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La X Legislatura regional dejó a la mitad de los diputados sin empleo, pero no sin sueldo. Diecinueve de los 35 parlamentarios, especialmente del PP y PSOE, quedaron fuera del hemiciclo y el 20 de junio dejaron de cobrar su sueldo de la Cámara. ... La mitad regresó a sus antiguos puestos de trabajo, como Ignacio Diego, que se ha incorporado como profesor de Tecnología al Instituto La Granja, de Heras, tras 32 años en la política activa. Pero once diputados, veteranos en el ejercicio de la política y con amplia trayectoria parlamentaria, en algunos casos de décadas, no tenían donde volver y se han apuntado al paro para poder percibir la indemnización por cese de actividad establecida por el Parlamento con cargo a su presupuesto. Se trata de una retribución económica en forma de 'paro' (1.098 euros brutos) que podrán seguir percibiendo durante dos años mientras sigan figurando como demandantes de empleo. Además, el Parlamento seguirá cotizando a la Seguridad Social durante esos 24 meses.
Dos de los once parlamentarios que solicitaron esta prestación en junio renunciaron después porque se recolocaron en el organigrama de la Administración tras la formación del nuevo Gobierno. Es el caso de la regionalista Rosa Valdés, que ha sido designada directora General de Administración Local, y del exdiputado socialista Víctor Casal, nombrado jefe de Gabinete del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.
Los nueve restantes han tenido que inscribirse en la oficina del paro para poder recibir la indemnización parlamentaria. Y es que los diputados autonómicos, como los parlamentarios de las Cortes Generales o los senadores, no tienen derecho a paro, porque su relación con la Cámara regional no es de tipo laboral, sino de representación. Para paliar esta situación, los partidos políticos acordaron por unanimidad en noviembre de 2013, siendo presidente del Parlamento José Antonio Cagigas, pagar a los exparlamentarios una indemnización por desempleo, equivalente y con los mismos requisitos e incompatibilidades que el paro. El acuerdo fue reformado al comienzo de la pasada legislatura, con la socialista Dolores Gorostiaga como jefa de la Cámara regional, para aclarar algunos aspectos e introducir una novedad esencial: el abono por parte del Parlamento de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el período de percepción de la prestación por desempleo.
Octavo presidente de la comunidad autónoma, alcalde de El Astillero, tres veces presidente del Partido Popular de Cantabria, amén de otros cargos en la Administración, Ignacio Diego ha dedicado la mitad de su vida a la política. Pero las guerras intestinas de su partido, que perdió, le han devuelto, 32 años años después, a su antigua vida laboral.
En junio regresó a las aulas del Instituto La Granja de Heras, donde este curso impartirá la asignatura de Tecnología. Diego ha tenido todo el verano para ponerse al día con los libros de texto que dejó atrás hace tres décadas y confía en que el próximo curso pueda obtener la jubilación anticipada, cuentan su amigos porque él guarda silencio. Su compañera Cristina Mazas, que fue su consejera de Economía y diputada sin dedicación exclusiva en la anterior legislatura, sigue de directora financiera en la empresa Dover (antigua Candemat) y da clase en la Universidad Europea del Atlántico, al igual que la exparlamentaria Ruth Beitia. María Antonia Cortabitarte, que sustituyó en el cargo a la atleta al final de la legislatura, ha encontrado acomodo como asesora del alcalde de El Astillero.
La exdiputada Verónica Ordóñez, que salió tarifando de Podemos, se incorporó a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. «Estaba de celadora y ahora estoy de pinche», señala esta licenciada en Ciencias Políticas. Alberto Bolado, que relevó a Ordóñez tras la disolución del grupo, también está fuera de la política. Ha vuelto a su despacho de abogado y estos días disfruta de vacaciones en México. Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha dado el salto al Congreso como diputado nacional.
El desembolso que tiene que realizar la Cámara para afrontar este gasto no ha pillado desprevenido a sus gestores. Las crisis internas en los partidos políticos durante la pasada legislatura, con cambios de liderazgo en todas las formaciones, menos en el PRC, hacían presagiar un aluvión de bajas en las listas electorales autonómicas, como así ocurrió. El Parlamento fue previsor a la hora de elaborar su presupuesto para este año, en el que ha destinado 85.000 euros al epígrafe de indemnizaciones por cese de actividad parlamentaria, lo que supone multiplicar por siete la asignación recogida en las cuentas de 2015, el último año de la VIII Legislatura. A la vista de las prestaciones solicitadas, los técnicos tendrán que aquilatar la cuantía presupuestada para pagar todas las indemnizaciones.
