Los municipios tendrán libertad para elegir si quieren menos suelo rústico para construir

La primera de ellas tiene que ver con la Ley del Suelo. Fomento confirma su intento de recuperar la filosofía de la ley de 2012, mucho más permisiva con la construcción en suelo rústico que la aprobada por el bipartito en 2022. Fue ese año, durante el Gobierno de Ignacio Diego, cuando se abrió la puerta a la construcción de vivienda unifamiliar en ese tipo de terrenos, pero solo a un máximo de 200 metros del núcleo urbano. Sin embargo, el año pasado, el PSOE redujo esa distancia a 100 metros. Ahora vuelve otra vez a los 200 metros y, además, especifica literalmente que también se podrán instalar allí «campamentos de turismo y áreas de servicio de autocaravanas». Algo que ya sucedía aunque que no aparecía mencionado como tal en la normativa.

Pero quizás lo más destacado de esta reforma es la libertad que el Gobierno del PP dejará a los ayuntamientos para acogerse o no a ella. Es decir, si un municipio no quiere liberar ni un solo metro para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico no tiene por qué hacerlo.

«Tanto el PRC como todos los ayuntamientos de cualquier signo están a favor de nuestra reforma, el respaldo es muy mayoritario, pero pese a todo, si alguno no quiere hacerlo, sea o no del PSOE, lo va a tener facilísimo», señaló el consejero de Fomento, Roberto Media, quien sacó pecho porque durante los diez años que estuvo vigente la Ley del Suelo aprobada por el PP «no se ha cometido ninguna aberración urbanística ni se ha construido nada raro».

Lo que sí deberá hacer el Gobierno, aunque no era lo que tenía previsto, es llevar todas estas modificaciones al Parlamento para que se debatan allí antes de la aprobación del Presupuesto. Así, al menos, es como se recoge en uno de los puntos del acuerdo firmado con el PRC.

No será la única novedad legislativa en la que los ayuntamientos tendrán la libertad para acogerse o no a la reforma. La Ley de Medidas también introduce por primera vez en Cantabria la figura de la declaración responsable en la Ley de Espectáculos. A día de hoy si un establecimiento quiere organizar un evento musical o de cualquier tipo tiene que pedirlo con dos meses de antelación y esperar a tener la autorización. Ahora no será necesario. Se compromete a cumplir la normativa de antemano y, si no lo hace, será sancionado. Un decreto determinará exactamente qué tipo de actividades se pueden hacer con esa declaración, pero el Gobierno, una vez más, no obligará a los ayuntamientos a que la utilicen.

El otro gran capítulo de la Ley de Medidas es la reforma fiscal que la presidenta de Cantabria ha convertido en su medida estrella en este arranque de legislatura. «Bajar todos los impuestos todo lo que pueda a todo el mundo», dijo en su discurso de investidura. Y eso es lo que se refleja en la normativa ya registrada en el Parlamento, con los matices incluidos, eso sí, tras su acuerdo con el PRC.

El compromiso es extender la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que actualmente se aplica entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, reducir el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto para bienes muebles como inmuebles, eliminar el Impuesto de Patrimonio y rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas.

Como se puede ver en la tabla que acompaña esta información, esta reforma tendrá un impacto mínimo en las arcas públicas el año que viene, apenas 18,1 millones. El Gobierno dejará de ingresar 42,2 millones en 2025 y ya a partir de 2026 empezará a rondar los 90 millones, que el Ejecutivo espera compensar con un aumento de la actividad económica.

En el ámbito sanitario, la Ley de Medidas incluye un cambio importante en la gestión al introducir la figura del área única de Salud en Cantabria, que facilitará el movimiento de profesionales de un centro a otro dentro del Servicio Cántabro de Salud. Hasta ahora, si un hospital necesitaba reforzar su plantilla de forma temporal, la Consejería necesitaba firmar una orden expresa. Ya no será necesario, aunque los escenarios en los que puede tomar esta decisión no quedan demasiado claros en la Ley de Medidas, donde solo se habla de supuestos muy generales como «la realización de programas y proyectos asistenciales que mejoren la calidad de los servicios ofertados a los ciudadanos y la prestación de asistencia sanitaria en puestos de difícil cobertura», entre otros.

Ese área única también dará libertad de elección de médico, centro y servicio a los pacientes, con la idea de favorecer que el acceso a los tratamientos sea equitativo e independiente del lugar de residencia. Además, el Ejecutivo, en un intento por proteger más a los profesionales sanitarios, incluye como infracciones con sanción económica las faltas de respeto que puedan sufrir.