesas, anclajes a las ruedas de los vehículos, etc. «El origen del problema es que la mayor parte de los que viajamos de esta manera somos personas cívicas, pero...», comenta Juan Pitarch, valenciano de paso por Santander. Él es uno de los que encontraron este lunes un estacionamiento legal en el parking. «Lo que pasa es que también hay quien ensucia el entorno y monta auténticos campamentos alrededor. Eso no se puede hacer», asegura.

El matrimonio formado por Encarna Navarro y Miguel González, que se despiertan a las ocho de la mañana en el aparcamiento de Las Llamas, cree que esos comportamientos indebidos han estigmatizado este modelo de turismo; algo que no tiene nada que ver con la realidad. «Una caravana cuesta del orden de 80.000 euros y el alquiler diario tiene un precio mínimo de 150 euros. Estamos hablando de un mercado que mueve la economía porque luego esta gente se mueve por la ciudad y consume», explican. Luego hay personas que se mueven con furgonetas y en condiciones más sencillas, pero no son la mayoría.

De cualquier manera nadie puede prohibir a estos vehículos pasar la noche en un aparcamiento legal en la vía pública si no despliegan enseres propios de la acampada. Aunque hay excepciones. En Liencres hace semanas que el Ayuntamiento de Piélagos colocó unos carteles informativos avisando de que está prohibida la pernoctación. «Esto es un parque natural y la ley impide dormir; por eso estamos tomando medidas», informa Carlos Caramés (PP), nuevo alcalde de la localidad. Allí se han puesto ya varias multas, aunque la labor de la Policía Local continúa siendo mayoritariamente informativa. «Lo que pasa es que pese a todo hay personas que se niegan a cumplir la ley, y entonces no queda más remedio que denunciar», aclara el regidor.

Lo mismo sucede en Oyambre. Allí han proliferado tanto los prados particulares donde los propietarios cobran un precio simbólico para estacionar que el paisaje se está convirtiendo en un enjambre de autocaravanas frente a los acantilados. «Tanto los agentes de Medio Natural como la Guardia Civil están actuando pero no somos suficientes para atajar un problema que se está descontrolando por el gran volumen de afluencia», destaca Raquel Sánchez, responsable de la Sección de Espacios Protegidos del Litoral del Gobierno de Cantabria, porque aquello es, también, parque natural. Agentes del Seprona llevan toda la semana interviniendo en estos aparcamientos ilegales donde pueden llegar a congregarse hasta 200 vehículos. Avisan, informan, desalojan y, en algunos casos, sancionan.

«Lo que está haciendo mucha gente que permite aparcar en prados es una auténtica barbaridad», denuncia Raúl Peña, vicepresidente de la Asociación de las Áreas de Caravanas de Cantabria. «Es una competencia desleal y completamente ilegal para aquellos que han invertido en habilitar espacios de autocaravanas legales y con servicios», añade. «Cantabria tiene mucho por hacer en este sentido. Necesitamos crear espacios bien hechos y que cumplan las normas porque este turismo está ahí y sólo va a ir a más», advierte. Entre tanto, los problemas de masificación, suciedad y descontrol persistirán.