Las 130 enmiendas de PRC y PSOE buscan «corregir» el texto y que sea «útil»

Más allá de los aspectos comunes, las 81 enmiendas regionalistas ponen el foco en la ayuda a los municipios, que tendrán que asumir nuevas responsabilidad a consecuencia de la ley y deberán acometer un proceso de digitalización. Quieren para ellos más medios y recursos. También la creación de una oficina que se ocupe de la ayuda a la atención a la simplificación en los municipios, «los grandes paganos de la ley». A ello suman que las solicitudes de subvenciones sean positivas cuando en seis meses la Administración no responda, que no haga falta plan de autoprotección para un evento o prueba deportiva que no supere los mil participantes o una Ventanilla Única Presencial para salvar la brecha digital de aquellas personas que no tienen capacidad de comunicarse con la administración por internet.

¿En qué consisten las enmiendas socialistas? Pues entre el medio centenar de aportaciones presentadas, por ejemplo, se pide reforzar los mecanismos de protección de datos en la futura Plataforma de Gobernanza de Datos, la que servirá para que un ciudadano no tenga que presentar un documento que ya está en poder del Gobierno regional o que puede conseguir. También piden corregir el artículo que permite que los espectáculos taurinos puedan celebrarse con una declaración responsable: «En este tipo de espectáculos, donde existe un riesgo inherente, no puede sustituirse la autorización del órgano municipal o de Tráfico para ocupar vías –en el caso de encierros– por una declaración responsable». Tampoco están de acuerdo con reducir el control de los vertidos al mar dando por hecho que el material no es contaminante por el simple hecho de que quien lo vierte lo diga, así como otras rebajas de exigencias ambientales. Y de nuevo rechazan la declaración responsable para autorizar una actividad deportiva porque provoca ruidos y erosiona el suelo.

Como también avisa el PRC, rechazan que con esta herramienta puede instalarse un punto de acampada sin ni siquiera demostrar que el propietario lo permite. En el PSOE apuntan a los retrocesos en igualdad y que la ley abre la puerta a que el Gobierno pueda pedir la intervención de la UME en cualquier nivel de emergencia, cuando norma nacional dice que solo es posible si se activa la alerta 2.