Nocanor pide 6 años de cárcel y 26 de inhabilitación para el exalcalde de Noja, Jesús Díaz

santander. La acusación particular que ejerce la empresa Nocanor pide seis años de cárcel y 26 de inhabilitación para el exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), a quien acusa de perjudicarla en la concesión de las licencias para la construcción de viviendas en Socaire, una finca urbana de la villa. En su escrito de calificación provisional, la acusación particular de Nocanor, empresa familiar del actual alcalde de Noja, el regionalista Miguel Ángel Ruiz, acusa a Díaz de supuestos delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

Además de las penas de cárcel e inhabilitación, la acusación que ejerce Nocanor pide que se condene a Díaz a pagar multas y una indemnización de 12,9 millones. Y solicita que el Ayuntamiento de Noja responda subsidiariamente de esa indemnización.

Nocanor también acusa al exsecretario municipal por supuesta prevaricación y pide para él diez años de inhabilitación.

En el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Efe, la acusación particular explica que, pese a que Díaz era el alcalde de Noja, cargo que ejerció durante 27 años, se dedicaba a la construcción y promoción inmobiliaria por medio de su esposa y terceras personas, y compraba terrenos en la misma localidad que gobernaba para vender después los inmuebles que construía en ellos.

El escrito señala que Díaz estaba interesado en unos terrenos que el propietario no le quiso vender y que, tras esa negativa, le hizo saber «los obstáculos que iba a encontrar por parte del Ayuntamiento para obtener las licencias de construcción».

El propietario no le hizo caso y decidió venderlos a Nocanor y, según la representación legal de esta promotora, desde el mismo momento en que se iniciaron los trámites para construir, Díaz, «abusando de su condición de alcalde» y de su «posición jerárquica» solicitó de los funcionarios que adaptaran los informes a sus propósitos para respaldar sus resoluciones en la tramitación de las licencias.

La acusación particular señala que de ese modo «empezaron a ponerse todo tipo de obstáculos y trabas administrativas» por parte de Díaz y el exsecretario que, según advierte, actuaron de común acuerdo para «aparentar legalidad en todas las resoluciones administrativas» que se iban a producir respecto a este proyecto.

Esta parte acusatoria indica que en octubre del año 2007 se denegó la licencia «de manera ilegal y en contra de los precedentes administrativos», a pesar de que además se había solicitado documentación que no era necesaria para alargar el proceso.

La acusación de Nocanor subraya que la denegación de la licencia de obras que firmó el secretario entró «en clara contradicción» con otras resoluciones anteriores, y que este funcionario, con el visto bueno del alcalde, interpretó las normas subsidiarias con diferente criterio que en otras ocasiones.

Además, según la representación de Nocanor, en noviembre de 2007, de una «manera absolutamente arbitraria», el alcalde emitió una resolución que exigía la cesión gratuita de un 10 % del aprovechamiento.

Por todo ello se iniciaron procesos en la vía contencioso administrativa, que ganó Nocanor pero que aún así fue recurriendo el Ayuntamiento.

La acusación agrega que, tras dos años de «peregrinaje» por el «laberinto administrativo» para perjudicar a Nocanor, se concedió la licencia de obras, pero con la condición de que no se iniciaran los trabajos hasta que se presentara un proyecto de ejecución.

También señala que el Ayuntamiento impuso a la promotora sanciones «arbitrarias» y en junio de 2010 mandó paralizar las obras, una orden que se levantó un año después.

Nocanor cifra en 12,9 millones de euros los perjuicios que se le causaron y ésa es la cifra que pide como indemnización.