El nuevo juzgado de Santander no se pondrá en marcha hasta julio de 2020 por falta de espacio

Las dificultades para encajar el juzgado civil han aflorado una vieja controversia en el ámbito judicial en Santander, como es la dispersión de sedes y los aprietos para ordenar las nuevas equipaciones que van surgiendo, hasta el punto de que surgen voces que reclaman ya la necesidad de «reunificar» todas las sedes judiciales en un único edificio, una «Ciudad de la Justicia» como la que tienen en Madrid, Murcia, Valencia o Málaga. «Una nueve sede en el edificio de Tabacalera de la calle Alta, que albergue el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), no es la solución. Es crear más dispersión todavía. Lo que habría que hacer es una Ciudad de la Justicia que acoja a todos los órganos judiciales sin excepción, con un gran aparcamiento y con todas las equipaciones que nos faltan», opina el juez decano de Santander, Jaime Anta. La propuesta es compartida por otros operadores, como el sindicato CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia de Cantabria. Su representante Manuel Garay se queja de que la falta de espacio es de tal calibre que en el edificio de Las Salesas «tenemos pasillos convertidos en oficinas».

En este momento, Santander cuenta con tres sedes judiciales. El edificio de la calle Alta alberga los cinco Juzgados de lo Penal, seis Juzgados de lo Social y el Juzgado de Menores, con el correspondiente destacamento de Decanato y Fiscalía. El edificio Europa, en régimen de alquiler, acoge los tres Juzgados de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Según la consejera de Justicia, Paula Fernández, su capacidad no está agotada y tiene espacio para asumir más juzgados, aunque es necesario acometer obras. Finalmente, el complejo judicial de Las Salesas, en la avenida Pedro San Martín, asume el resto de los órganos judiciales; el Tribunal Superior de Justicia con la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de lo Social y Sala de Civil y Penal, la Audiencia Provincial con sus cuatro secciones, los once Juzgados de Primera Instancia, los cinco de Instrucción, el Juzgado de lo Mercantil y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía Superior. Además, da cabida a las sedes de los colegios de Abogados y de Procuradores y a la empresa informática subcontratada para atender las necesidades del servicio.

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril junto a otros 44 nuevos órganos judiciales, era una reclamación histórica. Año a año, las sucesivas Memorias Judiciales del TSJC incluían un nuevo juzgado civil en el apartado de reivindicaciones, una petición a la que se sumó el Gobierno de Cantabria y así se lo trasladó el consejero de Presidencia y Justicia Rafael de la Sierra, recientemente fallecido, a la ministra Delgado el año pasado en la primera conferencia sectorial que presidió. Desbordados por los litigios derivados de las cláusulas suelo y otros conflictos con los bancos, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que adoptar medidas de refuerzo y desdobló el Juzgado de Primera Instancia número 2 en un Juzgado Bis dedicado en exclusiva a estos asuntos. Torrelavega ganó por la mano a Santander y el año pasado se abrió una nueva unidad judicial en la ciudad del Besaya.

No fue hasta este año cuando el Gobierno central atendió la reclamación y el Consejo de Ministros dio luz verde al Juzgado de Primera Instancia número 12 el pasado mes de abril. Aunque el Real Decreto se publicó ese mismo mes, la puesta en marcha del nuevo juzgado tendrá que esperar hasta el próximo año por decisión del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Cantabria, según se recoge en la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 16 de julio.

En otras comunidades, la mayor parte de los nuevos juzgados entrarán en funcionamiento este mismo año, pero el de Santander se ha retrasado hasta el 30 de junio de 2020 por los problemas de espacio, aunque no es un caso único porque otros, como el de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arenys de Mar, no se pondrá en marcha hasta diciembre del próximo año.

La consejera de Justicia, Paula Fernández, quita hierro a la demora, que atribuye a la saturación del complejo de Las Salesas, pero también a la «organización y planificación» de las sedes judiciales que se va a acometer. Su departamento todavía no ha decidido dónde se ubicará el nuevo juzgado, si en la avenida Pedro San Martín o en el edificio Europa. En este momento se barajan tres opciones, y cualquiera de ellas es polémica: encajar el nuevo juzgado en el Edificio Europa, lo que no parece lógico porque sería separarlo de los órganos civiles; trasladar el Juzgado de lo Mercantil, que no quiere, y la tercera, mover a los dos Juzgados de Familia, que tampoco están por la labor. De todos modos, cualquier alternativa requiere realizar obras en el Edificio Europa.

El decano de los Juzgados de Santander, Jaime Anta, recientemente reelegido, cree que un año de demora para la puesta en marcha de la nueva unidad judicial «es demasiado tiempo», pero también reconoce que hay que hacer obras en la sede de la calle Gutiérrez Solana. Sin embargo, no entra en la redistribución de los juzgados, un asunto que «compete» a la consejera y sobre el que los jueces de Santander «no vamos a hacer oposición», avanza. Anta reconoce que cualquier decisión que se adopte será polémica y no gustará a alguna de las partes, por eso los jueces se limitarán a «dar una opinión respetuosa» si se la pide el Gobierno, pero no se opondrán a ella, sea cualquier sea la medida que se adopte. Una postura alejada de la beligerancia mostrada cuando se hizo el traslado de los Juzgados de lo Social al edificio Europa. Anta subraya que si la Consejería de Justicia le hace una consulta sobre cuál sería la mejor opción, convocará a la Junta de Jueces.

El portavoz del CSIF, Manuel Garay, plantea otra posibilidad, no exenta de controversia, que pasa por «sacar el Colegio de Abogados y el de Procuradores de Las Salesas para hacer espacio. Podrían alquilar un local enfrente del complejo judicial para atender al justiciable, pero claro eso sería muy polémico».

La consejera Paula Fernández estima que en unas semanas se habrá resuelto el dilema, que incluye también planificar si el nuevo juzgado civil asume funciones de cláusula suelo, en cuyo caso el Gobierno regional tendría que proponérselo al Consejo General del Poder Judicial, que es el competente en esta materia.