Un nuevo cambio en la futura Ley del Suelo facilita aún más la construcción en los pueblos

En resumen y con distintos matices, la propuesta de la Consejería facilitaba y simplificaba los trámites para construir vivienda unifamiliar -nunca bloques de pisos- en suelo rústico en los municipios en riesgo de despoblación y de menos de 5.000 habitantes y lo prohibía en los de más de 5.000. Gochicoa presentó ese proyecto de ley en septiembre de 2021 y con esa base se inició la tramitación parlamentaria hasta que los dos socios del bipartito (PRC-PSOE) firmaron una enmienda que, entre otras cosas, flexibilizaba el texto de Obras Públicas al permitir a los municipios de más de 5.000 habitantes tener la misma opción que los pequeños durante un periodo transitorio de dos años. Hasta 2024 para que cada uno adapte sus Planes Generales y ordene su propio urbanismo.

Lo que acordaron ayer los dos partidos que sustentan al Ejecutivo cántabro y Ciudadanos en la enésima vuelta de tuerca a la futura ley es facilitar más la construcción en suelo rústico con un nuevo supuesto. Afecta a los municipios de entre 5.000 y 10.000 censados, donde los propietarios de terrenos no urbanizables tendrán la opción de urbanizar siempre que el núcleo no tenga ya más de 250 viviendas. Lo mejor para resolver lo enrevesado de la explicación es ir a un ejemplo concreto. Cabezón de la Sal tiene actualmente 8.273 habitantes. El vecino que tenga una finca rústica en la capital no se podrá beneficiar de este nuevo escenario, pero sí los de Virgen de la Peña, Periedo, Santibáñez o Bustablado. Esto afecta también a otras once localidades como Medio Cudeyo, Polanco o Miengo, donde se aplicará el mismo sistema. En la práctica, se pasa de dos modelos urbanísticos en función del tamaño del municipio a tres.

«Mantenemos el criterio general de la Ley, pero recogemos la opinión expresada por los alcaldes y las matizaciones sobre la regulación que aparecía en relación con las áreas de desarrollo rural tanto en el texto de la Ley como en las enmiendas del PRC y PSOE», entiende el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que defiende que este tercer supuesto abre la puerta a un urbanismo «ordenado y razonable» en los pueblos afectados.

Además, la enmienda transaccional que han firmado PRC, PSOE y Cs también elimina algunas exigencias que aparecían en el penúltimo borrador a la hora de dar los permisos para levantar las viviendas unifamiliares y que también habían planteado desde Vox. En la anterior redacción se prohibía construir en terrenos que tuvieran un grado determinado de pendiente, y ahora da igual que el terreno sea plano o una inclinación imposible. Desde el PRC, ven razonable este último aspecto porque de lo contrario prácticamente toda la comarca de Liébana quedaría descartada.

También se elimina la exigencia de que no haya fincas urbanas libres para dar la licencia en las rurales y se limita mucho menos el máximo de licencias por pueblo, ya que el acuerdo supone que se podrá crecer en el mismo número de viviendas que las existentes en el núcleo, pero no se podrá aumentar el espacio territorial más del doble.

«A día de hoy es más fácil que apoyemos la ley», afirmaba ayer el diputado naranja Diego Marañón. El 'sí' de los dos representantes de Ciudadanos es ya más que probable y tampoco es descartable otros apoyos a la Ley del Suelo del bipartito. «Consideramos que en muchos aspectos es una buena norma. Desde luego, mejor que la que tenemos ahora en vigor, pero todavía hay mucho que negociar», apunta Armando Blanco (Vox).

Vox quiere sumar un cambio más. Que la construcción en suelo rústico se permita no solo hasta 100 metros más allá del suelo urbano, sino hasta 200, como está ahora. «El PSOE dice que eso es una línea roja, pero también eran los municipios de más de 5.000 habitantes y ya lo han aceptado», ironiza su diputado.

Esa es también la pelea del Partido Popular, que quiere mantener ese perímetro de las corolas -las zonas de crecimiento para construir en el suelo rústico- hasta 200 metros en todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño, como hasta ahora. De hecho, el PP entiende que los sucesivos cambios que ha ido aceptando el bipartito para enfado de los colectivos proteccionistas, que quieren que solo se pueda poner ladrillo en terrenos calificados como urbanos, ha sido fruto de su presión e insistencia. Lo cierto es que también los alcaldes regionalistas y socialistas han insistido a sus jefes de filas para reducir trabas. Lo uno y lo otro parece que ha surtido efecto. Hoy, el portavoz popular en este ámbito, Roberto Media, dará a conocer la posición oficial del partido, pero todo indica que no se conformarán con este acercamiento a sus tesis.

«Si realmente con estas condiciones hay grupos políticos que no lo apoyan deberán explicar muy bien por qué. Han ido por toda Cantabria contando este problema engañando en muchas ocasiones a los ciudadanos. Ahora se le da una alternativa y una solución», concluye Hernando.