La nueva Ley de Casas de Cantabria prevé ayudas y apoyo a los «cántabros retornados»

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha presentado en una rueda de prensa el proyecto de ley de Casas de Cantabria, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno y que se registrará próximamente en el Parlamento para su tramitación.

Esta ley beneficiará a 136.000 cántabros que están fuera de la región, 93.000 de ellos en otras comunidades autónomas y 42.000 residentes en el extranjero.

De la Sierra ha confiado en que el texto pueda verse enriquecido durante el trámite parlamentario y en que pueda aprobarse por unanimidad de los grupos. El consejero ha explicado que el Gobierno ha decidido realizar una reforma integral de la norma que regula las comunidades cántabras en el exterior, popularmente conocidas como Casas de Cantabria, para reforzar los derechos y la atención de los emigrantes cántabros fuera de la comunidad, proteger el patrimonio de las Casas e impulsar una mejor relación y vínculos con la región.

La norma reconocerá por primera vez al emigrante que regresa a vivir a Cantabria, mediante la figura del cántabro retornado, para facilitar la percepción de ayudas autonómicas para reforzar su integración social y laboral en la comunidad autónoma.

Así, además de prestar asesoramiento a quienes decidan volver a Cantabria para residir de manera estable sobre los derechos generados en el país en el que han estado y trabajado como emigrantes, y también sobre las medidas a las que pueden acogerse para facilitar el retorno, la ley de Casas de Cantabria prevé que se faciliten ayudas, por ejemplo a una vivienda pública. Hasta ahora, para acceder a este tipo de beneficio se debía acreditar un tiempo de residencia en la comunidad autónoma.

Otra de las novedades que se introducen es que a partir de la entrada en vigor de la ley, las Casas de Cantabria podrán beneficiarse de las ayudas culturales, lúdicas y deportivas que convoque el Gobierno regional en igualdad de condiciones que las entidades domiciliadas en la comunidad autónoma.

Además, en respuesta a inquietudes manifestadas por las casas regionales, con la ley se velará por el destino del patrimonio de estos centros con varias medidas. Así, por un lado se hará una catalogación e inventario del patrimonio de las comunidades cántabras y las casas deberán solicitar informe a la comunidad autónoma en caso de que los bienes que integran su patrimonio sean objeto de venta, donación, segregación o cualquier otra operación económica que implique pérdida de patrimonio. Y en caso de disolución de alguno de los centros, se recoge que el patrimonio resultante de la liquidación podrá integrarse en el de la comunidad autónoma, aunque atendiendo a la normativa del territorio en que esté domiciliada la Casa de Cantabria.

La nueva ley, que no se ha cambiado en doce años, recoge sugerencias de miembros de las propias Casas de Cantabria, centradas principalmente en relanzar la participación de los jóvenes, aumentar la representación en el Consejo de Comunidades, y facilitar el desarrollo tecnológico de los centros.

La Ley de Casas de Cantabria también recoge que el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) promoverá la elaboración de un censo de cántabros en el exterior.

El consejero de Presidencia ha manifestado que una de las preocupaciones es la falta de relevo generacional en las Casas de Cantabria, ya que la media de edad de sus miembros es elevada. Para tratar de paliar esta situación, Cantabria colaborará para promover la participación de la juventud en el exterior, mejorar su formación y el acceso a la información, y potenciar su acceso al mercado de trabajo.

Las Casas de Cantabria cuentan en total con 6.300 socios y las más numerosas son México, La Habana, Buenos Aires y Madrid, ya que todas superan los 500 socios. Además, la mayoría de los centros regionales fuera de España se concentran en América.