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Colindres es un buen ejemplo para ilustrar el problema al que se están enfrentando diversos municipios de Cantabria que, sin ser eminentemente turísticos, están afectados ... por el efecto centrífugo de otros que sí lo son. En su caso, Laredo. Una de las consecuencias más notorias de estas simbiosis es el desplazamiento de población que busca asentarse lo más cerca posible de sus ayuntamientos de origen. Eso aumenta aún más la presión en el mercado inmobiliario de los municipios de acogida, que tienen que ingeniárselas para crear vivienda para atender a toda la demanda endógena y exógena.
Colindres siempre ha sido pesquero e industrial. El hecho de no tener playa, pese a su cercanía al mar, le ha hecho estar en un segundo plano en el fenómeno bautizado como 'turistificación'. Tiene unas 4.000 viviendas y viven oficialmente poco más de 8.500 personas, y hasta ahora se las había arreglado para ir dando cobertura a la demanda interior. De un tiempo a esta parte, se ha ido convirtiendo en un apéndice de Laredo, que exporta vecinos porque allí la oferta residencial es escasa y los precios están disparados. Además, se da la circunstancia de que Colindres es un municipio muy pequeño en extensión, de apenas 6 kilómetros cuadrados, lo que hace que encontrar suelo disponible para construir sea aún más difícil. Por todo lo anterior, su Ayuntamiento ha llegado a la conclusión de que la manera más rápida y eficaz de crear vivienda nueva es realizando una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «con la intención de hacer más atractiva la promoción de viviendas con algún tipo de protección».
A la vez, el Consistorio que dirige Javier Incera (PSOE) cederá una parcela de titularidad municipal para construir 20 viviendas de precio tasado, que saldrá al mercado por debajo del precio de mercado. «Dentro de esa modificación, hay suelo nuestro y otro del Estado que es industrial, pero que no se ha desarrollado como industrial. El objetivo es convertirlo en residencial para construir allí vivienda de protección oficial», explica su concejal de Urbanismo, Adrián Setién.
En el caso de Colindres, la fórmula elegida es la de la modificación puntual del PGOU, que es mucho más rápida -al menos tres años más, según el Consistorio- que esperar a la aprobación definitiva del Plan General. Por esta razón, el equipo de gobierno ha realizado el encargo a la empresa Omicron, que es la que está redactando el futuro proyecto. Además, esta fórmula no interferirá ni retrasará la redacción del PGOU, «puesto que se incorporará al documento definitivo y será redactada por el mismo equipo».
El 'efecto Laredo' también se deja notar en otro municipio vecino: Bárcena de Cicero. «Nosotros estamos subiendo de manera exagerada de población, y eso que vivienda nueva no se está construyendo», explica su alcalde, Gumersindo Ranero (PRC). «El padrón ha subido como en 600 personas y había vivienda en alquiler que ahora mismo se está vendiendo para primera vivienda», destaca. «Se nota que la gente quiere venir a vivir aquí. Nosotros sí tenemos suelo para construir, pero queremos sacar antes del verano a información pública nuestro Plan General. El objetivo es intentar conservar el suelo que ya tenemos y poder convertir en urbanos otros núcleos», apostilla.
Comillas reproduce la misma problemática en la zona oriental de la región. Alfoz de Lloredo es uno de los municipios afectados, aunque, en parte, también se ve influenciado por su cercanía a la también turística Santillana del Mar. Su alcalde, Enrique Bretones (Por Alfoz), reconoce que Alfoz «tiene presión de gente de fuera que viene buscando aquí su segunda residencia». A la vez, lucha por evitar que los oriundos tengan que emigrar por la falta de vivienda. Así que ha puesto en marcha varias iniciativas. «Hemos hecho viviendas sociales en Oreña y Novales y en Cóbreces estamos negociando con la Sareb -el denominado banco malo- para comprar terreno que edificar y exigir, tal y como permite la ley, que el 30% sea protegido», relata.
Lo que tiene claro es la filosofía. Quiere conservar el urbanismo de «pueblo bonito», sin bloques de pisos, con casas y terrenos donde luzcan sus famosos limoneros. «No queremos hacer una mezcla entre ciudad y pueblo», reconoce. De ahí que el Ayuntamiento haya utilizado una fórmula llamativa. Está comprando terrenos a la Sareb que vende a particulares para hacer viviendas unifamiliares. «Son fincas de unos 800 metros cuadrados que subastamos desde 38.000 euros, pero sólo si los que construyan en ella están o se empadronan en el ayuntamiento. Si no lo hacen, el precio de partida es más elevado: 56.000 euros», añade. Otra de las apuestas urbanísticas ha sido la de comprar terreno para hacer una residencia geriátrica. «Creo que es una buena idea para que nuestros mayores no tengan que irse fuera a otros centros de otros municipios», concluye Bretones.
También Udías ha notado el efecto centrífugo de Comillas. «En dos años hemos hecho 120 viviendas, fíjate si lo notamos», afirma al otro lado del teléfono su alcalde, Fernando Fernández Sampedro (PP). «Lo que realmente nos gustaría es tener suelo para hacer vivienda social y que nuestros jóvenes no se tengan que marchar. Estamos buscando la solución, a ver si con lo de los PSIR se consigue», concluye.
El tercer caso que se da en el litoral cántabro es el de municipios que, pese a estar pegados a otros muy turísticos, como es el caso de Val de San Vicente respecto a San Vicente de la Barquera, ya se han convertido en destinos preferenciales para los visitantes que buscan mar y playa. «Nosotros ya somos un municipio turístico y, por tanto, con el problema de la falta de vivienda, sobre todo para parejas jóvenes que se quieren establecer aquí u otras que vienen por motivos de trabajo», explica sus alcalde, Roberto Escobedo. «En realidad, hay suelo con posibilidad de ser edificado, pero está en manos privadas y, por tanto, está en su mano promocionarlo y sacarlo a la venta», subraya.
«El Ayuntamiento tiene suelo en Unquera. Hemos tenido reuniones con el consejero de Fomento y Vivienda (Roberto Media) para ofrecérselo al Gobierno regional para hacer allí vivienda pública», concluye.
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