Los municipios reconocen que necesitan más apoyo para erradicar el botellón

El riesgo que ahora acarrea este consumo compartido de alcohol en la calle llevó hace unos días al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a pedir a la Delegación del Gobierno que controle «los desmadres», algo que su responsable, Ainoa Quiñones, interpretó como un ataque a su labor: su respuesta, que incluía una defensa de las fuerzas de seguridad del Estado, fue instar al Gobierno regional a «utilizar todos sus medios y competencias» para poner freno al problema. Ayer, Revilla, que se mostró «muy sorprendido» por la reacción de Quiñones, matizó sus palabras: «No pongo en duda el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero quizás no haya suficientes efectivos en Cantabria ahora en verano, con más del doble de la población que tenemos habitualmente».

«Los cuerpos y fuerzas de seguridad no pueden estar en cada rincón, pero están desarrollando una labor extraordinaria en este verano diferente», insistió la delegada del Gobierno. «Hay que subrayar que estas actuaciones para hacer cumplir la normativa en la lucha contra el covid -vigilancia del horario de cierre de locales, uso de la mascarilla y distancia social-, se suman a su labor habitual. Los alcaldes y alcaldesas agradecen el esfuerzo que están haciendo, porque muchas veces ellos mismos no cuentan con policías locales para hacer cumplir las ordenanzas». El apoyo de la Delegación del Gobierno a los ayuntamientos se traduce en la colaboración que presta la Policía Nacional a la Local en Santander y Torrelavega, y en el trabajo que desarrolla la Guardia Civil en el resto de municipios.

En la última Junta de Seguridad celebrada en Santander, el 2 de julio, el Ayuntamiento de la capital solicitó más ayuda a la Policía Nacional. «Existe una buena colaboración y coordinación entre la Policía Local y la Nacional -reconoció el concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda-, pero sí que se pide más apoyo, porque aunque el Ayuntamiento hace su trabajo y dedica efectivos para solucionar este problema, los agentes tienen que dedicarse a más cosas».

Hay que tener en cuenta que, entre los meses de junio, julio y lo que se lleva consumido de agosto, se han registrado 669 denuncias por botellón en Santander. «Se ha pedido una colaboración especial teniendo en cuenta unas circunstancias excepcionales para garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos».

En Torrelavega, «la colaboración de los dos cuerpos es diaria», resume Pedro Pérez Noriega, concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, partiendo de que ambos comparten instalaciones.

«Los botellones son competencia municipal, pero cuando derivan en una pelea, y muchas concentraciones acaban así, afectan a la seguridad ciudadana, y ahí entraría en juego la Policía Nacional, así que es difícil decir dónde empieza la competencia de unos y otros. Por eso preferimos, cuando tenemos algunos de estos casos, comunicarlo a la Policía Nacional y, en la medida de lo posible, evitarlos antes de que se produzca una afluencia masiva de jóvenes».

Laredo es una de las localidades que experimentan un radical crecimiento de la población en verano. «Cada vez que nos ven, la juventud salen corriendo; nos insultan, nos llaman de todo y salen corriendo», explica Juan Carlos Veci, jefe de la Policía Local, que se confiesa preocupado por «el crecimiento del vandalismo». Opina que tanto el Ejecutivo regional como la Delegación de Gobierno pueden ayudar a erradicar el botellón. «Cuantos más agentes haya en la calle, mejor. Y en los expedientes, especialmente por horario de cierre, que son competencia del Gobierno de Cantabria, que se hagan lo más rápido posible y se proceda al cierre del establecimiento que incumpla la norma». En su caso, el apoyo de la Guardia Civil se tradujo en 80 denuncias durante el primer día de trabajo conjunto.

En Castro, la estrategia pasa por limitar el ocio nocturno, vigilar las zonas donde habitualmente se reúnen los chicos para beber y mentalizar a la gente joven, según indica Juan Antonio Arizmendi, jefe de la Policía Local. «El apoyo de la Guardia Civil es imprescindible. Este fin de semana no hemos tenido ni una sola incidencia».

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances, considera «controlado» el botellón en su municipio, que cuenta con el despliegue de la Guardia Civil los miércoles y los sábados y que ha notado mucho la suspensión del 'búho', el servicio de autobús nocturno, que ha frenado la afluencia de chavales con ganas de juerga. «Dentro de lo que cabe el botellón está bastante controlado, ya no es lo que había hace años», asegura. Quizás haya contribuido a ello «la firme decisión de meternos más de lleno a sancionar a quienes alteren el orden público, beban o destrocen el mobiliario urbano».

En Comillas, basta decir que la Guardia Civil impuso un centenar de multas el martes y que los alrededores de la estatua del Marqués permanecen vallados y cerrados de diez de la noche a siete de la mañana. «No me extraña que el presidente diga que en los pueblos costeros estamos desbordados», se lamenta su alcaldesa, Teresa Noceda. «Si la Guardia Civil estuviera todos los días controlando sería una bendición, pero como los efectivos de aquí tienen un radio de acción tan grande, que lo mismo van a Potes que a Unquera, pues igual no pueden venir en tres o cuatro días».

Mientras, Cabezón de la Sal se prepara en previsión de una multitudinaria 'quedada' que se está convocando en las redes sociales. Tradicionalmente, la víspera del Día de Cantabria, que se celebra en la localidad el segundo domingo de agosto, los jóvenes se concentran en el aparcamiento del instituto Valle del Saja para divertirse. Aunque este año se ha suspendido la fiesta, la convocatoria sigue en pie, según informa Lucía Alcolea. El alcalde, Víctor Manuel Reinoso, explicó que habrá un dispositivo policial disuasorio con treinta efectivos, cuando un sábado normal solo hay cuatro: dos policías municipales y dos guardias civiles.