Entre los exparlamentarios que cobran esta suerte de paro se encuentra Dolores Gorostiaga, la primera mujer que presidió la Cámara regional. Gorostiaga, licenciada en Filosofía y Letras, especializada en Historia Moderna de España, tiene 62 años, por lo que los 24 meses de prestación por desempleo la colocarán a las puertas de la jubilación a falta de otra ocupación. Con una dilatada carrera política, que empezó en 1983 como concejal de Piélagos, lo ha sido todo en el socialismo cántabro y también en la política regional, donde sólo se le ha resistido la Presidencia del Gobierno.
Su compañera de partido Eva Díaz Tezanos, purgada por la nueva nomenclatura del PSC-PSOE, se inscribió en el paro tras salir del Gobierno, donde fue vicepresidenta, y del Parlamento. Díaz Tezanos empalmará el subsidio por desempleo que le corresponde como exconsejera con la indemnización parlamentaria, que empezará a cobrar en noviembre de 2020 durante ocho meses, según se recoge en el portal de transparencia de este órgano.
La exvicepresidenta dejó su trabajo como abogada en 1999 cuando fue elegida diputada y dio el salto a la política regional, aunque inició su trayectoria política como concejala del Ayuntamiento de Reocín cuatro años antes. Ninguna de las dos ha querido hacer declaraciones para este reportaje.
Pero son los exdiputados del PP los que acumulan más indemnizaciones (ver cuadro anexo), entre otras cosas porque es el partido que acumula más deserciones debido a la lucha cainita que partió en dos la formación. Políticos veteranos como Francisco Rodríguez, Mercedes Toribio, Santiago Recio, José Manuel Igual y Luis Carlos Albalá están en el paro y perciben una retribución del Parlamento, que es incompatible con la percepción de otro tipo de ingreso público o privado.
Atención especial merece Igual. Al contrario que sus compañeros, Igual, abogado de profesión, continúa en la política activa como alcalde de Arnuero, pero no cobra sueldo. «Solo cobro dietas porque tengo dos concejalas liberadas, que es el máximo que permite la ley», explica. El alcalde se acogió a la indemnización del Parlamento «porque sigue cotizando al 100% a la Seguridad Social y con la misma base imponible que cuando era diputado y durante dos años. Transcurrido este tiempo, decidiré si vuelvo al despacho o hago otras cosas, pero en ningún caso me voy a dar de alta en el Ayuntamiento». A sus 53 años, Igual subraya que «ni puedo jubilarme ni quiero». Tras cesar como diputado, fue directo a la oficina de Empleo de su localidad para darse de alta en el desempleo. «Estoy apuntado en el paro y el lunes pasado, a las nueve de la mañana, estaba en la oficina de Colindres para hacer la entrevista y aportar toda la documentación».
Santiago Recio dice que se está «reciclando». «Cuando empecé en la política llevaba la administración de una empresa y ahora me estoy poniendo al día en cuanto a legislación, impuestos, tributos...». Cobrará la prestación social 16 meses porque «me prejubilaré el año que viene, ya que llevó más de cuarenta años cotizados».
Su compañera Mercedes Toribio se ha apuntado al paro como asesora de empresas. Abogada de profesión, en 1999 fue elegida alcaldesa de Los Corrales de Buelna y cerró el despacho que tenía en esa localidad para dedicarse en exclusiva a la política, por lo que ahora «primero tengo que hacer una descompresión cerebral y después un reciclaje profundo antes de retomar mi vida laboral». Estos exdiputados, que sufrieron la purga del partido tras la crisis interna, mantienen el contacto y se reúnen «casi todas las semanas para tomar unos vinos», subraya Recio.
José Ramón Blanco (Podemos) volverá en otoño a su taller de joyería en la calle General Dávila. «Cuando terminó la legislatura me incorporé al taller pero no podía estar allí. Debido a la gran exposición pública que tuve, todos los días venía gente a contar sus problemas y preguntar. Me agobié bastante, el taller era como un confesionario, así que mi hermano y yo decidimos esperar al otoño para incorporarme tranquilamente». Durante estos meses Blanco ha estado formándose, porque «en estos cuatro años el diseño en 3D ha avanzado una barbaridad», y ha recuperado con más intensidad sus 'ruteos' por Peña Sagra y Picos de Europa desde Rionansa, su pueblo, del que ni siquiera la política le alejó. Dice que echa en falta «el ritmo trepidante de la vida política en Cantabria», y reconoce que se llevaba «muchísimo mejor con los diputados rivales que con los suyos».
En eso coincide con Juan Ramón Carrancio, que salió escarmentado de Ciudadanos. Funcionario del Ayuntamiento de Santander, ha vuelto a su puesto de vigilante en el Centro Cultural Fernando Ateca, de Monte. Y ha ganado tiempo, tiempo para leer la trilogía de Trajano, de Santiago Posteguillo, que compró hace tres años, y montar las cuatro yeguas que tiene en su finca de Entrambasaguas. Matilde Ruiz es la única regionalista que cobra la indemnización. Después de 12 años de diputada, esta maestra de profesión se ha tomado unas «largas vacaciones».
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