Notarios y registradores cántabros alertaron de 308 casos de lavado de dinero en 2018

En la lucha por poner cerco al lavado de dinero negro los notarios y registradores mercantiles y de la propiedad juegan un papel fundamental. Al igual que la banca, están obligados por ley a comunicar cualquier indicio de delito al respecto. Sólo durante el año pasado, desde Cantabria los registradores dieron aviso de 308 posibles casos de blanqueo de capitales, lo que convierte a la comunidad autónoma en la décima del país, un puesto muy por encima del que le correspondería por su peso específico. Fueron más que los de regiones como Castilla y León (298), Aragón (275), La Rioja (217), Asturias (215), Castilla-La Mancha (205) o Extremadura (88), que en algunos casos doblan la población.

Los delincuentes saben cómo actuar, pero también los organismos públicos y privados que tienen encomendada la misión de estar con los ojos abiertos. El primero en activarse fue el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) que el Ministerio de Economía creó en 2005 en el seno del Consejo General del Notariado. Sus técnicos analizan la información que remiten los propios notarios desde cada rincón de España y la comparan con una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 oficinas notariales existentes en el país. Si las dudas continúan, el proceso sigue adelante y es el propio órgano el que comunica los movimientos con indicios o sospechas. Lo hace a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y a las autoridades policiales y judiciales. Es aquí donde cada uno de los expedientes se estudian más en profundidad.

Cuando la alerta la emiten los registradores los pasos son los mismos, pero se hacen a través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) y no del OCP. Su director nacional, Manuel Hernández, detalla que uno de los elementos indiciarios de posibles delitos de blanqueo de capitales es que aparezca el nombre de un paraíso fiscal, esos territorios de baja tributación en los que hay una gran opacidad. No es condición suficiente y tiene que haber otros elementos, pero si la persona que acude al registro está domiciliado en una de estas regiones o tiene allí radicada una de sus empresas, es posible que haya algo extraño. Cuesta llegar hasta el fondo porque «no hay que olvidar que en esta materia los malos suelen ir un paso por delante de la ley».

Ese es, probablemente, el supuesto más conocido por el gran público. José Corral, decano de los notarios de Cantabria, hace más grande la lista. Habla de ampliaciones de capital en las que el dinero que entra procede de un entramado de sociedades difícil de desenmarañar. «El primer campo de actuación está en nuestro despacho. Gracias a la presencia física de la persona que realiza la operación es posible hacerla preguntas indagatorias. Eso puede dar muchas pistas y en casos de sociedades interpuestas llegar hasta el último escalafón», detalla.

Además, destaca que tienen mecanismos para demostrar que el titular real es el mismo que el individuo ha manifestado. Los intentos de blanqueo más 'simples' y cotidianos se pueden hacer también en una compraventa o un préstamo, pero de por sí no son sospechosos. También pueden generar dudas determinados poderes notariales y cancelaciones de hipotecas que se hacen con dinero cuya procedencia es desconocida.

Corral precisa que, de momento, no se ha producido en la región ninguna compraventa de bienes inmuebles en la que se haya pagado con 'criptomoneda', pero este sistema de divisa digital supone «un peligro evidente». Primero, por las dudas sobre su tributación, pero sobre todo porque no hay ningún organismo que certifique la propiedad de ese dinero. «Puede servir perfectamente para operaciones de blanqueo porque permiten el anonimato de una forma más firme», concluye. En cambio, el experto de la Universidad de Cantabria Steven Van Vaerenbergh piensa justamente lo contrario.

Por cualquiera de las vías, la prueba de que resulta difícil confirmar esas sospechas es que, según la Memoria Fiscal de 2018, en los últimos tres años tan sólo ha habido una sentencia por un caso de blanqueo de capitales en Cantabria. Y el organismo no especifica si fue condenatoria. Lo que sí concreta es que no hubo ninguna orden de prisión al respecto. «Claro que es complejo materializarlo. El asunto puede quedarse en el camino porque no es tal y otras veces no se consigue acreditar con pruebas, como ocurre con el resto de delitos. No todo lo que se investiga acaba con una condena», precisa Begoña Abad, fiscal delegada de asuntos económicos.

La Justicia entra de lleno en el tema cuando ya hay algo más que sospechas y tras la criba que han realizado previamente otras administraciones. Pone el ejemplo de los delitos fiscales. El Ministerio Público no recibe la comunicación en un primer momento. En estos supuestos los bancos, notarios y registradores advierten a la Agencia Tributaria al detectar los movimientos extraños para que analice los datos y los cruce con otras informaciones de las que dispone en sus bases. De confirmarse, si tiene suficiente entidad -más de 120.000 euros-, sí se dirige a la Fiscalía y se activa el mecanismo de la denuncia. De lo contrario se tramita como una infracción administrativa y la consecuencia es una multa a la persona involucrada.

La estadística registral dice que en toda España los casos de sospecha por blanqueo de capitales aumentaron un 46,5% el último año. De 15.433 en 2017 a los 22.594 del ejercicio posterior. Según Hernández, se debe, por un lado, al aumento de las transmisiones inmobiliarias de los últimos años, pero también a que hay menos delitos que pasan desapercibidos por la mejora de las herramientas de detección y la mayor concienciación de los profesionales.