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El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, comenzaba el año pasado la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de su departamento defendiendo el buen estado del sistema en Cantabria, aplaudiendo la labor de sus profesionales y celebrando que la región ... está en lo más alto de la tabla nacional en los principales indicadores de calidad. «Me reafirmo en la valoración. Creo que tenemos un buen sistema educativo y hay muchos indicativos objetivos que así lo avalan», señaló este miércoles el popular. Doce meses después, en el mismo acto para desgranarlos detalles de su departamento para 2025, Silva enumeró los principales avances que llegarán –algunos no son del todo novedosos, porque se pusieron en marcha ya en septiembre con el arranque del curso escolar– con el documento presupuestario del año que viene. Desde la reducción de la ratio a 20 alumnos por aula en toda la educación en Primero y Segundo de Primaria, la implantación de 50 aulas de 1 año o la extensión del transporte gratuito a enseñanzas no obligatorias –a partir de la ESO la Consejería no tiene obligación de prestar este servicio– con la llegada a otros 11 municipios más para superar los 70, entre otros asuntos.
Todo a base de más recursos económicos, lo que ha propiciado que el conjunto del presupuesto de la Consejería de Educación crezca un 4% hasta los 751,7 millones de euros, lo que implica que uno de cada cinco euros que gastará Cantabria el año que viene irá para el departamento que gestiona Silva.
El grueso del dinero irá directo al pago de las nóminas de los trabajadores de la enseñanza pública y la concertada. De esta manera, se corregirá la «infrapresupuestación histórica en personal docente y en los conciertos educativos, con unas subidas de 12,7 y 4,3 millones respectivamente, proporcionales al peso, 75-25%, que ambas redes tienen dentro del sistema educativo de Cantabria. Así, las partidas llegarán 415,4 millones en el caso de la escuela pública y de 103,7 millones en el caso de la concertada. Habrá que ver si ese montante es suficiente en caso de que fructifique la negociación de los aumentos salariales que piden los sindicatos del sector.
751,7 millones
de euros es el presupuesto de la Consejería, un 4% más que el de 2024.
12,4 millones
de euros incluye el presupuesto para inversiones en centros, 1,3 millones más.
Esta «infrafinanciación» de la que hablaba Silva no impedía que los docentes cobraran sus nóminas con normalidad, pero sí obligaba a realizar modificaciones presupuestarios en los últimos meses de cada año para buscar dinero de partidas que no se iban a gastar a tiempo –casi siempre obras y subvenciones de las distintas consejerías– para realizar estos pagos, tanto en Educación como en Sanidad.
Con 12,4 millones (1,3 millones más que este año), aunque la cuantía no es tan elevada como la de las nóminas, sí es relevante la partida destinada a inversiones en nuevas infraestructuras educativas. Aunque todos son proyectos esperados, estas sí se concretan por primera vez en las Cuentas de 2025. Servirá para continuar con las obras de ampliación de los institutos Lope de Vega (Santa María de Cayón), Marismas (Santoña), Valle de Piélagos (Renedo) y La Albericia (Santander). La primera de estas actuaciones ya está en marcha y el resto arrancarán en los próximos meses.
Esa idea, la de que arranque a lo largo de 2025, es la que tiene la Consejería respecto al nuevo IES de Hoz de Anero (Ribamontán al Monte), que cuando se ponga en marcha a finales de legislatura acogerá a 300 alumnos de la comarca. En este momento, Educación está eligiendo el mejor proyecto, la licitación de la obra se hará en semanas y la obra comenzará a continuación. El otro nuevo instituto que está en los planes de Silva es el que se instalará en el norte del municipio de Piélagos, pero en este caso la obra arrancará en 2026. Ya está elegida, en colaboración con el Ayuntamiento, una parcela en Mortera y dará respuesta a la alta demanda que existe en esta zona, donde muchos alumnos tienen que desplazarse a Santander –hay muchos problemas y demandas de las familias para que haya una línea de autobús directa– para continuar sus estudios. También habrá dinero para la adecuación del nuevo edificio del CEPA Margarita Salas de Cabezón de la Sal y figura dentro de esa partida el Conservatorio de Música de Torrelavega. Figura, pero todo indica que la obra no arrancará ni el año que viene ni el próximo porque solo este edificio costaría 20 millones de euros que no aparecen por ningún lado.
Aunque no es novedad, Silva celebró celebró que por primera vez la UC tendrá un contrato-programa plurianual de tres años que «dará estabilidad y previsibilidad» a la institución y destacó la colaboración –en forma de aportaciones económicas– con la UNED, la UIMP y Unate.
La Ley de Ciencia de Cantabria que aprobó el bipartito PRC-PSOE en 2022 con la intención de sacar a la región del vagón de cola de España en los índices de I+D+i obligaba al Ejecutivo a destinar una cuantía fija a las políticas de investigación en cada Presupuesto autonómico. Un dinero que iría en aumento de forma paulatina hasta alcanzar el 3% del total de las Cuentas en 2027. Socialistas y regionalistas faltaron a su propia norma en el documento de 2023 y el PP también se saltó esta exigencia en 2024. Por fin, el año que viene Cantabria ya podrá decir que cumple con la Ley de Ciencia, tal y como celebró el consejero de Educación, Sergio Silva.
En concreto, destinará a este capítulo –el dinero está repartido en distintos programas y consejerías y gran parte se gestionará a través de la Universidad de Cantabria– 79 millones de euros, una cifra que casi dobla la del año anterior.
«Cumpliremos con holgura con los objetivos de la Ley de la Ciencia con la clara intención de conseguir una Cantabria de primera», aseguró Silva. Cumple, pero no con tanta holgura porque estas partidas suponen el 2,37% del Presupuesto, cuatro centésimas por encima del objetivo del 2,33% que establece la norma para el año que viene.
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