Los municipios cántabros podrán invertir los 74 millones de su superávit si cambia la regla de gasto

La mejor manera para entender el funcionamiento de la conocida como regla de gasto es utilizar un caso práctico como el de Alfoz de Lloredo, escogido por estricto orden alfabético. Según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, el pasado año ingresó por diversas vías 2,5 millones de euros y gastó algo menos de 2. O lo que es lo mismo, tuvo un superávit de medio millón de euros. Según lo establecido en la ley, el ayuntamiento no podía 'gastarse' esa cantidad -salvo en casos muy concretos- en la contratación de empleados o en la mejora de un servicio público, sino que tendría que destinarlo a reducir una deuda municipal que, según la misma fuente, asciende a un millón de euros. La parte positiva es que un hipotético regidor manirroto estaría controlado por el Gobierno central. La negativa es que, aun habiendo margen suficiente, algunas necesidades ciudadanos no se cubrirían.

En total, los municipios 'cumplidores' de la región -están excluidos aquellos que pagan a los proveedores a más de 30 días o que tienen una deuda superior al 120% de sus recursos, una minoría- tuvieron el año pasado un superávit conjunto de 73,9 millones de euros. Una cantidad que, si hubiera estado en vigor el cambio normativa que está debatiendo el Congreso de los Diputados, se podría haber transformado en inversiones concretas. «Esta regla de gasto nos limita mucho. Si por algún motivo nos llega un ingreso no previsto no podemos utilizarlo para gasto corriente, temas sociales, infraestructuras deportivas y mucho menos para ampliar las plantillas», señala Pablo Diestro, alcalde de Reocín y presidente de la Federación Cántabra de Municipios.

Diestro precisa que la actual ley sólo permite destinar parte de ese dinero a lo que se denominan 'inversiones financieramente sostenibles' y que, en la práctica, se reduce a dos elementos muy concretos: «carreteras y alumbrado». «Además, si tienes 200.000 euros de superávit y gastas 100.000 estás obligados a destinar otro tanto a reducir la deuda», detalla el regidor de Reocín. En su opinión, no es comprensible que ningún alcalde esté en contra de un cambio normativo como este: «Los sufrimos los alcaldes regionalistas, socialistas y populares, todos por igual. Me parece raro que el PP esté en contra porque sus alcaldes también han dicho muchas veces que no les gusta».

Esta mayor capacidad para invertir es uno de los distintos cambios que incluye la proposición de ley de Podemos que en sus primeros trámites ha tenido el apoyo de los nacionalistas y el PSOE -con peros- y la negativa o abstención del PP y Ciudadanos, ya que consideran que algunos de sus aspectos abren la puerta a un descontrol de las cuentas públicas como ya ocurría antes de 2013. Un argumento con el que coincide la concejala de Economía del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador: «La propuesta de Podemos no tiene sentido porque es destructiva. Gracias a esta Ley de Estabilidad muchos ayuntamientos están saneando su situación. No podemos olvidar el pasado de inestabilidad de muchos municipios que ponía en riesgo el Estado del Bienestar».

La edil de la capital defiende que la regla de gasto introduce «racionalidad» a las cuentas locales y recuerda que todo el país tiene un compromiso con la Unión Europea porque «aún estamos en una situación de déficit excesivo». Además, aunque considera que la mejora económica actual da cierto margen para flexibilizar las exigencias, esta norma no ha impedido a los ayuntamientos seguir invirtiendo. Eso sí, «de manera sostenible».

Si finalmente todo el trámite parlamentario concluye de forma satisfactoria para los impulsores de la reforma legislativa, los ayuntamientos podrán destinar a inversiones o proyectos diversos el dinero de su superávit que ahora queda como remanente. Aproximadamente, habrían sido 74 millones de euros este ejercicio. Pero, ¿de dónde sale esa cifra? En primer lugar, quedan descartados los 14 municipios cántabros que pueden considerarse como 'incumplidores'.

Son aquellos que tienen una deuda mayor al 120% de sus ingresos anuales y los que tardan más de 30 días en pagar a sus proveedores, los dos requisitos que propone Podemos para flexibilizar la Ley de Estabilidad. El primer punto sólo lo incumple Tresviso, cuyo pasivo es del 136% de su presupuesto anual. En el segundo, la lista es algo más amplia. En concreto, trece ayuntamientos que van desde Arredondo, que tarda casi un año en pagar sus facturas, hasta Solórzano, que se queda fuera por los pelos ya que lo hace a los 32 días, dos más de los permitidos. Entre ambos se quedan Cartes, Corvera de Toranzo, Escalante, Guriezo, Lamasón, Miengo, Ruesga, Santa María de Cayón, Soba, Udías y Villaescusa.

Sí están dentro de la categoría de 'cumplidores' con las exigencias otros ayuntamientos que, en cambio, tampoco podrían destinar su superávit a inversiones. El motivo es muy sencillo, en el año 2016 tuvieron más gastos que ingresos. O lo que es lo mismo, no tuvieron superávit (veasé el gráfico basado en los datos de Hacienda). Actualmente, a pesar de la rigidez de la legislación estatal, existen algunos recovecos para que los ayuntamientos que no deben nada a los bancos y que sí que tienen dinero para gastar de ejercicios anteriores puedan ponerlo en circulación y así «crear empleo y dinamizar la economía local».

Es el caso de Polanco. «Estamos totalmente saneados y podemos gastar parte de ese dinero, pero por ello el Estado nos penaliza, no tiene mucho sentido», cuenta su alcaldesa, Rosa Díaz. Se refiere a la obligación que tiene el consistorio de diseñar un Plan Económico y Financiero que cuente con la aprobación del Ministerio de Hacienda y que sigan a rajatabla en los próximos años. En Polanco optaron por ponerlo en marcha. De lo contrario, ese remanente seguiría esperando en su cuenta bancaria y, en cambio, ahora se traduce en «multitud de obras».

«Sería una buena noticia ese cambio porque los vecinos no entienden, y es normal, que si tenemos dinero no podamos invertirlo para mejorar sus vidas. En general, los ayuntamientos cántabros hemos demostrado que gestionamos bien. La mejor prueba es que cada vez son más los ayuntamientos que tienen superávit», concluye Díaz.