«La nueva 'ley mordaza' nos desautoriza, nos quita capacidad de actuación»

«Tenemos muchos controles internos para discriminar cuando una intervención es correcta o no. Entonces, el restarnos credibilidad no ayuda a que podamos llevar a cabo nuestra función», apunta Cano, en referencia al punto de la nueva ley que recoge que «el atestado policial perderá la presunción de veracidad». Es decir, que el atestado que redacta el agente se considerará veraz siempre que los hechos consignados en él resulten «coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba en contrario».

La representante de la UFP, que se muestra en contra de la posibilidad de que los agentes puedan ser grabados, asegura, además, que la nueva normativa «incluso menoscaba nuestra integridad física a la hora de intervenir, al restarnos autoridad».

Para Javier Nodar, secretario general de la Unión de Guardia Civiles (Unión GC), lo más grave es que se pretenda modificar una ley que afecta a un determinado sector profesional y social «sin consultarnos». «Es un error. Es como cambiar la Ley de Educación y no contar con los profesores». Nodar, que advierte que aún no tienen un documento físico en el que se plasmen los cambios de la normativa, cree que el sistema policial está en una situación de «desprotección» y «este Gobierno parece que quiere dejarnos todavía más desprotegidos, jurídicamente y físicamente». Entiende que las sanciones pueden ser excesivas en ciertos casos y eso hay que baremarlo, pero lo que no comprende es que la gente pueda manifestarse sin autorización y eso acabe con altercados públicos.

Ángel Iglesias, secretario general provincial de AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), coincide en que los cambios que el Gobierno pretende introducir en la ley «tenían que haber sido consensuados con las organizaciones sindicales». Además, se muestra preocupado por el tratamiento de esa toma de imágenes o grabaciones de los propios agentes en el caso de que llegaran a difundirse.

Por su parte, Miguel Roces, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), entiende que esta reforma «no beneficia nada al trabajo de los agentes ni a la ciudadanía». «Nos restan herramientas y ponen en tela de juicio nuestro trabajo. Parece que quieren dejar un halo de que todo lo que hacemos no está bien», critica.