La nueva normativa regional limita a 120 plazas el tamaño de las residencias

Las residencias no podrán superar las 120 personas y deberán estar organizadas cómo máximo en módulos de 30 con el objetivo de lograr «una atención más personalizada». Así lo establece la nueva normativa aprobada por el Gobierno regional que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria. El texto, que incrementa las exigencias de calidad anteriores, busca homogeneizar los requisitos exigidos a los centros públicos, privados y concertados.

El objetivo es que las personas usuarias reciban los servicios «con un elevado nivel de seguridad, confort y calidad en la atención y que se protejan de forma eficaz los derechos que les asisten como usuarios de servicios púbicos». La división por zonas pretende que los espacios guarden relación directa con las distintas actividades que se llevan a cabo en ellas. «Queremos avanzar hacia un modelo de atención que minimice los efectos negativos de la institucionalización y en el que la atención se pueda centrar mejor en las necesidades de cada usuario y en los aspectos de convivencia y comunitarios del centro», explicó la consejera de Políticas Sociales y Empleo, Ana Belén Álvarez. En esta «concepción modular», las residencias deberán contar con una zona específica en la que se ubicarán los servicios generales para la gestión y funcionamiento del centro, otra para espacios comunes que puedan utilizar los usuarios y así relacionarse y una tercera residencial destinada al alojamiento.

En esta última el aforo será de 30 personas y deberá disponer, además de los dormitorios y cuartos de baño, salas de estar comunes y comedor. «De esta forma la vida cotidiana se desarrollará de forma más familiar, en un ambiente menos masificado y los usuarios podrán convivir en un ambiente más parecido a un hogar», añadió Álvarez. Con esta división, como ha ocurrido con la pandemia del covid, también resultará más fácil proteger la seguridad de los residentes. En lo que se refiere a los requisitos funcionales, el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, apuntó que la novedad más relevante «es la unificación en los centros de atención a la dependencia de las diferentes exigencias de personal que anteriormente se hacían para el funcionamiento del centro y para su acreditación». «De esta forma -añadió- todos los centros de la misma tipología tendrán el mismo requerimiento de personal».

La nueva normativa, además, hace desaparecer la distinción entre centros autorizados y acreditados, ya que entiende que el derecho a una atención integral asiste por igual a todos los usuarios. «La exigencia es una necesidad demandada por la sociedad que no puede limitarse, como venía sucediendo hasta ahora, sólo a los centros públicos. A partir de ahora, se hará extensiva a todo el sistema de atención», subrayó Soto.

Por su parte, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales abrió ayer -tras publicarse en el BOC- una nueva convocatoria de ayudas para la promoción de la vida autónoma para mayores y personas con discapacidad. Los destinatarios de los 1,65 millones consignados son los mayores de 65 años o menores de esa edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a partir de hoy. Estas subvenciones incluyen, entre otros, aquellos servicios y prestaciones que mejoren la autonomía personal de los solicitantes, como los servicios sociales de atención domiciliaria y transporte adaptado.