Los municipios acogen con frialdad el borrador del decreto de pisos turísticos

«La masificación, mal gestionada, puede acabar deteriorando un destino como el nuestro. Tenemos pues que tomar medidas para evitar un turismo descontrolado y poco sostenible que castigue nuestro territorio y nos haga perder calidad», contextualizó Buruaga en su discurso en el hemiciclo. «El decreto de 2019 –continuó– ha quedado superado y obsoleto en poco tiempo. Y el anterior Gobierno comenzó a estudiar su reforma pero se amilanó, como en tantas otras cosas. La solución no es fácil y debería implicar también al Estado, cuya Ley de Vivienda no ha hecho más que empeorar el problema y es, en gran medida, responsable de la situación. Pero con eso de momento no podemos contar». Dijo que el borrador que ya casi tienen listo «nace del consenso del sector y de los ayuntamientos especialmente afectados». Y que se «pretende definir el procedimiento de comprobación e inspección de las declaraciones responsables y asegurar que la vivienda turística cuente con un seguro de responsabilidad civil». Pero la principal novedad que adelantó la presidenta es esa opción para los consistorios de la comunidad. La posibilidad de limitar a bajos y primeras plantas.

Desde Hostelería sí respondieron. Que «hay que garantizar que todos los ayuntamientos actúen bajo los mismos criterios» y que «es muy importante que la ley se aplique con efectos retroactivos». Y también desde la Asociación de Turismo Rural. «La opción de autorizarlos en el primer piso no cambia la situación actual. Una vez que se utiliza el portal y las zonas comunes, la problemática es similar». Poco entusiasmo en los primeros comentarios, publicados en este periódico.

¿Y qué responden los ayuntamientos? El Diario Montañés ha contactado con diez esta semana. Prefieren «esperar a conocer el contenido del decreto para hacer una valoración». Esa fue la respuesta desde Santander, calcada a la que dan en Piélagos. Y en Laredo y Noja rechazan pronunciarse. Los cuatro alcaldes, en este caso, son del Partido Popular.

La regidora de San Vicente de la Barquera (PSOE), en la misma línea, pide más tiempo para valorar el asunto y finalmente tampoco se pronuncia. La de Castro (también socialista), directamente, descarta hacer comentarios. Y la lista avanza sin encontrar contestaciones concretas. En Santoña, desde la Alcaldía (Santoñeses) aseguran que desconocen «la información como para entrar a valorar algo». «No nos ha llegado nada al respecto», añaden. Desde Suances (PSOE), lo mismo. Destacan que «mientras no haya más información» no pueden «hacer valoraciones». Y en Santillana del Mar, muy parecido. «No podemos dar una opinión porque no tenemos mucha información. Queremos saber qué mecanismo exacto piensan utilizar», apunta la nueva alcaldesa del municipio, del PRC.

Nueve de diez. Sí que habla el alcalde de Torrelavega, el regionalista Javier López Estrada (que también es diputado). El único que analiza lo dicho por Buruaga. Con una premisa clara: «Ha de ser el Gobierno autonómico el que regule las condiciones de autorización de las VUT». «En el instrumento de regulación, por otro lado, tendrá que dar a los ayuntamientos potestad para actuar en determinados ámbitos regulatorios dentro de su territorio», amplía. A su juicio, «en Cantabria todavía tenemos capacidad de maniobra para que la existencia de las VUT no sea un daño irreversible al funcionamiento armónico de nuestra estructura territorial». «Pero el margen de actuación –advierte– se va acabando. Decenas de ayuntamientos costeros están teniendo una presión brutal». Es posible que mañana mismo se conozcan las medidas que plantea el Gobierno. El borrador ya está listo.