La nueva 'ley trans' divide a partidos, colectivos sociales e instituciones en Cantabria

En Cantabria, que cuenta desde noviembre con su propia ley (salió adelante con el consenso de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox), esta iniciativa apenas cuenta con el respaldo del colectivo LGTBI y el PSOE. La mayoría de grupos políticos (el PRC tiene sus dudas), colectivos como Mujeres en Igualdad y el Obispado se muestran en contra.

El presidente de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Alega) en Cantabria, Javier Igareda, dice que están «contentos», con la nueva ley «puesto que se ha conseguido desbloquear la situación y que se presente un texto que recoge las principales líneas rojas de los colectivos». «Cuando esta ley se apruebe, garantizará derechos fundamentales como son la despatologización de las personas trans y su derecho a ver reconocida su identidad sin necesidad de pruebas, diagnósticos, ni testigos y en un plazo administrativo de tres meses frente a los 2 y 3 años que se tarda en la actualidad», explica.

El representante de Alega apunta, además, que esta nueva ley recogerá otras demandas históricas del colectivo como la filiación, el acceso a la reproducción asistida o la prohibición de las supuestas terapias de reconversión. «Este es un primer paso para la aprobación de una ley histórica y el inicio del camino hacia la igualdad real».

En esta misma línea, el vicepresidente regional y secretario general del PSOE cántabro, afirma que la nueva normativa es un «gran paso social» que viene de la mano del Gobierno de España. «Es un compromiso que asumió el Gobierno progresista con la sociedad española, que nuevamente viene a demostrar que los grandes avances de nuestra sociedad vienen siempre promovidos y precedidos de un movimiento social importante». Zuloaga señala que esta ley del Gobierno «viene a concordar» con la Ley de Cantabria LGTBI que «contempla la autodeterminación de género de forma propia».

De su lado, el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, aclara que «no nos encontramos aún ante un proyecto de ley». Ahora comienza el proceso de consulta y de información de los organismos pertinentes, como el Consejo de Estado, que deberán analizar y pronunciarse sobre cuestiones de gran relevancia jurídica que contiene el documento aprobado. En este sentido, apunta que esos informes deberán aclarar algunos puntos que «podrían rozar la ilegalidad o la inconstitucionalidad» antes de que se dé forma al proyecto de Ley y llegue a las Cortes Generales para su aprobación. «El PRC apuesta por una sociedad plural y respetuosa con la identidad sexual de cada individuo, dentro del marco constitucional y con seguridad jurídica».

Más crítico se muestra el diputado del PP, César Pascual, que cree que es una propuesta «muy radical» y una «auténtica barbaridad» por lo rangos de edades que recoge (los niños de 12 y 13 años podrán elegir su sexo y a partir de 14 podrán cambiarlo). «Pretender depositar la responsabilidad de algo tan importante sobre un niño de 12 años no tiene ningún sentido. En Cantabria tenemos la posibilidad también de modificar el registro, pero nuestra ley es sensata», dice Pascual, que recuerda que el consenso que tuvieron con el PSOE «permitió aprobar una ley coherente, que reconoce los derechos de todas estas personas en igualdad que el resto y permite lo mismo que esta nueva ley, pero sin llegar a radicalismos que no llegan a ninguna parte».

De su lado, el coordinador de Cs, Félix Álvarez, señala que su formación siempre ha estado del lado de aquellas causas que defienden la libertad y la igualdad. «De hecho, en Madrid y Andalucía hemos legislado en muchos avances por las personas transexuales, sus derechos y su dignidad», dice. «Tendremos que evaluar muy a fondo la propuesta del Consejo de Ministros para proponer mejoras. Vemos coincidencias con la ley que ya propusimos desde Cs, y trabajaremos para mejorarla, como ya hemos hecho con leyes como la de la eutanasia». Sin embargo, señala que aún no conocen a fondo el texto, «sólo los globos sonda que se van lanzando». Por supuesto, afirma, «hay cuestiones que chirrían, como revertir la carga de prueba, un instrumento a través del que se demuestra que alguien es culpable, y que pretenden ahora utilizar para que uno mismo demuestre, ante una acusación de transfobia, que es inocente».

Más duro se muestra el diputado de Vox, Armando Blanco, que califica este anteproyecto de ley como un «nuevo fascículo de propaganda tóxica y un atentado a la realidad social, y al respeto del proceso de crecimiento, evolución y desarrollo de nuestros 'menores mayores'».

Blanco critica que «en un nuevo intento de la izquierda trasnochada de enfrentar a los españoles, nos desayunamos de un día para otro que un adolescente de 16 años no puede comprar tabaco, ni alcohol, ni conducir un coche, ni entrar en las discotecas, ni ponerse un piercing, pero si puede someterse a un proceso médico sin retorno, que le marcará tanto física como psicológicamente toda su vida, y lo podrá hacer sin el permiso de sus padres y sin el informe médico o análisis psicológico correspondiente».

Entre los colectivos de mujeres también hay críticas a esta nueva normativa. La Asociación de Mujeres en Igualdad de Cantabria, integrada en la Confederación Nacional, ha expresado su rechazo a la ley y ha pedido a los a los grupos parlamentarios que «pongan freno a la barbarie que quiere perpetrar este Gobierno».

A estos grupos, desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, se les ofrece trabajar a través de enmiendas para conseguir una «ley adecuada y consensuada que no comprometa el feminismo y la lucha por la igualdad». Y es que, a su juicio, la nueva normativa supone un «retroceso» en la protección de los derechos de las mujeres.

De su lado, el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, cree que esta ley es «gravemente perjudicial». «Ignora toda evidencia científica y lo único que cuenta es el deseo de la persona. Esto es peligroso, pues el deseo puede cambiar, pero los tratamientos realizados son irreversibles». Asimismo, considera que la nueva normativa «invade la autonomía educativa y la potestad de los padres a los que se les obliga a admitir la voluntad del menor sin más ni más».