Los municipios tendrán la última palabra para decidir si un piso turístico es legal

«Sin certificado de compatibilidad urbanística no habrá vivienda de uso turística», confirmó Martínez-Abad, que no dijo que requisitos mínimos exigirá la administración regional, pero sí aportó una novedad. En su opinión, el trabajo llevado a cabo por la Consejería de Turismo con los agentes implicados ha permitido limar los desencuentros. «Busca el máximo consenso posible y no nos vale cualquier decreto porque queremos que tenga carácter de permanencia. No contentará al 100% a todas las partes, pero será de consenso», subrayó el popular en una respuesta al PSOE durante el pleno ordinario celebrado ayer en el Parlamento autonómico. Los socialistas recordaban al Gobierno que ya prometió que el decreto estaría listo el pasado verano y no cumplió, mientras que Martínez-Abad, que no negó el retraso, defendía que «bienvenido» sea ese tiempo adicional si ha servido para conseguir ese consenso que anticipa. Un consenso que no logró su antecesora en el cargo, Eva Guillermina Fernández.

La interpelación al titular de Turismo fue el estreno de Mario Iglesias como portavoz del Grupo Socialista, que ayer tomó el relevo de Pablo Zuloaga. Iglesias puso en duda el calendario de tramitación que presentó el consejero, dado que, además de los informes de las secretaría generales de todas las consejerías y el informe del Servicio Jurídico de Cantabria, también es necesario un pronunciamiento del Consejo de Estado.

El PSOE considera grave el retraso para poner límites a la proliferación de pisos turísticos que están obligando a familias a desplazarse a vivir a localidades con menos presión por el alza de los precios del alquiler y para «preservar la identidad de los barrios y pueblos de Cantabria». Pero sobre todo, considera un error que el decreto no cree un marco común general para toda la comunidad autónoma y deje la responsabilidad en los municipios. «No habrá un decreto, sino 102 decretos distintos», lamentó el socialista, que entiende que esto también generará una gran inseguridad jurídica, porque la forma de proceder de un consistorio puede cambiar cada vez que cambie su color político.

Martínez-Abad recordó que el retraso también se debe a que el texto ha tenido que adaptarse a los muchos cambios normativos introducidos a nivel nacional en los últimos meses, pero eso no quiere decir que hayan estado parados. Por ejemplo, han incrementado las sanciones y aumentado en cinco personas el número de inspectores. En su opinión, el decreto permitirá alcanzar un equilibrio, poniendo «coto y regulando el mercado para que salga caro operar al margen de la ley», pero también permitiendo «ganarse un dinero» a los propietarios que tengan todo en regla.

El Parlamento de Cantabria aprobó el pasado septiembre una proposición no de ley que exigía a la Consejería de Presidencia y al Ayuntamiento de Santander que elaboraran un mapa de salas de juego para determinar si se cumplen las distancias mínimas a los colegios y comprobar si la capital sobrepasa el número de locales a partir del cual se pueden endurecer las condiciones para nuevas aperturas. Las dos partes tenían medio año para hacerlo público y han incumplido. Este lunes, el PSOE recriminó al Gobierno que no ejecute los acuerdos del Parlamento y logró la aprobación de una segunda moción que concede una prórroga de otros seis meses para que publique mapas no solo de Santander, también del resto de Cantabria.

Todos los grupos del Parlamento se pusieron de acuerdos para aprobar una proposición no de Vox con la que el Parlamento reclamará a la Consejería de Inclusión que elabore un Plan Estratégico que determine las necesidades en el área de dependencia de aquí a 2040. Según explicó el diputado Armando Blanco, ante el envejecimiento de la población, el objetivo es anticiparse en cuanto a recursos humanos y materiales y determinar cómo se tienen que prestar los servicios. También aportar estabilidad presupuestaria. Desde el PP, Alejandro Liz recordó que el Ejecutivo ya está en ello y consiguió eliminar los plazos iniciales de la propuesta por ser demasiado ajustados: «Me alegra que Vox tenga un enfoque social que no llevaba en su programa».