La nueva ley de eutanasia divide a Cantabria

Miguel Ángel Revilla fue claro tras la votación. «Es una muy buena noticia que ya se había retrasado bastante. Prolongar la vida de una persona que no tiene solución es un asunto muy duro para el que lo padece y todo su entorno. Entiendo y respeto a aquellos que tienen otras creencias, pero tenemos que comprender que el sufrimiento inútil no tiene sentido», concluyó, antes de recordar que «tomos somos libres» a la hora de adoptar esta posición, «un acto de profunda libertad, ya que se habla tanto de libertad individual, en la que yo también creo, que hay que respetar».

Coincidía desde Madrid el diputado por Cantabria en las filas del PSOE, Pedro Casares, «muy contento» tras un «día histórico» en el Congreso. «Una amplia mayoría en línea con la mayoría social ha decidido aprobar un nuevo derecho civil. Estoy satisfecho por haber participado en el momento y que sea el PSOE el que una vez mas añada un nuevo derecho más para los ciudadanos». De acuerdo con el fondo y la forma, Casares aseguró que la regulación de la eutanasia llega con «una ley muy garantista, muy humana, que busca dar una respuesta a esas personas que en un dolor extremo que incluso atenta contra su integridad y no tiene cura, puedan tener una solución». En respuesta a las críticas, añadió: «Siempre, en estos momentos históricos, el PP y la derecha ha votado en contra. Ayer también se quedaron solos. La sociedad les ha dado una lección porque va por delante de ellos».

También apoyó la ley el representante regionalista en la cámara baja, José María Mazón, «satisfecho» con una norma que es «muy garantista» y que contempla unas «cautelas muy grandes para aquellos que quieran acudir a ella». Hay una máxima que quiso dejar clara: «Ir contra la libertad personal en un tema como la muerte es un exceso de intervencionismo. Lo demás, aseguró en relación a las posiciones enfrentadas, «son interpretaciones que muchas veces se salen casi de lo racional, posturas extremas que son difíciles de entender sobre todo cuando acaban en insultos y falsas teorías sobre las intenciones de abaratar costes en la Seguridad Social o acabar con las personas mayores».

En la segunda bancada más grande del hemiciclo votó Diego Movellán (PP), pero en contra. «Más que una conquista es un retroceso social», lamentó, al tiempo que aseguraba que «es mucho mejor hablar de vida, de calidad de vida y trabajar por ella, que hablar sobre muerte». De ahí pasó a señalar la «incoherencia», la de un Gobierno «que se dice progresista pero que no ha avanzado nada en materia de derechos sociales como pueden ser la vivienda o el empleo»; y también el contexto de pandemia en que la ley ha sido aprobada, «porque saben de sobra que esta ley no estaba entre las prioridades de los españoles».

La tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, Vox, también se opuso frontalmente a la medida. Su representante cántabro en el hemiciclo, Emilio del Valle, no tardó en afear «la rapidez» con la que se ha tramitado la norma. De la forma pasó al fondo: «Estamos a favor de los cuidados paliativos para que los pacientes sufran lo menos posible. Nadie tiene que tener grandes dolores. Pero de ahí a matar...».

Organizaciones políticas al margen, hubo muchos colectivos que estuvieron pendientes de la votación del jueves en el Congreso. Dos de los más importantes son la Asociación Derecho a Morir Dignamente, a favor de la iniciativa legislativa; y la Asociación Provida en Cantabria, en contra. Al igual que los diputados que apoyaron la norma en el Congreso, una representación de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) -colectivo que lleva 36 años reivindicando la despenalización de la eutanasia- celebraba el sentido de la votación. «Es un gran día», expresaba su presidente, Javier Velasco, antes de garantizar que él y su colectivo trabajaran «para vigilar que la ley se cumple, en informar a la ciudadanía y las Administraciones para que sea un derecho efectivo y tratar de mejorarla».

Pero no todos están de acuerdo. Como presidenta de la Asociación Provida en Cantabria y vicepresidenta de la federación nacional, Esperanza González califica la nueva ley como «profundamente cruel e injusta» porque «plantea la eutanasia como una opción más dentro de la cartera de servicios sanitarios, convirtiendo al Estado en garante de que las personas puedan matar a otras». En total desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo central, González aseveró que la aprobación de la nueva norma, que «no procede», tendría que haber esperado a la apertura de un debate más profundo en la sociedad. «Pero se ha hecho por la puerta de atrás».