Las multas por consumo de drogas alcanzaron los 2,5 millones de euros en 2017

La mejor manera de saber si son muchos o pocos es comparar la cifra con la de otros territorios. A pesar de que Cantabria es una de las comunidades más pequeñas del país, ocupa la undécima posición del ranking nacional. Supera, por ejemplo, a Asturias, Murcia, La Rioja o Navarra y está al mismo nivel que Baleares y sólo un escalón por debajo de la Comunidad de Madrid, donde hubo 5.772. A pesar de que los registros regionales son algo inferiores a los del ejercicio anterior -una caída del 20% en el número de sanciones y del 19% en la cuantía total-, Cantabria sigue teniendo uno de los índices más altos por habitantes.

No es una novedad, sino que la tendencia se viene repitiendo desde los últimos años y siempre desde la Delegación del Gobierno en Cantabria han explicado que se debe a que se tramitan «todas las notificaciones que llegan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y que se llevan al día, algo que quizás no ocurra en otras regiones. El proceso administrativo comienza con la labor de calle de los agentes. Ellos son los encargados de hacer una propuesta de denuncia, pero la última palabra la tiene la Delegación del Gobierno. Aunque la ley no lo especifica la línea que separa la infracción del delito, la jurisprudencia sí ha marcado unos límites. Con la marihuana son los 100 gramos. Algo menos con el hachís (25 gramos), cocaína (7,5 gramos), heroína (3 gramos), metadona (1,2 gramos) MDMA (1,4 gramos), anfetamina (0,9 gramos) y LSD (3 miligramos). En esos casos sí se procede a la detención.

Además de los 3.840 expedientes por consumo o tenencia de 2017, hubo otras infracciones de carácter grave. Por ejemplo, por la plantación y cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, que sumaron ocho casos -fueron más, pero casi todos estos supuestos se tramitan por la vía penal- a razón de casi mil euros cada uno. Mayor incluso fue la sanción, de 3.000 euros, para las dos personas que permitieron el consumo de drogas en sus establecimientos.

Después de los asuntos de drogas, las infracciones recogidas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida popularmente como 'ley mordaza'- que más trabajo dieron a los agentes fueron, precisamente, los que tienen que ver con su relación con los ciudadanos. Se pusieron 1.159 frente a las 1.026 de 2016 con una sanción media superior a los 300 euros y suma una recaudación total de 367.612 euros. Este crecimiento hace que Cantabria siga en la zona alta del ranking nacional en cuanto a la aplicación de esta norma. Hubo una sanción por cada 500 habitantes, una proporción que sólo superan Aragón. En la parte contraria están Baleares, Cataluña y Navarra. En todas ellas hubo menos de un caso por cada 1.500 vecinos. Los supuestos del artículo 37.04 (falta de respecto o consideración a los agentes) y los del 36.06 (desobediencia a la autoridad) se contabilizaron 873 expedientes, 150 más que en el ejercicio anterior.

También se recogen 153 casos de desórdenes o obstaculización de la vía pública. Son más anecdóticos los episodios como la exhibición sexual, dar datos falsos a la autoridad pública, el descontrol de animales feroces o la falta de colaboración para averiguar delitos.

Durante el pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región detectaron 718 infracciones por asuntos de carácter grave pero que no llegaron a la categoría de delito relacionados con armas y material explosivo. La mayoría de ellos, hasta 733, fueron por infringir el artículo 36.10 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el que impide portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como armas legales sin la preceptiva licencia.

En esta cifra también se incluyen las infracciones cometidas por aquellos que, a pesar de tener todos los permisos en orden, actuaron de manera «negligente, temeraria o intimidatoria, o fuera de los lugares habilitados para su uso». De media, cada uno de los denunciados en 2017 tuvo que pagar una sanción de 661 euros, por lo que la recaudación total a 31 de diciembre ascendió hasta los 475.080 euros. Fueron 80.000 euros más que el ejercicio anterior a pesar de que también hubo 60 denuncias menos.

De esta manera, Cantabria es la novena comunidad autónoma con un mayor número de faltas de este tipo por delante de otras con mucha mayor población como Baleares, Asturias, Cataluña, Murcia o País Vasco. Encabezan la clasificación Andalucía (7.981), Madrid (2.898) y la Comunidad Valenciana (3.346).

Respecto al resto de las otras 69 infracciones que se recogen en este apartado, 60 -a razón de 627 euros de media cada una- se debieron a la «fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación». Otros nueve tuvieron que pagar los identificados por la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, pero que no constituyeron un delito.