Nuevo desencuentro entre Educación y la Junta de Personal por el calendario escolar

Lejos de cicatrizarse, la brecha entre los sindicatos y la Consejería de Educación a cuenta del calendario escolar se ahonda cada vez más. La pasada semana la Junta de Personal abría la mano a suspender las movilizaciones y mostraba su disposición a aplazar al curso 2019-2020 la vuelta a un calendario que incluya las jornadas reducidas de septiembre y junio en Educación Especial, Infantil y Primaria. Pero en la reunión de este jueves las manos tendidas parecen cerrarse. El encuentro ha terminado sin acuerdo y los sindicatos adelantan que seguirán impulsando movilizaciones y protestas.

Por el momento no habrá más huelgas, pero sí habrá concentraciones, protestas en actos públicos y otras movilizaciones. La posibilidad de convocar un nuevo paro en la educación no se descarta para más adelante, hacia primavera, cuando llegue de nuevo la etapa de la jornada reducida.

Según la Consejería, en la reunión ha trasladado a la Junta de Personal su disposición a negociar el calendario del próximo curso dentro del nuevo marco legislativo que está pendiente de aprobación por las Cortes. Educación afirma, en un comunicado, que «no comparte que se mantenga vivo el conflicto», cuando se ha propuesto atender el 90 por ciento de las demandas sindicales, las más significativas, dice, para el mantenimiento del calendario escolar bimestral.

No hace la misma lectura la Junta de Personal Docente (STEC, Anpe, UGT y CCOO) que ha considerado que la reunión ha ido mal, que no se ha avanzado nada y que, más bien al contrario, ha habido un «retroceso».

Fuentes de este órgano han explicado a Efe que hoy el consejero, Francisco Fernández Mañanes, y el equipo de responsables de la Consejería no se han comprometido a negociar un nuevo calendario, con la posibilidad de recuperar las jornadas reducidas tal y como estaban, aduciendo «la inestabilidad política» en Madrid y que el real decreto para revertir los recortes educativos puede ser que no se apruebe, no pase el filtro de la Mesa del Congreso y quede bloqueado.

A su juicio, el consejero no ha tenido nunca intención de negociar, no quiere cambiar el calendario y lo que hizo, al ofrecer diálogo y negociación, fue «un paripé».

«La Junta de Personal Docente ha perdido la confianza en el consejero, pero no ahora, sino desde el 16 de mayo, cuando rompió unilateralmente el acuerdo de la Mesa Sectorial«, han apuntado a Efe desde la Junta de Personal. Además, según este órgano, la Consejería también ha apelado al acuerdo parlamentario que pide que se establezca una mesa negociadora que incluya a las familias.

La Junta de Personal ha subrayado que ese tipo de foro ya existe, y ha señalado que es el Consejo Escolar, por lo que el trabajo «ya está hecho» y «suscrito por todos los componentes».

«Es una tomadura de pelo», ha considerado la Junta de Personal, que cree que el consejero pretende «confundir» a la opinión pública haciendo ver que hay voluntad de negociación «cuando no piensa cambiar nada».

La Consejería, según los sindicatos, ha anunciado que los llamará de forma individual, pero insisten en que su postura es homogénea en este asunto y que todos están por la defensa de los docentes.

Educación subraya en su comunicado que ha hecho «un esfuerzo» por atender las demandas sindicales si la próxima derogación del decreto estatal así lo permite, «tal y como refleja» la propuesta que registraron las organizaciones sindicales.

Según señala, está a favor de volver a un calendario en los mismos términos que el del curso pasado, 2017-2018, que incluía 175 días lectivos y las jornadas reducidas en todas las semanas de junio y septiembre, «modulando» esas jornadas y «pasando de tres horas y media a cuatro».

La Consejería argumenta que el resto de comunidades tienen solo una hora de reducción y que además el calendario bimestral ha aumentado las jornadas lectivas en horario reducido mientras que hay menos días de jornada completa.

Según Educación, la «premisa fundamental» es que el calendario se podrá aprobar siempre y cuando se modifique el decreto de 2012 que impide ahora aplicar esas jornadas reducidas sin compensación de horas, «tal y como se reconoce en la propuesta registrada por los sindicatos», insiste. Todo está condicionado, añade, a que se produzca su derogación efectiva, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros.