Los municipios turísticos se suben a la OLA

Tienen distintas condiciones, distintos horarios, distintos precios e incluso distintos nombres; OLA en Santander, OCA en Castro, ORA en Santillana del Mar... Por tener, tienen hasta distintas interpretaciones sobre su fin; la de los alcaldes, para quienes es una herramienta fundamental para terminar con el estacionamiento descontrolado en aquellas zonas que son más sensibles, y la de los ciudadanos de a pie, que creen que es una simple medida recaudatoria.

Su aplicación en Santander, el primer municipio de la región que incorporó esta medida, se remonta al mes julio de 1992, cuando entró en vigor la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA) con el propósito de «regular los usos de determinadas vías de la ciudad», la mayoría en el área centro. A diferencia del resto de las localidades en las que se promueve este modelo, en Santander, que tiene 6.677 plazas de zona azul, no se puso en marcha para ordenar los aparcamientos en las zonas de playas y esparcimiento (de hecho, en esos enclaves no existe la OLA... por el momento), sino para hacerlo en aquellos lugares en los que se desarrolla la mayor parte de la actividad comercial y empresarial en la capital y donde es mucho mayor el tránsito de vehículos y la demanda de estacionamientos.

Tan solo existe en toda Cantabria otro ayuntamiento que aplica este sistema de aparcamiento durante los doce meses del año, Castro Urdiales, que, en su caso, lo hace todos los días incluidos los fines de semana y los festivos. Allí no se llama OLA sino OCA (Ordenanza Castreña de Aparcamiento) y tiene hasta una página de Facebook propia administrada por vecinos que son contrarios a su funcionamiento porque afirman que es «un sacaduros». Su oposición es tan radical que aplauden, y sugieren como idea a considerar en sus territorios, una iniciativa de los vecinos de un barrio de Pamplona que hace unos meses pintaron de blanco las rayas de la zona azul que delimitan las plazas de aparcamiento que son de pago.

En esa página se informa también acerca del acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre por el Pleno municipal para prorrogar dos años más el contrato, que iba a vencer ahora en enero, durante una sesión en la que la propia alcaldesa, Susana Herrán, defendió un modelo que, afirmó, «protege» y «facilita las cosas» a los castreños por encima de sus visitantes.

Ese fue el propósito del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar cuando hace tres años, en 2021, implantó la OLA en el municipio: mejorar la movilidad de una localidad que cada día de verano recibe a más de 15.000 personas atraídas todas por su vasta extensión de playas.

«La presión que ejercen en las zonas más próximas a las playas es tan fuerte que, en ocasiones, la vía pública y los estacionamientos son incapaces de absorber esa gran demanda de coches», explica el alcalde, Francisco Asón, para quien resultaba necesario regular el aparcamiento en los espacios públicos de los pueblos de Somo y Loredo.

Pero la medida, que se aplica únicamente durante el verano, del 15 de junio al 15 de septiembre, no cayó precisamente de pies ni entre sus vecinos ni entre sus comerciantes ni entre esos miles de visitantes.

Solo dos semanas después de inaugurarse los parquímetros, un grupo de vecinos y comerciantes presentó en el Consistorio un escrito con más de 700 firmas solicitando el fin del estacionamiento de pago en el municipio. Y acabado el verano, en octubre, el Gobierno local conocía un informe de su Oficina de Turismo alertando de un bajón en la cifra de visitantes en los días de lluvia del que responsabilizaba directamente a un modelo de aparcamiento que ahuyenta a los turistas pero que, aún así, continuará el próximo verano.

Eso nunca ha ocurrido en Noja, donde vecinos y comerciantes (no así los dueños de viviendas de segundas residencias, a los que supone un gran perjuicio) conviven felizmente con un modelo de estacionamiento de pago que se implantó hace una década «y ayuda decisivamente a racionalizar los aparcamientos en aquellos puntos donde hay mucha demanda», «evita atascos», «acorta el tiempo de espera para encontrar un aparcamiento» y «contribuye a disminuir la contaminación», enumera la alcaldesa, Mireia Maza.

En vigor los meses de verano, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, más concretamente, la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (ORA) reordena 1.440 plazas de estacionamiento en la zona centro y el entorno de las playas Ris y Trengandín, las áreas donde se produce una mayor concentración de personas –y por ende de turismos– cualquier día de verano con una buena temperatura.

Con el mismo objetivo que persiguen todos los anteriores, absorber la ingente cantidad de vehículos que circulan e intentan estacionar en su municipio y ordenarlos lo mejor posible, Santillana del Mar decidió implantar hace unos años el modelo de estacionamiento de pago, que en su caso concreto se alarga mucho más allá del verano. La ORA, o Zona Azul, se aplica entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, que es cuando la localidad soporta una mayor afluencia de visitantes.

En diciembre, cuando el Ayuntamiento decidió sacar a licitación la gestión de la Zona Azul, el alcalde, Ángel Rodríguez, celebró cómo han transcurrido los primeros años en los que se ha estado prestando este servicio, que cuando se puso en marcha lo hizo arrastrando las protestas de los empresarios, contrarios a que la ORA sobrepasase los tres meses de verano.

«Yo también voté en contra de que se cobrara siete meses», recordaba entonces el regidor, que contestaba con datos de visitantes a «todos los agoreros» que vaticinaron que la implantación de la Zona Azul iba a traer la ruina a Santillana.

A su juicio, el sistema de pago «ha supuesto una mayor rotación de personas en el municipio» y «unos ingresos que invertimos en mejorar las infraestructuras o en preparar unas Navidades como las que se preparan aquí». De manera que no puede hablar sino bien de un sistema que inicialmente generó cierto rechazo –sobre todo en el sector empresarial– y que, según asegura, «ahora están copiando muchos ayuntamientos limítrofes».

«Es que este tipo de medidas nunca son bien acogidas al principio», afirma la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, que coincide con el resto de sus colegas en que solo es cuestión de tiempo que los vecinos se den cuenta de sus beneficios.

El Ayuntamiento comillano implantó la que llama Zona Azul en cuanto se dio cuenta de que la localidad urgía una herramienta para poner orden en sus calles, atestadas de vehículos en verano, que es cuando aplica la ordenanza. Vigente cuatro meses, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre –además de cinco días en periodos de Semana Santa–, el servicio regula 1.542 plazas de estacionamiento de pago que son gratuitas para los residentes, más otras 98 válidas solo para aparcamiento de los vehículos de ciudadanos empadronados y autorizados.

Así es como Comillas ha terminado con los enormes atascos que antes de poner en marcha este sistema de parking de pago provocaban en el casco urbano cientos de conductores buscando un hueco donde dejar estacionado su vehículo particular que no fuera encima de una rotonda, en línea amarilla, en doble fila o en la mismísima orilla del mar. «Y así es como obtenemos los recursos económicos necesarios para ofrecer a los visitantes un buen día de playa».