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La última reforma de la ley nacional sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor en febrero de 2023, obligaba a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores de conciencia, de tal forma que un profesional ... sanitario que no esté inscrito en este registro no se pueda negarse a prestar asistencia a una mujer que quiera abortar. Una forma de garantizar esta prestación reconocida como «derecho» y que se incluye dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública. Cantabria no fue de las autonomías más raudas pero, finalmente, un año después de la entrada en vigor de la ley, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) emitió una orden que regulaba su funcionamiento. En este registro figuran ya nueve ginecólogos como objetores de conciencia.
¿Esto supone un trastorno para el correcto funcionamiento del servicio? ¿Genera cuellos de botella o hay mujeres que acuden al hospital en la región y no ven garantizado su derecho al aborto? La respuesta para ambas preguntas es 'no'. «En la comunidad autónoma de Cantabria no existe un problema de objeción de conciencia en el sistema sanitario público ya que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo está normalizada como una prestación más de cartera de servicios», apuntan fuentes de la Consejería de Salud, que añaden que, además, este asunto forma parte de la formación de los médicos internos residentes (MIR) que pasan por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Valdecilla.
Lo confirma la responsable de este servicio, Yolanda Jubete. Asegura que no solo no supone ninguna interferencia en el trabajo diario, sino que la cifra es pequeña teniendo en cuenta que la plantilla la forman 36 profesionales y en comparación con los porcentajes de otros hospitales públicos, con una media mucho más elevada. Según Jubete, el motivo es que, históricamente, los integrantes de este servicio «siempre han estado muy comprometidos con esta atención». «Es parte del servicio que tenemos que dar aunque las IVE –así llama a las interrupciones voluntarias del embarazo– tengan ciertas connotaciones. Nos gustan menos que otras partes del trabajo, pero sabemos que tenemos que hacerlo porque estamos convencidos de que es un derecho de las mujeres», subraya.
Obligaba a las autonomías a crear un registro de objetores. En Cantabria se puso en marcha en febrero
El 73% de los 864 abortos se realizó en Valdecilla. El resto se derivó con cargo al Servicio Cántabro de Salud
La cifra en la región está por debajo de la media. En Castilla y León hay hospitales con el 100%
Por esa misma causa, Cantabria fue en 2022 –el último año en el que hay estadísticas– la comunidad que más intervenciones realizó en el sistema sanitario público. En concreto, fueron el 73% de todas las interrupciones. En total se realizaron 864 abortos, un 5% más que el año anterior, pero lejos de las 1.185 de 2011, cuando arrancó la serie histórica.
El único condicionante por la existencia de estos nueve ginecólogos objetores es a la hora de elaborar las guardias y los calendarios y evitar que coincidan:«Así conseguimos que no haya problemas para hacer seguimiento a los pacientes. Sabemos que no podemos contar con ellos para estos asuntos, pero se encargan del resto».
En el caso de la solicitud de interrupciones de menos de diez semanas de gestación, el Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cagiga, dependiente del Servicio de Ginecología del hospital, realiza las intervenciones por el método farmacológico.
Y cuando la gestación es de entre diez y catorce semanas, las mujeres son derivadas a centros sanitarios concertados. En estos momentos, no hay ninguna clínica privada en Cantabria, por lo que el concierto es con una de Valladolid. Se financia la intervención, el desplazamiento y estancia, si se precisa, de la mujer y acompañante. Además, Jubete señala que, para hacer más fácil el proceso, las revisiones postintervención se realizan ya en el hospital cántabro. Estas son intervenciones quirúrgicas, como las que se llevan a cabo en Valdecilla hasta las veintidós semanas en los dos supuestos excepcionales que permite la ley con estos plazos más amplios: por riesgo para la salud de la embarazada o anomía fetal o por enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.
Yolanda Jubete
Jefa del Servicio de Ginecología
Jubete se muestra «muy orgullosa» de que en el Servicio de Ginecología de Valdecilla, donde se centralizan todas las IVE, porque no se asisten en los hospitales de Sierrallana, Laredo y Tres Mares, no ocurra lo que pasa, por ejemplo, en hospitales públicos de Castilla y León:«En algunos todos los ginecólogos son objetores. Incluso tienen problemas para derivar a la concertada».
El registro funciona en condiciones de privacidad y los profesionales sanitarios no tienen que alegar motivos concretos para su inscripción. Además de ginecólogos, también pueden incluirse otros profesionales como matronas y anestesistas. Jubete señala que hay también algunos perfiles de este tipo que figuran como objetores, aunque «no es un problema porque su participación en el proceso de las IVE es más puntual y ya tenemos algunos compañeros de confianza a los que recurrimos siempre».
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