El nuevo modelo de acogida de menores: del orfanato a lo más parecido a un hogar

Hasta ahora, los menores protegidos que entraban en el sistema llegaban en un primer momento al Centro de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF), un antiguo orfanato habilitado para este fin y ubicado en la calle General Dávila de Santander. Un punto de atención inmediata de estancia intermedia -como máximo 45 días- en el que los chavales permanecían hasta que pudieran regresar a su entorno o ser reubicados en distintos programas de protección.

Aunque ahora estaba configurado para acoger a 24 personas, el ICAF tenía capacidad para acoger hasta un centenar, muy por encima de la demanda actual de plazas. El éxito de la acogida familiar hizo que el edificio se fuera quedando infrautilizado. «Ni la estructura ni el funcionamiento del centro cumplen los requisitos mínimos para proporcionar la atención que los niños y los jóvenes requieren», apuntaba el informe en el que se ha basado el Icass para proceder a su clausura. Se ha cerrado el edificio, pero no el servicio, que ahora se presta en dos viviendas -estaban cedidas y se han recuperado- a las afueras de Santander con un nuevo modelo asistencial que aspira a crear un hogar «lo más normalizado posible» para que el choque que sufren los usuarios sea mínimo. Que no se encuentren con todos los estereotipos sobre lo que es un orfanato y que en muchos casos sí se daban en la anterior ubicación.

Una de las últimas acciones de Ana Belén Álvarez antes de dejar la Consejería de Políticas Sociales rumbo a Economía fue ponerlo en funcionamiento. Hace unas semanas se trasladaron allí los siete chicos que en ese momento estaban en General Dávila y se puso en marcha un modelo que está en línea con las nuevas recomendaciones del Ministerio y en el que Cantabria ha tomado la delantera. Además de una supervisión constante y más directa del personal educativo, el espacio es lo más similar posible al de un hogar normal. La cocina no es industrial, sino que está insertada dentro de las zonas comunes. No hay baños compartidos, sino que son como los que utiliza cualquier familia. Los menores no están en grandes habitaciones, sino que se comparten como lo harían con sus hermanos... Es como una casa al uso, con la única diferencia de que hay un puesto de seguridad, un espacio reservado para las labores administrativas de los profesionales y una puerta trasera -en el lado contrario a la zona donde los niños hacen vida- por la que entran los trabajadores y llegan los suministros.

«Si el otro edificio hubiera reunido las condiciones idóneas, independientemente de lo que cueste, seguiría adelante, pero es que ese modelo ha quedado viejo», señalan en el Icass. Reconocen que el trasladado también supone una disminución de los costes de servicio y de personal. Antes de su cierre, el ICAF contaba con 65 trabajadores. Una plantilla necesaria en el pasado, en los momentos de más demanda de plazas, pero ahora del todo innecesaria. Porque ha habido momentos en los que únicamente se ha atendido a un niño en las instalaciones.

En la nueva sede van a trabajar 29 personas en tres turnos. Además del personal de seguridad, hay tutores (las personas de referencia para los menores), integradores sociales y cuidadores de noche, así como personal de cocina, empleados de servicio y de mantenimiento. Los 35 restantes han sido reubicados en distintos servicios. Parte de la antigua plantilla está ahora en el Punto de Encuentro Familiar de Torrelavega, que vuelve a ser de gestión pública gracias a este movimiento, pero también se ha reforzado la residencia de mayores de Cueto y la nómina de técnicos del programa de intervención que supervisan a familias en sus hogares.

Cuando los menores que pasan a ser protegidos por la Administración tienen menos de seis años no son trasladados a pisos tutelados o centros como el que acaba de inaugurar el Icass, sino que se integran en alguna de las 72 familias voluntarias que están inscritas en el programa de acogida familiar en Cantabria. En estos momentos hay 50 niños acogidos en hogares de toda la comunidad autónoma. Se trata de una acción altruista porque los 500 euros que reciben como compensación, en la mayoría de las ocasiones, no cubren las necesidades de los usuarios.